Huelga de conductores de Moventis TCC: ¿justicia o exceso?

En plenas fiestas de San Fermín, cuando Pamplona se convierte en escaparate internacional y el transporte público debería estar a la altura del momento, nos vemos obligados a convivir con una huelga que –más allá de su apariencia reivindicativa– parece impulsada por una aspiración mucho menos razonable: la de conquistar unas condiciones económicas completamente desproporcionadas, fuera de toda lógica.

Porque sí, tras meses de negociación, Moventis TCC puso sobre la mesa una propuesta que atendía directamente a la reivindicación principal del colectivo de conductores durante todo el proceso. Incluía la tan solicitada vinculación salarial al IPC general, sin letra pequeña y con efectos retroactivos desde 2024, que actualmente ya alcanza el 5,9%. Y no solo eso: además del IPC, se ofrecieron mejoras adicionales en distintos conceptos retributivos, consolidando un avance significativo respecto al marco actual. Cabe recordar que, en nuestro actual contrato de servicio, las revisiones están ligadas a las subidas del funcionariado público. El cambio al IPC representa, por tanto, una mejora real, más ambiciosa y acorde a la evolución del coste de la vida.

A esto se sumaba un salario de entrada de 36.000 euros para conductores recién incorporados, una jornada inferior a las 37,5 horas semanales, tres días de asuntos propios y un entorno laboral que supera en más de un 28% al convenio provincial. Es más, había incluso conductores que, dentro de esa misma propuesta, podían mantener retribuciones cercanas a los 50.000 euros brutos anuales. Todo esto estaba al alcance de un acuerdo prácticamente cerrado, que finalmente fue desestimado. Y eso es, precisamente, lo que se ha dejado perder.

¿Explotación?, ¿de verdad?

Según los últimos datos, el salario medio en Navarra ronda los 31.200 euros, y el salario medio –el más representativo– apenas supera los 28.000. ¿Cuántos trabajadores en Pamplona pueden hablar de un sueldo de 36.000 a 50.000 euros sin contar extras? Muy pocos. Lo que ofrece Moventis TCC no solo es competitivo: es un modelo retributivo respetuoso, justo y difícil de encontrar en otras empresas del sector.

Entonces, si se ha ofrecido lo esencial, si se han mejorado condiciones, si se ha escuchado… ¿por qué sigue la huelga?

La respuesta es cada vez más evidente: hay quien utiliza esta movilización no como una herramienta para cerrar un acuerdo razonable, sino como una palanca para imponer condiciones ajenas a cualquier criterio de responsabilidad empresarial. Lo que se busca no es tanto un convenio justo, sino blindar una serie de privilegios económicos que, por su volumen y planteamiento, son insostenibles para cualquier operador –público o privado– que quiera actuar con rigor. No se trata de negociar mejoras legítimas, sino de forzar la obtención de ventajas tan desmesuradas como imposibles de defender ante la ciudadanía.

Y conviene recordarlo: esto no es una disputa entre partes privadas. Se trata de un servicio público. Cada mejora, cada euro adicional, sale del bolsillo del contribuyente. Por eso resulta inaceptable que una minoría utilice una huelga como moneda de cambio para imponer condiciones que distorsionan por completo el equilibrio del sistema y comprometen su sostenibilidad.

Aún más preocupante es el ambiente que esta situación ha generado. Compañeros que cumplen con los servicios mínimos –esos que garantizan que Pamplona no se paralice del todo– están siendo objeto de una presión inaceptable. Nos han llamado llorando, con ansiedad, con miedo a salir de la cochera. Lo que algunos llaman “compañerismo” se ha convertido, en algunos casos, en una estrategia de coacción inadmisible.

Desde Moventis TCC seguimos creyendo en el diálogo. Pero también creemos que la ciudadanía merece saber la verdad. Esto no va ya de derechos laborales –que, por supuesto, defendemos–. Va de una deriva interesada, impulsada por quien pretende convertir el transporte público en un campo de batalla donde obtener unas condiciones que nada tienen que ver con la proporcionalidad, el equilibrio o el bien común.

Así que la pregunta es pertinente: ¿a quién beneficia realmente esta huelga? Porque, desde luego, ni a los trabajadores que quieren cumplir con su labor, ni a los ciudadanos que dependen del servicio, ni a una Pamplona que quiere avanzar con responsabilidad.

El autor es director general de Moventis Regular España