El reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha sido concebido como todo un hito entre gran parte del espectro político del Viejo Continente, entre otras cosas, destacando las grandes oportunidades económicas que este acuerdo va a crear. Además de esto, otro argumento que ha tenido mucha fuerza ha sido que dicho acuerdo va a posibilitar que los ciudadanos europeos puedan acceder a multitud de alimentos a precios más bajos. Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad fundamental: la producción agrícola no está orientada a satisfacer necesidades humanas ni a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, sino a servir como motor de acumulación de capital en el mercado global. El propio texto del acuerdo, que celebra un comercio bilateral ya existente de 88.000 millones de euros en mercancías, pone el foco en el ahorro arancelario de más de 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas y en el acceso privilegiado a un mercado de 260 millones de consumidores. Así, mientras se promete un flujo más barato de productos hacia los supermercados europeos –con la eliminación de aranceles de hasta el 55% en productos como los melocotones en conserva–, se consolida un modelo que subordina la agricultura sudamericana a la demanda exterior, incentivando la expansión de monocultivos para exportación y externalizando los costos sociales y ambientales sobre los territorios de Mercosur.

Esta dinámica no busca modernizar la producción local, sino eliminar competencia y forzar una reconversión del campo hacia modelos de mayor escala y control capitalista. El productor local queda expuesto a una competencia imposible contra corporaciones con décadas de ventaja tecnológica y acceso a capital barato. El resultado previsible no es una mejora, sino una depuración del mercado: la quiebra de los más débiles y la concentración de la tierra y la capacidad productiva en manos de los grandes holdings agroindustriales y grupos exportadores, únicos capaces de operar a la escala y con los estándares que exige el comercio global.

Paralelamente, la promesa de alimentos más baratos para el consumidor europeo es en gran parte un espejismo. Los mercados de alimentos en la UE están altamente oligopolizados y estandarizados. Los grandes distribuidores y cadenas de retail controlan los precios finales, absorbiendo los ahorros arancelarios –los 4.000 millones de euros anuales que el acuerdo promete a las empresas– como margen adicional de ganancia, no como reducción en el precio al público. El consumidor europeo verá poca diferencia en el estante, mientras que el capital acumula ese valor extraído de la liberalización. El beneficio real no es social, sino privado, y se concentra en los eslabones financieros y comerciales de la cadena.

Mientras tanto, en Mercosur, la lógica se invierte con consecuencias devastadoras. Al orientar masivamente la producción hacia la exportación –ya sea de soja para piensos o de carne para supermercados europeos–, se prioriza el profit sobre la necesidad. Las tierras más fértiles y los recursos hídricos se destinan a cultivos de exportación, encareciendo y dificultando el acceso a alimentos básicos para el mercado interno. La producción nacional deja de proyectarse hacia la alimentación de su propia población para proyectarse hacia la balanza comercial. Esto no es un efecto colateral, sino el núcleo del modelo: la reproducción ampliada del capital requiere convertir cada hectárea y cada litro de agua en un activo generador de divisas, no de nutrientes. El resultado previsible es un aumento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre las clases populares sudamericanas, cuyas dietas se verán empobrecidas por un sistema que, aunque produzca más comida que nunca, la produce para quien puede pagarla en otra latitud. La soberanía alimentaria, es decir, el derecho a decidir qué y para quién se produce, queda así sacrificada en el altar de la integración comercial, una integración que consolida la dependencia y profundiza las desigualdades que pretendía resolver.

Lejos de modernizar la producción o garantizar bienestar, el acuerdo impulsa monocultivos, automatización y concentración de tierras, externalizando costos sociales y ambientales hacia los más vulnerables. Así, lo que se presenta como un avance económico se convierte en una profundización de la dependencia, desigualdad y mercantilización de la alimentación, mostrando que la expansión del comercio global no equivale necesariamente a progreso para todos.

En última instancia, el pacto revela que, en la lógica del capital, la comida deja de ser un derecho y se convierte en mercancía, subordinando vidas y territorios a los intereses de un mercado global que prioriza el beneficio sobre la necesidad humana.