La llamada cuestión agraria fue uno de los grandes temas de preocupación durante la II República (1931-1936) hasta el punto de que desde determinados ámbitos se la ha considerado como causa desencadenante de la guerra civil. La necesidad de una profunda reforma en el mundo rural era acuciante, con especial relevancia en Navarra donde amplios sectores campesinos vivían en situación de miseria y había braceros que trabajaban de sol a sol, sin cobrar horas extra.
En el mitin pro estatutario celebrado en Tafalla el 9 de agosto de 1931, el dirigente del PNV, Manuel Irujo, denunció la situación de apartamiento de algunos agricultores “que no se atreven a sembrar sus tierras por temor a medidas que los dejen sin el producto de su trabajo”. Asimismo, Irujo quiso dejar claro que la posición del PNV pasaba por apoyar los diferentes decretos progresistas que en materia de legislación social agraria puso en marcha el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero.
En 1932, durante el bienio republicano-socialista, se aprobó una Ley de Reforma Agraria que proyectaba acabar con los latifundios y las grandes propiedades a través de métodos expropiatorios y la entrega de tierras a braceros y jornaleros. Sin embargo, su desarrolló fue muy lento generando altos niveles de frustración social (según Manuel Azaña, “sólo unas 10.000 familias recibieron tierras”).
El 12 de junio de 1934 los diputados del PNV abandonaron las Cortes en solidaridad (“La causa de la libertad catalana era la causa de la libertad vasca”, manifestó José Antonio Agirre) con la posición de los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC) que protestaron por la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales de suprimir la Ley de Contratos de Cultivos (que, en realidad, era una reforma agraria) aprobada en el parlament. Era esta una normativa muy avanzada en lo social que permitía a los arrendatarios adquirir la propiedad de las tierras que hubieran estado cultivando al menos durante quince años. Y era, como señaló Gabriel Jackson, el equivalente catalán de la proyectada ley de arrendamientos, “que no logró ser aprobada en el verano de 1933”. La marcha del PNV del Congreso generó diversos incidentes, llegándose a solicitar desde diversas fuerzas políticas el procesamiento de Manuel Irujo (finalmente, se denegó el suplicatorio).
El 15 de marzo de 1935, el ministro cedista Manuel Giménez Fernández apoyó una Ley de Arrendamientos Rústicos, que, en teoría, favorecía el acceso a la propiedad de los labradores y, por ende, contó con el beneplácito de los abertzales. Pero remarco lo del carácter teórico, porque la nueva legislación generó una serie de perversiones atentatorias contra el espíritu original de la misma, contribuyendo así al fuerte rechazo del PNV.
La ley de marzo ofrecía a los propietarios la posibilidad de elegir entre las nuevas condiciones de arrendamiento o poder cultivar la tierra por sí mismo. Y esta coletilla legal fue aprovechada por los terratenientes para dar curso a una oleada de desahucios. Los oligarcas de la tierra disponían así de cobertura legal para sus desmanes y tan solo se limitaron a comunicar escuetamente a los indefensos arrendatarios que “ahora pasaban a labrar las tierras por su cuenta” (cuestión ésta del todo falsa). Los diputados abertzales habían votado favorablemente aquella legislación por estar en sintonía plena con la doctrina social-cristiana, pero el reglamento que la desarrollaba desvirtuó su esencia,
Para el PNV, aquellos desahucios eran “una maniobra política de los propietarios monárquicos contra los inquilinos nacionalistas (vascos)” y en julio de 1935 presentaron en Cortes una Proposición No de Ley que rezaba así: “Las Cortes confían en el que el Gobierno de la República impida y, si es preciso, dicte con urgencia las disposiciones oportunas que impidan que se lleven a cabo por despido y desahucio contra el espíritu de la ley de arrendamientos, con violencia para los arrendatarios cumplidores de sus obligaciones y pacíficos trabajadores habitantes del campo y con un grave peligro para la paz pública”.
El 7 de julio, el diario Euzkadi (órgano de prensa jeltzale), publicó una entrevista con el diputado Manuel Robles Arangiz (sindicalista de ELA-STV) denunciando los desahucios contra baserritarras de ideología abertzale: “comenzaron a llegar a Euzko Nekazarien Alkartasuna, noticias de que en el distrito de Markina habían comenzado a algunos propietarios a despedir a sus inquilinos. Esta medida fue extendida por más propietarios al resto de Bizkaya, al mismo tiempo que a nuestras organizaciones de Gipuzkoa, Nabarra y Araba llegaban idénticas quejas que denotaban a las claras que se trataba de una acción conjunta que descubría por los menos un nuevo intento de restaurar el viejo caciquismo rural. Tanto más extrañaron estas medidas cuanto que fueron aplicadas con singular exclusiva a inquilinos de filiación nacionalista, cuando algunos de los propietarios que las aplicaban tenían sobradas tierras abandonadas en las que pudieran aplicar el trabajo directo del que habla la ley”.
Si esta situación ya resultaba gravísima, todavía restaban capítulos de empeoramiento. Con la Ley del 1 de agosto de 1935 aprobada por iniciativa del nuevo ministro de Agricultura, Nicasio Velayos (miembro del Partido Agrario y gran propietario), las derechas contrarreformaron las medidas reformistas de la de la primera etapa republicana acarreando un fuerte movimiento de protesta de los braceros, especialmente en la zona de la Ribera navarra. La desnaturalización del sistema se llevó a cabo anulando el inventario de fincas expropiables y la expropiación sin indemnización (prevista para aquellas tierras en propiedad de los Grandes de España).
Pero no bastaba con protestar. Para luchar contra las injusticias del campo habría que batallar con movilizaciones e iniciativas políticas y esto es lo que hizo el PNV. El diputado Irujo, en una entrevista concedida a La Voz de Navarra, se manifestaba a favor de la reforma agraria para acabar con los grandes problemas del campo navarro: reivindicación de los tradicionales comunes o tierras colectivas cuya titularidad se avalaba a través del derecho consuetudinario, corralizas (fincas municipales que en el siglo XIX pasaron a manos privadas), latifundios, etcétera. Para él, las Diputaciones debían proceder a gestionar sus propias competencias y abordar cuestiones como la de declaración de utilidad pública a fin de ejecutar expropiaciones, realizar obras hidráulicas para una mayor eficacia de la reforma, la inembargabilidad del patrimonio familiar o el acceso a la propiedad para convertir en propietarios a los colonos. Y todo ello, contando con el apoyo económico de la Confederación de Cajas de Ahorro del País Vasco. Para la consecución de tales objetivos, el político estellés propició encuentros entre la Diputación de Navarra, el Ministerio de Agricultura y el Instituto para la Reforma Agraria (IRA), reuniones que cayeron en saco roto tras el cambio en la Comisión Gestora navarra.
La lucha del nacionalismo vasco contra los desahucios campesinos continuó entrado el año 36 y el 3 de enero, el diario abertzale donostiarra El Día denunció la posibilidad de un nuevo desalojo en Azpeitia (Gipuzkoa) afirmando con ironía que la noticia “ennoblecerá a la marquesa de San Millán y a su distinguido hijo, el barón de Sangarrén”.
El PNV consideraba al baserri, –núcleo vivencial de la familia como institución económico social de los territorios forales–, “patrimonio familiar, suficiente e inembargable”, apostando por la higienización de los caseríos existentes y la construcción de otros más modernos con ayuda de Diputaciones y cajas de ahorro. El caserío representaba el concepto de casa solar vasca, ya que como expresó algunos años atrás Engracio Aranzadi (discípulo y amigo de Sabino Arana), “cuanto hay de vasco en esta tierra y en lo que se levanta sobre la tierra, viene de esa casa que se hunde en la tibia indiferencia de la naturaleza”.
Esta fue la labor del PNV en favor del agro vasco, en defensa de una nueva estructuración rural y en clave de justicia social transformadora en el periodo republicano. Tradición y adaptación a los nuevos tiempos en clave de progreso en derechos políticos, sociales y económicos, la línea trazada por esta formación a lo largo de su dilatada historia. Como decía Aranzadi, “tradición no es solo memoria de las cosas que fueron y no existen, sino continuación del pasado en el porvenir”.
El autor es doctor en Historia Contemporánea
