La política española, un campo de minas

Como se se suele decir no hay bien que por mal no venga, y lo digo sin ánimo de frivolizar de ninguna manera sobre la dimensión dramática de los numerosos incendios acaecidos este verano. Estos incendios, junto con las olas de calor, pasaron a primer plano informativo en esa época estival, consiguiendo que cesara, casi de repente, todo ese ruido ensordecedor de la mala política, maniobras mediáticas de la derecha y ultraderecha para intentar conseguir lo que no les dan los votos, el acceso al palacio de la Moncloa.

Vivimos tiempos de gran crispación y polarización en la vida política fruto de una serie de circunstancias, que van alterando el funcionamiento normal de los partidos e instituciones en una sociedad democrática.

La primera, la aparición del partido de ultraderecha Vox, sobre todo a partir del año 2017, cuando ya alcanza cierta relevancia política con sus cincuenta y dos diputados en el Congreso. Un partido anti-autonómico, negacionista del cambio climático, contrario a la política de género, antiinmigración, entre otras cosas. Esta formación política tiene una financiación poco ortodoxa, lo que ha llevado al Tribunal de Cuentas a multar a dicha formación hasta en tres ocasiones, la más cuantiosa de 233.000 euros entre 2018 y 2019. Recordar aquí que este partido ha recibido más de nueve millones de euros de un banco húngaro próximo al primer ministro, Viktor Orban; partido de Orban que, junto a Vox, forma el grupo de Patriotas del Parlamento Europeo. No es un secreto que el líder ruso Vladimir Putin utiliza a la extrema derecha europea para debilitar el bloque de la Unión Europea. Es un partido que no aporta nada a la sociedad más que histrionismo, política trumpista y mucho ruido –recordar aquí la frase de su líder, Santiago Abascal, de que hay que echar a ocho millones de emigrantes de este país–. Su logro más importante, conformar unos cuantos gobiernos regionales con el Partido Popular, el principal partido de la oposición.

La segunda circunstancia sería el desencanto y frustración del Partido Popular, que desde la marcha de Rajoy en el año 2017 y habiendo ganado las últimas elecciones legislativas del 2023, no logra llegar al poder. Su actual intransigencia le aísla de otros partidos conservadores que serían sus aliados naturales, como el PNV o Junts, y se encuentra en manos de la ultraderecha para llegar al poder; tendría que apoyarse en una minoría radical para conformar un gobierno para la mayoría de los ciudadanos. Y de ahí el drama del Partido Popular, de su escoramiento hacia la ultraderecha, resulta que no sólo no gana votos sino que los pierde en favor del partido ultra; siempre es preferible el original a la copia. Entonces empieza a hacer ruido, grandes manifestaciones, y ya van seis, convocadas en Madrid desde el año 2023, para atacar al Gobierno Sánchez. También por otro lado se filtran ciertas investigaciones policiales o se instruyen o activan oportunamente algunas causas judiciales que no parecen responder al interés general sino más bien a otros intereses. También hay que añadir el ruido generado por las asociaciones de extrema derecha como Manos limpias o Hazte oir, con sus pancartas y sus performances, así como sus denuncias anónimas, que no paran de injuriar y atacar sin prueba alguna al presidente Pedro Sánchez y su entorno familiar.

Otra circunstancia sin duda la constituye la falta de una oposición política seria y constructiva. No se le conoce al líder del Partido Popular, Sr. Núñez Feijóo, una sola idea propia, un principio de relato sobre el cual asentar su apuesta de futuro, quizás porque no la tiene, salvo que le gusta la fruta como a la Sra. Ayuso. No se comporta como líder de la oposición, su ausencia del acto de apertura del Año Judicial lo retrata, prefirió en su lugar ir a reírle las gracias a la presidenta de Madrid. Curiosamente en ese acto la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, reclamó respeto a las decisiones judiciales pero le faltó autocrítica y reclamar más imparcialidad y rigor en la instrucción de algunas causas; por ejemplo la del fiscal general del Estado o la que se sigue desde hace más de un año y medio contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. Recordar aquí, en relación con este caso, que la esposa de Mariano Rajoy, cuando éste era presidente del Gobierno, contó con un asesor personal a cargo de los presupuestos de Moncloa, Jaime de los Santos, que hoy forma parte de la ejecutiva del Partido Popular, y en aquel entonces nadie se rasgó las vestiduras por ello. Hay ciertas decisiones y actuaciones judiciales que levantan ampollas entre la ciudadanía y erosionan la confianza en la Justicia.

Parece ser que la Transición no fue tan modélica como nos la pintaron. Resulta escandalosa la forma en que los partidos juegan al intercambio de cromos en el Consejo General del Poder Judicial o en la selección de miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al Parlamento. Tampoco entiende la ciudadanía que existan funcionarios policiales en determinados ámbitos que parecen funcionar de manera autónoma respecto a sus responsables orgánicos y políticos. Recordar aquí a la policía patriótica del Gobierno Rajoy o las declaraciones del excomisario Villarejo.

Si los jueces dejan de aplicar imparcialmente la ley, si los policías investigan selectivamente, si los funcionarios se resisten a cumplir lo que aprueban y ordenan legítimamente los gobiernos, entonces se rompe el principio de neutralidad entre la política y el Estado, viciando y degradando el sistema democrático.