Después de décadas de ocupación, de un asedio asfixiante y de casi 10.000 muertos en las cinco ofensivas israelíes sobre Gaza desde 2005, la Franja se ha convertido en un territorio marcado por la injusticia y la ira. En ese contexto estallaron los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.
Israel respondió con una operación militar desproporcionada bajo el lema de eliminar a Hamás. Como señalé en Le Monde el 20/9/ 2025, más de dos años después del inicio del ataque israelí, el Gobierno Netanyahu sigue justificando sus acciones con el discurso de la derrota de Hamás y la liberación de los rehenes, presentando los ataques y la ocupación como medios necesarios para lograrlo. Sin embargo, este relato ha servido sobre todo como fachada de una campaña sistemática de limpieza étnica y genocidio. Los bombardeos sobre zonas residenciales e infraestructuras humanitarias –incluidos hospitales– han provocado más de 70.000 víctimas mortales contabilizadas, en su mayoría niños, mientras el hambre y los desplazamientos forzados se multiplican. Gaza, ya devastada, se vuelve cada día más inhabitable. El objetivo parece claro: hacer imposible la vida allí para expulsar a sus habitantes.
La movilización popular en las calles de Europa y América ejerció una gran presión sobre los gobiernos y contribuyó de manera decisiva a lograr el alto el fuego del 10 de octubre de 2025. Sin embargo, desde su entrada en vigor, Israel, al no respetarlo, ha matado a más de 550 palestinos. La mayoría de los sobrevivientes vive en condiciones infrahumanas. Cerca de 1,3 millones de personas necesitan refugio urgente para afrontar la lluvia que inunda las tiendas y el frío que ya ha causado decenas de muertes, sobre todo de niños. La escasez de alimentos –especialmente de proteínas– y medicinas sigue siendo grave. Israel mantiene su política de aislamiento total: ni periodistas, ni diplomáticos, ni investigadores de derechos humanos pueden entrar en el enclave. Además, ha tomado medidas para impedir que las organizaciones humanitarias sigan operando. Desde el 1 de enero, 37 ONG internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, han perdido su acreditación.
El primer blanco fue la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la mayor organización de ayuda que operaba en Gaza. Los dirigentes israelíes siempre la han detestado porque, a su juicio, mantenía viva la cuestión de los refugiados palestinos y ayudaba a su supervivencia. Como señalé en The New York Times el 20/12/2025, la agencia cuenta con miles de camiones de ayuda, tiendas y viviendas móviles esperando en la frontera, junto con el equipo necesario para asistir a los desplazados. Sin embargo, esos recursos permanecen bloqueados por Israel, mientras innumerables refugiados luchan por sobrevivir en refugios improvisados azotados por la lluvia, donde el frío ya ha matado a varios niños. La UNRWA emplea a miles de trabajadores y dispone de centros de distribución totalmente equipados para ofrecer asistencia urgente. La comunidad internacional debería ejercer presión real sobre Israel para permitir que la agencia cumpla su mandato. Esta política de obstrucción no solo es indefendible, es profundamente inhumana.
En este contexto, Donald Trump reactivó en Davos el fantasma de una Riviera de Oriente Medio. Allí presentó su Consejo de Paz, y fue su yerno, Jared Kushner, quien expuso los planes futuristas –en gran parte desconectados de la realidad gazatí– elaborados por la Casa Blanca para la reconstrucción de Gaza.
Kushner aborda el enclave como un simple negocio inmobiliario y de obras públicas, sin consultar a los representantes políticos palestinos. Sin un horizonte político claro, el Consejo pretende crear un entorno seguro para atraer inversiones internacionales, tratando a Gaza como una entidad aislada, sin mencionar a Palestina en su conjunto ni la solución de los dos Estados.
Preocupa la ausencia total de consulta a los habitantes. Gaza no puede transformarse en un complejo turístico e inmobiliario sin tener en cuenta a su población y sus necesidades. El principal riesgo de este proyecto es precisamente la falta de una dimensión política. La llamada Nueva Gaza se presenta como una iniciativa puramente económica, en manos de inversores extranjeros, desligada de su identidad palestina y con el peligro de perpetuar la separación con Cisjordania. La perspectiva de un Estado palestino –reconocido por 159 países– corre así el riesgo de ser definitivamente enterrada.
Según los anuncios estadounidenses, Gaza podría alcanzar un PIB per cápita de 10.000 dólares en 2035, con 500.000 nuevos empleos y 28.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura, vivienda y zonas industriales y comerciales. Esta visión de una Gaza convertida en smart city puede resultar atractiva, sobre todo para los jóvenes, siempre que pertenezca a sus habitantes y sus necesidades bajo soberanía palestina, evite toda forma de limpieza étnica y se inscriba en un proyecto político cuyo objetivo sea el establecimiento de un Estado palestino soberano, junto con Cisjordania y Jerusalén Este como su capital, conforme a la legalidad internacional.
En contraste con el llamado Plan Riviera y el Consejo de Paz de Trump, sobre el terreno persiste una realidad marcada por asesinatos, y por la escasez de alimentos, medicinas y refugio para la mayoría de los gazatíes, consecuencia directa de la política genocida que Israel lleva a cabo. La reciente apertura del paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, apenas ha permitido una salida muy limitada y una entrada a cuentagotas, en condiciones humillantes para los pasajeros, reflejo de esa misma política.
El autor es catedrático universitario jubilado