Con la ola de calor más larga desde que hay registros, según Aemet, los fuegos se han cebado en una parte importante del Estado español en un año que se ubica en el más catastrófico en cuatro décadas, según el sistema de vigilancia europeo Copernicus. La catástrofe debería servir al menos para extraer lecciones, aunque habrá que verlo.
Más de 400.000 hectáreas quemadas, ocho personas muertas cuando luchaban contra los incendios y muy dañada la economía de muchos pueblos, convierte a 2025 en la peor temporada de incendios forestales de España en más de 30 años.
El cambio climático sí eleva el riesgo de que se produzcan y, no solo eso, sino de que sean más intensos y afecten a una mayor superficie, y también los hace más difíciles, o incluso imposibles de controlar. De hecho, estos días se ha hablado de los incendios de sexta generación, fuegos que, por su tamaño y virulencia, son prácticamente imposibles de apagar.
Durante este verano se ha comentado mucho la necesidad de prevención. La organización Greenpeace estima que con una inversión de 1.000 millones en auténtica prevención de incendios “se podría ahorrar hasta 99.000 millones en extinción”. Y utiliza para este cálculo las cifras de la Agenda Forestal Navarra que achaca un gasto de 10.000 euros por hectárea para apagar fuegos si intervienen medios aéreos, además del cálculo del Colegio de Ingenieros Forestales, que afirma que “cada euro preventivo reduce en 100 euros la factura de la extinción”.
Un centenar de municipios navarros cuenta con su propio plan de incendios. Pero no basta con disponer de planes municipales ante los incendios, hay que tenerlos “engrasados”. Hay que informar mucho más a la población, vigilar continuamente la zona límite entre zona urbana y el bosque (interfaz urbano-forestal), hacer simulacros anualmente, ensayar el sistema de avisos a los vecinos y vecinas, tener vías de evacuación, trabajar coordinadamente con otras administraciones, etcétera.
En esta ola de incendios tan devastadora, hay que destacar la nefasta política de los gobiernos autonómicos gobernados por el PP, que ha abrazado el negacionismo climático de VOX, donde hemos oído declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, como que “veía absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año”, o, “que los ecologistas provocan los incendios”. Y, también las declaraciones de otros dirigentes del PP con la retahíla continua de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto todos los medios y capacidades disponibles del estado, tratando de evadir sus responsabilidades, cuando las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, y en general en emergencias y protección civil, son autonómicas, según los estatutos de autonomía y por mandato constitucional.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado 25 de agosto su propio plan de incendios, el llamado Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal, con una iniciativa un tanto sorprendente, como la creación de un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, que es un intento más de eludir el bulto en la gestión de los incendios, cuando solo el 7% de los incendios intencionados tiene esa causa.
El Gobierno central, en el primer Consejo de Ministros y tras aprobar la declaración de zonas de emergencia los territorios afectados por los incendios, ponía en marcha las primeras iniciativas del pacto de Estado frente a la emergencia climática presentado por el presidente Pedro Sánchez. Un pacto que apela a la colaboración de todos y que, según sus propias palabras, debe quedar “fuera de la lucha partidista”. Un consenso que, en mitad de la bronca política que se vive parece totalmente imposible de alcanzar, pero que sin embargo tiene un esperanzador antecedente. Hace ahora un año, en septiembre de 2024, todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, excepto Vox, unieron sus fuerzas al firmar algo muy similar: la iniciativa Mandato por el clima.
También se ha prodigado mucho este verano al calor de los incendios tan devastadores la expresión “limpiar el monte”. El catedrático de Botánica en la Universidad de Vigo, Luis Navarro, viene a decir en un interesante artículo publicado en su blog titulado “Limpiar el bosque… ¿hasta que no quede bosque?” que “es triste ver que, tras más de medio siglo de acumular conocimiento sólido sobre ecología del fuego, aún llamemos “maleza” a la vida del bosque. Triste es escuchar, una y otra vez, que “los incendios se apagan en invierno” con “limpiezas” que dejan el monte peinado como un green: homogéneo, brillante y, sobre todo, desprovisto de lo que no encaja en la postal. El mensaje cala porque es simple; pero el problema es mucho más complejo”.
Y, se pregunta, ¿significa eso que no debamos gestionar? Al contrario: gestionemos, sí, pero sin arrasar, sin repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. La prioridad, pensando en las próximas décadas y sobre todo en las siguientes generaciones, es cortar la cadena humana de igniciones en su origen: educación, vigilancia inteligente y sanciones efectivas para quienes prenden fuego a nuestro mayor tesoro. Solo después, hablemos de gestión ecológica –no de “limpieza”– y discutamos, con datos fehacientes, sobre la necesidad o no de crear mosaicos que rompan la continuidad del combustible, recuperar usos del territorio (el tan manido pastoreo dirigido y silvicultura bien planificada) y de aplicar, donde proceda y con criterios científicos, quemas prescritas y clareos selectivos.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente