¿Más competencias para Navarra en migración? No de cualquier manera
Lo realmente importante en este debate no es la cantidad de competencias que deben asumir las comunidades autónomas, sino el propósito de estas competencias.
La cuestión clave es: ¿queremos más competencias para mejorar los procesos de acogida e inclusión de las personas migrantes que viven en nuestro territorio y forman parte de nuestra comunidad? ¿O buscamos replicar la política europea centrada en la criminalización de la migración, las expulsiones y el control de fronteras?
El acuerdo entre Junts y el Gobierno estatal responde a este segundo enfoque. Lejos de representar una oportunidad para mejorar la acogida de las personas migrantes en Cataluña, pone el énfasis en el control fronterizo, la delegación en materia de procedimientos sancionadores y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En Cataluña solo hay un CIE, pero el uso del plural en el acuerdo genera preocupación.
Es evidente que Navarra no debería aspirar a ese tipo de competencias. Sin embargo, sí existe una oportunidad real para aquellas comunidades autónomas que desean avanzar en competencias con el objetivo de mejorar la acogida y la inclusión de las personas migrantes. Actualmente, el marco legislativo estatal –con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su reglamento– dificulta la implementación de medidas más efectivas en este ámbito.
Recientemente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha manifestado públicamente su disposición a dialogar con las comunidades autónomas sobre la delegación de competencias. Navarra no puede dejar pasar esta oportunidad.
Existen buenos ejemplos, como el del País Vasco, que gestiona el proceso de acogida de personas beneficiarias de protección internacional en la fase de autonomía, además de la reciente gestión de permisos de trabajo. Son competencias que, desde un enfoque integrador y no criminalizador, pueden contribuir significativamente a la inclusión de estas personas.
Navarra ya dio un paso importante en la legislatura pasada con un gobierno que, mediante la creación de la Dirección General de Políticas Migratorias, apostó por la acogida de personas migrantes, la mejora de la convivencia y la lucha contra el racismo.
Ahora, más que nunca, es fundamental reafirmar que Navarra, frente al auge de los discursos antiinmigración, el odio y el racismo, sigue siendo y quiere continuar siendo una tierra de acogida. Tenemos la oportunidad de hacerlo posible con más competencias. No la dejemos escapar.
La autora es exdirectora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra