La reunión celebrada en Madrid en febrero de 2026 sobre el Sáhara Occidental no ha producido acuerdos visibles, pero sí ha dejado una constatación clara: el conflicto está lejos de estar cerrado y vuelve a ocupar espacio real en la agenda internacional. El encuentro, impulsado por Estados Unidos, reunió a representantes de Marruecos y del Frente Polisario en un momento en el que el proceso formal de Naciones Unidas atraviesa una fase de estancamiento. No hubo declaración final, ni foto conjunta, ni anuncio de calendario. Pero el simple hecho de que se produjera el contacto ya indica que algo se mueve.
La información oficial disponible permite, además, separar con claridad los hechos confirmados de las interpretaciones interesadas. La primera confirmación institucional del encuentro llegó desde la Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Posteriormente, el asesor del presidente estadounidense para asuntos árabes y africanos confirmó la iniciativa, y finalmente el portavoz del secretario general de la ONU validó públicamente la celebración de las discusiones. Más allá de estas tres declaraciones oficiales, no hay comunicados conjuntos ni detalles sustantivos.
De esos mensajes pueden extraerse algunos elementos relevantes. En primer lugar, ninguno de los comunicados califica el encuentro como “negociaciones”, sino como “discusiones”. En segundo lugar, se confirma la presencia de seis actores: Estados Unidos, Naciones Unidas, Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. En tercer lugar, se subraya que las discusiones fueron facilitadas por delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y la ONU. Y, finalmente, tanto Washington como Naciones Unidas enmarcan el encuentro en la aplicación de la resolución 2.797 del Consejo de Seguridad. La administración estadounidense insiste, además, en la búsqueda de una solución “mutuamente aceptable” y en la necesidad de un “mejor futuro” para todos los actores regionales.
Estos datos son escasos, pero significativos. Permiten establecer una base objetiva y distinguir entre información confirmada y lecturas especulativas.
Marruecos acudió con un documento ampliado de su propuesta de autonomía, presentada originalmente en 2007. La novedad no es conceptual, sino de desarrollo: más páginas, más detalle competencial, más precisión institucional. Sin embargo, el núcleo permanece intacto. La soberanía sobre el territorio seguiría siendo marroquí y la autonomía se integraría en el marco constitucional del Reino.
Ahí está el punto central. Porque para el Polisario el debate no es cuánto margen de autogobierno puede concederse, sino quién tiene la titularidad del territorio. La organización insiste en que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y que cualquier solución debe pasar por el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Las posiciones, por tanto, no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es el grado de implicación estadounidense. Desde el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en 2020 por parte de la administración de Donald Trump, Washington introdujo un elemento nuevo en el equilibrio diplomático. Aunque formalmente respalda el proceso del Consejo de Seguridad de la ONU, ese reconocimiento político alteró el marco previo.
La reunión de Madrid confirma que Estados Unidos no se limita a observar. Quiere influir en la evolución del expediente. El motivo no es solo jurídico o histórico. El Magreb es hoy un espacio estratégico clave: energía, seguridad, rutas atlánticas, equilibrio regional. El conflicto saharaui forma parte de ese tablero.
Argelia, aunque no sea parte formal en la negociación de estatus, es pieza determinante. Apoya políticamente al Polisario y mantiene con Marruecos una relación de máxima tensión. Sin una mínima estabilidad entre Argel y Rabat, cualquier fórmula sobre el Sáhara tendrá recorrido limitado. Por eso cada movimiento diplomático en este dossier se lee también en clave regional.
España aparece como escenario y actor indirecto. La reunión se celebró en Madrid, país que fue potencia administradora hasta 1975 y cuya responsabilidad histórica sigue siendo objeto de debate. El respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 a la autonomía marroquí como “la base más seria y realista” modificó la tradicional posición española de equilibrio. Desde entonces, Madrid gestiona una relación compleja con Rabat y Argel, marcada además por intereses energéticos y migratorios.
Pero más allá de la diplomacia, hay una realidad sobre el terreno que no puede ignorarse. Desde la ruptura del alto el fuego en 2020, el conflicto volvió a una fase de hostilidades de baja intensidad. El Polisario anuncia regularmente acciones militares contra posiciones marroquíes a lo largo del muro que divide el territorio. No es una guerra convencional abierta, pero tampoco es una situación de paz consolidada.
A eso se suma la dimensión económica. El Sáhara Occidental tiene recursos estratégicos y proyección atlántica. La explotación de fosfatos, la pesca y los proyectos energéticos forman parte del cálculo político. Marruecos integra el territorio en su estrategia de desarrollo. El Polisario sostiene que cualquier explotación sin el consentimiento del pueblo saharaui vulnera el derecho internacional. Esta discrepancia no es retórica: ha generado litigios en tribunales europeos y afecta a acuerdos comerciales.
En Madrid no se produjo ningún avance sustancial en estos puntos. Nadie renunció a sus posiciones de fondo. Marruecos no abrió la puerta a un referéndum. El Polisario no aceptó la autonomía como solución cerrada. Naciones Unidas no fue desplazada formalmente del proceso. Y Estados Unidos no anunció una fórmula intermedia concreta.
Entonces, ¿qué representa Madrid 2026? Representa un momento de reactivación diplomática, no una solución. Confirma que el conflicto sigue siendo relevante en la agenda internacional y que ninguna de las partes lo considera definitivamente resuelto. También muestra que las potencias implicadas buscan evitar una escalada regional en un contexto de tensiones crecientes en el norte de África.
Pero el fondo del desacuerdo permanece intacto: soberanía frente a autodeterminación. Mientras esa contradicción no encuentre un punto de encaje, cualquier diálogo será necesariamente provisional.
Para el gran público conviene evitar dos simplificaciones habituales. La primera es reducir el conflicto a una rivalidad entre Marruecos y Argelia. La segunda es darlo por congelado. No es solo un pulso regional, ni está cerrado. Es un expediente jurídico y político abierto desde hace casi medio siglo.
Madrid no ha cambiado esa realidad. Lo que ha hecho es evidenciar que el statu quo tampoco satisface plenamente a nadie. Marruecos busca consolidar internacionalmente su propuesta de autonomía. El Polisario intenta mantener viva la opción de autodeterminación. Estados Unidos quiere estabilidad regional. Europa observa con cautela. Y Naciones Unidas continúa sosteniendo el marco formal.
El momento actual es de movimiento contenido. Hay contactos, pero no concesiones. Hay interés diplomático, pero no redefinición del marco. Hay tensión militar de baja intensidad, pero no escalada abierta.
El futuro inmediato probablemente seguirá esa misma línea: conversaciones discretas, declaraciones medidas y ausencia de anuncios espectaculares. El conflicto del Sáhara Occidental rara vez avanza con gestos abruptos. Se mueve en equilibrios frágiles y tiempos largos.
Madrid 2026 no es un punto de inflexión histórico. Es una señal de que el expediente vuelve a activarse. Si eso desemboca en una negociación real sobre el estatus final o en una nueva fase de gestión prolongada del desacuerdo dependerá de algo muy concreto: si alguna de las partes decide modificar su línea roja.
De momento, eso no ha ocurrido. Y esa es la fotografía real del momento.
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