Hace unas semanas encontrábamos el siguiente titular en los medios: “Solo el 16,6% de aspirantes de la OPE docente ha aprobado el examen en Navarra”. A primera vista, se corre el riesgo de sacar la conclusión de que esas y esos profesionales que se dedican a evaluar y examinar al alumnado no son capaces de aprobar. Porque, fíjate tú, con las vacaciones que tienen y todo el día poniendo exámenes al resto, no aprueba la primera prueba de una OPE ni el 20%. Además, con el proceso ya terminado nos encontramos con que el 21,8% de las 473 plazas ofertadas en la OPE han quedado desiertas y no se han podido adjudicar 103 plazas al no haber suficientes aprobados en 23 especialidades. Demoledor.
Parece que el Departamento de Educación lo achaca a que el sistema de oposición está obsoleto y urge al Ministerio a cambiarlo. Es cierto que los temarios siguen estando sin actualizar desde hace décadas cuando las metodologías o la propia pedagogía han evolucionado mucho en ese tiempo, o que no existe un contenido común desarrollado que haría el proceso mucho más objetivo y transparente. Pero el objetivo de la información publicada por el gabinete del señor Gimeno es claro, el problema no es competencia del Gobierno de Navarra y deben ser otros los que cambien algo para solucionarlo.
Aquí es donde conviene aclarar una cuestión clave que esta nota de prensa omite a conciencia. El Gobierno de Navarra tiene competencias para actuar y el Departamento podría tomar decisiones de calado que mejorarían sustancialmente la situación de las OPE.
Podría empezar por modificar el tipo de examen. Hoy en día, existen atropellos flagrantes a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cada tribunal puede aplicar criterios distintos a las y los aspirantes, incluso dentro de la misma especialidad e idioma. Esto hace que su futuro dependa de esos criterios no comunes, ya que la misma prueba puede ser evaluada de forma diferente dependiendo del aula en la que te toque realizarla. Además, si después quieres reclamar el contenido de la prueba, dichos tribunales se ciñen exclusivamente al recuento de la puntuación dada a cada apartado, sin entrar siquiera a valorar si esa valoración concedida es justa y objetiva. Esto jamás ocurriría si la parte teórica se llevara a cabo con pruebas tipo test, puesto que podrían revisarse si las respuestas son correctas o no y por lo tanto, si la corrección y evaluación también lo es.
Por otro lado, en Navarra las y los docentes están condenados a presentarse a las oposiciones permanentemente, hasta que saquen la plaza. Existe una lista preferente de aprobados sin plaza, que siempre estará por delante del resto a la hora de escoger un puesto de trabajo, al margen de la antigüedad que tenga. Después está la lista general, donde las personas sí que están ordenadas por méritos, pero han tenido que presentarse a la oposición para mantenerse en ella. De esta manera, ocurre que una persona que está en lista preferente por haber aprobado una oposición en alguna ocasión pasa a la general, por no presentarse o suspender. Incluso puede quedar fuera de ambas listas si no se presenta o saca un cero. Aquí también podría intervenir el Departamento; al igual que se hace en otras comunidades, podría haber una lista ordenada por méritos. En esta lista, si alguien aprueba una oposición y no saca la plaza, se le premia de manera clara en ese baremo, con puntuaciones que podrían equivaler a 5 o 6 años trabajados, por ejemplo. En caso contrario, si no se presentan a la OPE, saben que su posición en la lista no variará ostensiblemente.
ELA lleva años denunciando esta situación que aboca al profesorado navarro a un estrés permanente, ya de por sí sobrecargado laboral y emocionalmente.
El profesorado contratado está condenado a presentarse al menos a una oposición cada dos años y es competencia exclusiva del Departamento de Educación de Navarra solucionarlo. Dejen de lanzar la pelota fuera de su patio y no pongan más en riesgo el prestigio de nuestros y nuestras docentes con informaciones manipuladas, interesadas y peligrosas.
Además, que de las escasas plazas ofertadas un 22% queden desiertas es responsabilidad directa del Departamento de Educación. En su mano está llevar a cabo procedimientos que garanticen que todas esas plazas queden cubiertas por personal que lleva demostrando su buen desempeño docente durante años. Ya se han llevado a cabo procesos extraordinarios de este tipo que, si bien no han sido suficientes, se han hecho a través de la modalidad de concurso de méritos. Afronten sus competencias y solucionen los problemas, que ya son mayorcitos.
El autor es delegado de ELA
