Intervención social al borde del abismo

Últimamente se ha mostrado más sensibilidad e interés por la labor de los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social a raíz del asesinato ocurrido en marzo en Badajoz, pero situaciones de agresiones de todo tipo ocurren diariamente y a ellas nos exponemos cada vez que acudimos a nuestro puesto de trabajo.

En primer lugar, hay que remarcar que no se trata de un problema que afecte exclusivamente al sistema de protección de menores, sino al ámbito de la Intervención Social en su conjunto. Hablamos de un sector que atiende a personas adultas en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género (física, psicológica o sexual), personas perceptoras de Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada, personas con enfermedades mentales y/o discapacidades, personas con adicciones de todo tipo, cumplimiento de medidas judiciales y cualquier otro colectivo en situación de vulnerabilidad –de la que, no olvidemos, nadie está a salvo, ya que cualquier persona puede verse en alguna de estas situaciones en un momento de su vida– y, desde luego, el colectivo más desprotegido y vulnerable que es el de los menores.

El sistema tiene la obligación de proteger a estas personas y a las trabajadoras que las atienden, pero este se encuentra absolutamente colapsado y obsoleto, por lo que es imposible que el sistema ofrezca respuestas adecuadas a las necesidades de unas y otras. Las trabajadoras de este sector nos enfrentamos a riesgos laborales que las empresas privadas y las instituciones públicas dan por hecho que forman parte del desarrollo de nuestra labor profesional, y con esta percepción por parte de las empresas no se tiene en cuenta ni se valora nuestra integridad física, psicológica y, lo que es más grave, nuestra profesionalidad y dedicación a los colectivos con los que trabajamos.

El Gobierno de Navarra debiera proporcionarnos el reconocimiento que merecemos con hechos cuantitativos y cualitativos, como, por ejemplo, el desbloqueo definitivo de los convenios tanto de Acción e Intervención Social como el de la Fundación Gizain, y trabajar de manera conjunta con las profesionales del sector para llegar a la dignificación definitiva de nuestras condiciones laborales y la publificación de los servicios. Esta publificación y, por tanto, el control institucional, ayudaría a que en todos los recursos de atención a los diferentes colectivos se pudiera llevar a cabo la misma línea de trabajo, que concluiría en una intervención de mucha más calidad.

De igual manera, no es menos importante, tanto para la dignificación de nuestra profesión como para una correcta atención de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, que el Gobierno revise y adapte los perfiles actuales de las personas usuarias en los pliegos establecidos en aspectos como espacios de trabajo de los diferentes recursos, ratios de atención y creación de nuevos recursos y centros, adaptados a los perfiles en cada momento de las personas usuarias a las que atendemos y a sus necesidades. Para eso, es necesario un constante seguimiento por parte del Departamento de Derechos Sociales y una verdadera intencionalidad por parte de las instituciones públicas para incrementar las partidas presupuestarias cuando se requiera y sea necesario de forma extraordinaria como se ha realizado en otros ámbitos profesionales.

En cuanto a la formación de las y los profesionales, es de vital importancia la implantación del grado de Educación Social en la Universidad Pública de Navarra de forma presencial. Ya que resulta cuanto menos llamativo que se nos exija una formación continua especializada pero que al mismo tiempo no haya voluntad por parte del Gobierno de Navarra de instaurar un grado académico universitario específico que forme profesionales de la Educación Social. Esto es algo que llevamos demandando desde hace mucho tiempo.

A largo plazo, los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social demandamos ser parte activa en reformular el modelo de gestión de este sector, porque somos las plantillas las que más información tenemos al respecto y las que estamos más cualificadas. En ese sentido, es un error por parte de la administración, responsable de todo el sector, que no nos tenga en cuenta y que no utilice nuestra experiencia para buscar soluciones que beneficien a las personas usuarias y a las personas trabajadoras.

Por último, me gustaría pedir a la sociedad en general que no se criminalice a las personas usuarias a las que atendemos, cuyas circunstancias personales ya son lo suficientemente complicadas, y a las administraciones públicas en particular que asuman su responsabilidad en la gestión y seguimiento de los servicios que subcontratan.

El autor es miembro de LAB y trabajador de Intervención Social