Los convenios público privados en educación

Tras todo lo leído y escuchado estos días en distintos medios de comunicación sobre la situación del Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA), me gustaría hacer una reflexión sobre los convenios y las distintas alianzas que se pueden llevar a cabo, desde distintas instituciones y organizaciones para aunar esfuerzos y dar la mejor respuesta al alumnado y sus familias, así como un apoyo a las y los docentes.

Como maestra con años de experiencia en las aulas, he sido testigo directo de cómo la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas puede transformar la realidad educativa de nuestro alumnado, especialmente con necesidades educativas especiales.

Un convenio en el ámbito educativo es un acuerdo formal entre la administración pública y entidades privadas, ya sean con o sin ánimo de lucro, mediante el cual ambas partes se comprometen a colaborar en objetivos educativos comunes.

Este instrumento jurídico permite sumar recursos, conocimientos y experiencias para mejorar la calidad y alcance de los servicios educativos que ofrecemos al alumnado.

En mi práctica diaria con el alumnado con necesidades educativas me he encontrado repetidamente con una verdad incómoda: el sector público, por más voluntad que tenga, no siempre dispone de todos los recursos especializados que este alumnado requiere.

Es aquí donde los convenios con entidades privadas se convierten en auténticos puentes de oportunidades.

Las fundaciones especializadas y las Asociaciones aportan conocimientos muy específicos que complementan la labor de la escuela pública.

La colaboración entre lo público y lo privada en educación inclusiva genera beneficios concretos, el acceso a profesionales especializados, figuras que no existen aún en centros escolares ordinarios, como Terapeutas Ocupacionales, Logopedas Clínicos o Mediadores Comunicativos, los cuales pueden aportar su conocimiento y práctica.

Estos profesionales pueden complementar el trabajo de los docentes especialistas, no para ocupar sus puestos, sino para aportarlas las herramientas necesarias para atender necesidades muy específicas.

Otro aspecto fundamental es la actualización profesional. Las entidades privadas especializadas suelen estar a la vanguardia de las metodologías más innovadoras. Los convenios que incluyen formación docente nos permite actualizar constantemente nuestras prácticas educativas, aprender nuevos enfoques terapéuticos y conocer las últimas investigaciones.

Es crucial entender que estos convenios funcionan como una complementariedad, y no desde la privatización encubierta de los servicios públicos. La administración educativa mantiene su rol rector, a través de las comisiones que se crean, garantizando la equidad, la gratuidad y el acceso universal.

Las entidades aportan especialización, agilidad y recursos específicos que enriquecen el sistema público sin reemplazarlo.

Los convenios tienen una temporalización, quedando el saber en los docentes y en los centros.

Los convenios bien diseñados permiten avanzar hacia una verdadera educación inclusiva. Cuando una asociación de personas con discapacidad colabora con un centro educativo, aporta no sólo conocimiento técnico, sino también la vivencia real de las familias, sensibilización y un compromiso.

Como maestra defiendo el carácter público de la educación, pero también reconozco que la complejidad y diversidad de nuestro alumnado exige aprovechar todo el conocimiento y recursos disponibles en la sociedad.

La autora es presidenta del Consejo Escolar de Navarra