Hace unos días, nos enteramos por la prensa que UPN, formación que ostenta la alcaldía del Valle de Egüés, aunque cuenta únicamente con 6 concejalías sobre 21, pretende la construcción de 5.000 nuevas viviendas en Sarriguren. Al mismo tiempo, la presidenta del Gobierno de Navarra se descolgó con la propuesta de construir 4.000 viviendas en la misma localidad, por medio de la aprobación de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS). En principio las formas utilizadas para hacer públicos ambos proyectos, se asemejan más a una refriega de gallinero que a una actuación política de dos fuerzas con responsabilidades en la gestión del interés común. Sin embargo, al margen de lo impresentable de los anuncios, lo cierto es que ya se están dando pasos –que se sepa– en la consecución de la propuesta del Gobierno de Navarra.

Como asociación vecinal creemos que lo que necesita el Valle de Egüés es un Plan General Municipal que contemple el conjunto de las localidades que componen el Ayuntamiento. No actuaciones puntuales sobre una parte de su territorio. De facto, en las propuestas presentadas, el Valle de Egüés desaparece como entidad objeto de la planificación, y es sustituido por Sarriguren. Si ya la actual configuración implica que el asentamiento de Sarriguren concita casi la totalidad de las actuaciones municipales que se llevan a cabo, con la marginación que eso conlleva del resto de pueblos. El duplicar su actual población con 5.000 nuevas viviendas agravará un desequilibrio que puede acabar con la desegregación de ese elevadísimo núcleo de población del resto del valle.

El Valle de Egüés necesita una planificación urbanística que parta de las necesidades del conjunto del municipio, para darles solución. El vigente Plan Municipal fue redactado el 1998, estando en la actualidad totalmente colmatado y caducado. De hecho el Ayuntamiento de Egüesibar tiene contratado desde noviembre de 2018 la redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo. Plan que deberá tener en cuenta el proceso participativo ciudadano previo que se realizó y en cuyas conclusiones se apostaba por un desarrollo urbanístico moderado para el futuro del valle. Desde esa fecha, y debido a la falta de voluntad de las fuerzas políticas que han detentado la gobernabilidad municipal, no se ha avanzado absolutamente nada en la elaboración de esa necesaria planificación urbanística.

Egüesibar necesita un plan urbanístico que vaya más allá de la edificación de nuevas viviendas. Un plan que priorice la búsqueda de la mejora de la vida de las personas que habitamos este territorio. En estos difíciles momentos, debe ser un instrumento para convertir a las diversas poblaciones que formamos parte de este municipio, en actores clave para abordar la emergencia climática, gestionar los flujos migratorios, combatir pandemias y otros desafíos globales y mejorar la vida de las personas, incluyendo las necesidades de viviendas que pueda existir en el conjunto del valle.

Este municipio y sus habitantes han sido objeto en los últimos años de diversos PSIS que han modificado ostensiblemente nuestros configuración geográfica, nuestra forma de vida, nuestra entidad municipal, nuestro equilibrio ecológico y poblacional. Con resultados ciertamente cuestionables, unas veces desgajando parte del territorio (Mendillorri), otras creando núcleos urbanos desproporcionados (Gorraiz, Sarriguren), y con importantes déficit dotacionales que aún hoy día siguen sin solucionarse (Erripagaina).

No resulta de recibo seguir insistiendo en esta vía. Principalmente porque son instrumentos urbanísticos impuestos, lo que supone un recorte al derecho que tenemos la ciudadanía a decidir sobre el tipo de crecimiento, ocupación y uso del territorio que habitamos. No podemos poner en marcha proyectos que marginen a los habitantes y a los concejos de Egüesibar. Que no partan de un estudio de la situación urbanística del valle, de sus necesidades propias, ni de las consecuencias que tal incremento de viviendas puede ocasionar en un territorio objeto de abusos de PSIS, que han significado unos cambios radicales en su configuración urbana, con una seria problemática de movilidad, de conexión, de homogeneidad local y social y carencia de servicios e infraestructuras.

El derecho de todas las personas a una vivienda digna no se soluciona con más cemento, sino que pasa por poner en práctica medidas de intervención pública sobre las viviendas vacías, sobre los grandes tenedores, sobre los pisos turísticos, actuando sobre los precios de alquileres, creando una importante oferta pública de vivienda en alquiler.

Resulta incongruente que, mientras existen en Navarra cantidad de planes urbanísticos ya aprobados desde hace bastante tiempo, sin desarrollar, las instituciones se empeñen en promover megaproyectos en suelo no urbanizable en la comarca de Pamplona, transformando aún más la (des)configuración de un territorio donde existe un despoblamiento masivo del entono rural.

Desde que en 1968 Henri Lefebvre formuló el “derecho a la ciudad” como un derecho a la vida urbana transformada y renovada, concretándola en la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la producción del espacio, y por el propio uso de ese espacio, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de la planificación urbanística como un derecho universal. Así lo contempla Naciones Unidas, cuando en el año 2016 aprobó la Nueva Agenda Urbana, donde se plantea la necesidad de asegurar la participación libre, activa y significativa de toda la ciudadanía en la creación de proyectos sobre usos y ocupación de su territorio.

No podemos dejar estos planteamientos en el papel. Hay que desechar el urbanismo que trata al territorio como valor de cambio. Y las prácticas que, bajo el paraguas de las administraciones y la normativa creada al efecto, estructuran el territorio, los pueblos, el espacio, en función de intereses distintos a los de la ciudadanía afectada.

El Valle de Egüés requiere de un Plan General Municipal propio, que parta de nuestra realidad, trabajado y decidido por sus habitantes, con transparencia plena, con la participación de los concejos. Porque es nuestro derecho. Desde aquí solicitamos a las instituciones que, no solo lo respeten, sino que pongan todos los medios necesarios para garantizarlo, como es su obligación.

*El autor es miembro de la Asociación Vecinal URBI Auzo Elkartea del Valle de Egüés