Cuando hablamos de corrupción, aun sin poner apellido, sobreentendemos que estamos hablando de corrupción económica. Todos los partidos políticos en el ámbito estatal tienen algo que esconder e incluso algo que callar, en el ámbito autonómico ocurre exactamente igual: el caso de Cataluña es paradigmático. La única duda surge si esta corrupción es estructural, institucional, o queda reservado al ámbito privado, aunque para la ciudadanía ello es irrelevante. La sola mención de la bicha es suficiente para justificar la percepción que todos son iguales y, si rumiamos esta idea, el efecto final conlleva la degradación de la democracia y un alejamiento en el ejercicio de la misma. En términos partidistas, la corrupción económica justifica el toma y daca actuando de nexo para redundar por enésima vez el y tu más. En términos sociológicos, el Barómetro de junio nos específica que la corrupción se sitúa en novena posición entre los principales problemas de los españoles; parece desprenderse cierto humanismo comprensivo hacia sus señorías al perdonar sus fechorías.
En el mismo Barómetro, la corrupción político/ideológica en sus diferentes ítems, se posiciona entre los 3 principales problemas para el 55% de los encuestados.
En los congresos conventuales de los partidos políticos se delimitan, de manera monocorde, quiénes serán los próximos dirigentes territoriales, en un equilibrio confianza/desconfianza sospechoso de nepotismo de familia ideológica. Además, los postulados programáticos de un partido se elaboran (debieran) y aprueban en estos Congresos. Y a ese programa político se deben quienes adquieren las funciones de gobierno. La ciudadanía les ha elegido para eso, para realizar lo prometido, no para lo contrario ni siquiera para lo diferente.
Y si en los Congresos conventuales, además de lo mitinado en los programas electorales, se aprueba, entre otras: no a la (auto)amnistía y no a la financiación singular de territorios puntuales y las declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez así lo atestiguan en declaraciones mantenidas en el tiempo, surge la pregunta de para qué se realizan estos Congresos o si realmente sirven para justificar su, a priori, razón de ser y a la que se deben quienes tienen la facultad de gestionar la convivencia. No adquieren tal ordenamiento por designio divino, aunque a veces lo parezca, ni tampoco preguntando a la güija quien es el más hermoso o para hacer que parezca sin parecerlo.
Cierto que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas (Tierno Galván) y que se necesita adaptación a situaciones cambiantes; pero si el presidente del gobierno y todos sus acólitos palmeros nos repiten incansablemente que hay líneas rojas que no deben cruzarse por higiene democrática además de por impedimentos legales constitucionales, el individuo social lo asume e interioriza. Por arte de birlibirloque, estas máximas paradigmáticas se trastocan utilizando conclusiones como si fueran argumentos. Ya no hablan de congresos, tampoco de justicia ni ética, menos de ideología. El argumentario ahora es la convivencia como valor supremo, omitiendo, con malas artes, que la convivencia empieza y termina en la presidencia de gobierno: ambición de los sectarios.
Nuestros dirigentes son celebérrimos partidarios de la voluptuosidad del arrepentimiento y del paradigma de que la vanguardia nunca retrocede: da media vuelta y siguen avanzando. La idea es tener un objetivo claro y supeditar a ello todas las actividades, sin importar si en el trayecto se destruye el autobús de la convivencia. El Real Decreto y los decretos Omnibus se instalan con una supremacía que ningunea la función del Parlamento en una solución nostálgica advenediza.
En el caso de las petulantes élites políticas territorialitas, los opinólogos parlotean si es financiación singular o es concierto económico. Y en esas pierden el tiempo sus engatusadas señorías, con su miedo patológico a la soledad; el votante de a pie sabe que eso es el plato de lentejas, proteínico para una parte pequeña pero muy indigesto para la gran mayoría. Sabemos del trato diferencial entre potentados y clase trabajadora, intuimos el abismo entre clase política y ciudadanía llana; pero ya se ha institucionalizado, aunque no aceptado, la distinción entre el poder a cualquier precio y el respeto a la ciudadanía. Se intuye la dictadura de minorías, las cuales vetan políticas apoyadas por mayorías e incluso gobiernan por medio de una política patologizada; conservadurismo homeopático en román paladino. No importa en qué condiciones de tsunami llegue la democracia a su destino. Ya están meta/para concedidas las competencias exclusivas sobre migración y prevista la gestión de la caja única de la Seguridad Social; ¡y en nombre de la democracia!
Y eso es corrupción, no legal pero sí ética-ideológica; la inequidad promulga a nuestros gobernantes. Estos políticos estafan a quienes les creyeron y eligieron; el poder se instala sobre la mentira y obvia todo debate ideológico. Prestidigitación retórica y promesas vacías hasta el punto de intentar conformar una realidad paralela; son las nuevas tablas de la ley. Convivimos con una ambliopía comunicativa que convierte la posverdad en el epitafio del entendimiento.
Se intenta justificar lo injustificable en aras de la gobernabilidad y del tan prostituido bien general. Es de justicia rebatir la corrupción económica; pero esa corrupción ideológica estructural, tiene sus argumentarios terraplanistas, propia de irreductibles patriarcas. Se habla de conflictos de intereses lo que en realidad es una democracia ornamental
Solo los tontos despechados olvidan experiencias pasadas, en una sofisticada demolición tutelada como higiene democrática.