Carrera profesional, un caballo de Troya en la Educación Pública

La pérdida de poder adquisitivo para las y los trabajadores de los servicios públicos es cada vez mayor y, frecuentemente, se nos quiere presentar la carrera profesional a modo de paliativo para reducir ese empobrecimiento que no deja de aumentar. En Hego Euskal Herria la carrera profesional se ha implementado en algunos sectores de las diferentes administraciones, pero no así en la educación pública de la Alta Navarra y la CAV.

A menudo, se nos ha vendido la carrera profesional como una especie de grado o sexenio extra, con unas condiciones relativamente fáciles de cumplir pero, en el ámbito educativo público, la película puede ser muy diferente, ya que es el Ministerio de Educación el que impondrá finalmente las condiciones y dejará, en último término, poco margen a las administraciones autonómicas para su implantación y desarrollo.

A finales del año 2024 el Ministerio de Educación presentó el Marco de Competencias Profesionales Docentes, que consta de 154 páginas agrupadas en 4 áreas, 12 competencias, 53 descriptores y hasta un total de 212 indicadores. Además, hay unos niveles de progresión que permiten evaluar el grado de desarrollo y dominio de las competencias. Se presentan una serie de etapas por las que iría pasando el profesorado hasta alcanzar el punto culminante de la carrera profesional. Nada se dice de las consecuencias para las y los trabajadores afectados por enfermedades graves, con permisos por cuidados o que no puedan realizar la formación, ampliándose así todavía más la brecha de género.

Esta segmentación del profesorado implicará diferentes condiciones laborales que tendrán su reflejo en el sueldo a percibir. Entre otras cuestiones, se pretende establecer una especie de MIR educativo, en la que el profesorado cobraría un sueldo significativamento menor al actual durante unos años y aumentos de sueldo en función del desempeño docente que fuera demostrando. No está claro quién se encargaría de la evaluación de ese desempeño pero, dada la escasa dotación de personal de inspección, parece que serían las direcciones las que se ocuparían de este menester.

De esta manera, se fomenta la jerarquización y división del profesorado mediante una evaluación que premia a una parte del claustro con incentivos económicos. Varias medidas recogidas en este modelo de carrera profesional han sido probadas previamente en Cataluña, con consecuencias desastrosas desde su implantación en 2009. En los centros se implementan dinámicas con las que la mayoría del profesorado no está de acuerdo; pero se impone la ley del silencio por miedo a una evaluación negativa, que puede significar no repetir como interina en un centro, o el traslado forzoso por cambios discrecionales en el perfil de las plazas del personal funcionario.

Por si fuera poco, el carácter voluntario de la carrera profesional hace que la capacidad de protesta de quien libremente ha accedido a ella se vea totalmente reducida y no tenga más remedio que aceptar toda la sobrecarga laboral, sin rechistar. Se trata de un señuelo para desviar la atención sobre la reivindicación de la recuperación del poder adquisitivo para todo el personal. Si las fuerzas políticas de derechas la incentivan, es porque saben que les sale más barato y que, además, dividen al colectivo docente.

STEILAS siempre ha defendido la igualdad salarial, la cooperación entre los y las trabajadoras, y una gestión democrática de los centros educativos. El salario es un derecho, no un premio, por lo que no vamos a aceptar un caballo de Troya con el que se dé una vuelta de tuerca a la división, el empobrecimiento y la sobrecarga laboral.

Los autores escriben en nombre del sindicato STEILAS