¡Si Dª María Ugarte levantara la cabeza!

Tenemos que retroceder hasta el siglo XVIII para dar con el año en el que fue fundada la Real Casa Misericordia de Tudela. Según se indica en su propia página web, fue creada en 1771 por Doña María Ugarte y Francia para la atención y cuidado de las personas mayores necesitadas.

Cabe destacar que para el cumplimiento de sus fines fundacionales, esta fundación benéfico-privada creó un patronato formado por el Órgano de Gobierno del Municipio y por dos poderes fácticos de la ciudad: el Cabildo Catedralicio y la Real Sociedad Económica Tudelana Amigos del País.

Si tenemos en cuenta que un ayuntamiento tiene entre sus objetivos representar a los habitantes de su localidad; que el Cabildo, como instrumento de organización dentro de la Iglesia Católica se le supone estar al servicio de los fieles; y que a la Real Sociedad Económica de Amigos del País se la conocía como los Deseosos del Bien Público, resulta difícil de entender que a día de hoy den la callada por respuesta y miren para otro lado en cuanto al trato que la actual dirección de dicha fundación dispensa a sus profesionales, y que en nada beneficia al cuidado de las personas mayores necesitadas de esa residencia.

El último disparate se produjo hace dos meses con el despido de una de las trabajadoras más veteranas del centro (37 años de antigüedad), cuando el director se justificó interpretando un regalo como si hubiese sido el hurto de un llavero de ganchillo a una residente –según se hace constar en la carta de despido–. Una medida ésta, basada en el despropósito y la sinrazón del actual gestor de esta residencia, que al final se ha salido con la suya quitándosela de en medio. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, el caso ha sido trasladado a la vía judicial para que se diriman las responsabilidades oportunas.

Desgraciadamente, con hechos como éste se pone de manifiesto lo poco que significan los profesionales de esta residencia para su director. Profesionales que se dejan la piel en el ejercicio de su trabajo para proporcionar el mejor de los cuidados a nuestros mayores. A la vista está que lo más importante para él es que nadie le incomode en su puesto de mando reclamando sus derechos laborales fundamentales.

Me resulta llamativo que en la misión, visión y valores de esta fundación, se destaquen como valores esenciales para sus usuarios: la humanidad en el trato, el respeto a los derechos o la cercanía y comunicación, y que sin embargo estos valores no se pongan en práctica para con los empleados/as que realizan los cuidados de las personas mayores. ¿Acaso no son también personas?

Por otra parte, si analizamos la finalidad de su política de calidad para aumentar la satisfacción de los residentes, observamos que ésta consiste en la prevención, a fin de mitigar en lo posible el deterioro físico y mental, así como en la aplicación de programas de intervención para que los usuarios sean tratados con dignidad y respeto. Y yo me pregunto: ¿Quién se preocupa del deterioro mental y físico de los profesionales que los atienden? ¿Quién controla que a esos trabajadores y trabajadoras se les trate con dignidad y respeto?

¿Alguien de ese súper patronato, que supuestamente debe velar por el cumplimiento de los fines fundacionales de su creadora, se ha planteado que si las políticas implantadas para unos y otros fuesen las mismas, todos se verían beneficiados y, por ende, la institución? ¿Por qué se consiente ese trato discriminatorio hacia sus profesionales? Estoy seguro de que si Dª María Ugarte levantara la cabeza, añadiría en su testamento algún nuevo codicilo para mejorar el control de la gestión de su fundación y así evitar los abusos de poder.

El autor es profesor jubilado