El accidente de Adamuz ha puesto en evidencia el estado del sistema ferroviario en el Estado español. Lejos quedan aquellos años de la burbuja de la alta velocidad y pocas son las lecciones aprendidas: 65.000 millones de euros invertidos (15 veces más de lo invertido en cercanías), 4.000 km (la mayor red de Europa), un enorme coste de mantenimiento, escasa rentabilidad en muchos de los trayectos y un modelo de alta velocidad que solo beneficia a las grandes empresas y que no sirve para cohesionar el territorio. En conclusión, un modelo fallido en beneficio de las grandes empresas en detrimento de otros sistemas ferroviarios más sociales. Lástima que hayan hecho falta 46 personas fallecidas para llegar a este diagnóstico.
Hace unos meses se constituyó la Plataforma Pro TAV en Navarra. Se trata de un lobby de presión cuyo objetivo es legitimar socialmente y crear un discurso favorable al TAV. Una macro infraestructura que siempre ha sido muy cuestionada popularmente porque además de la destrucción medioambiental que supone, conlleva un despilfarro de dinero público insostenible y se hace a costa del deterioro del tren convencional. Esconden o disimulan sus verdaderas intenciones, elaboran una narrativa teórica maquillada desde el bien común y las bondades sociales para, finalmente, imponer sus intereses y el negocio oculto. Forman parte de esa plataforma, entre otros, la CEN, la Cámara de Comercio, el Think Tank Instituto Futuro, UGT, la Asociación de Consumidores Irache y también Osasuna, aunque nadie lo haya consultado con su base social.
Los componentes de la plataforma son los mismos que durante tanto tiempo formaron parte del Régimen o corralito foral, ese entramado que gobernó Navarra durante muchos años priorizando los intereses de las élites económicas, empresariales y religiosas de Navarra por encima de los intereses sociales de la mayoría. La campaña que AHT Gelditu está haciendo de cara a la manifestación del 21 de febrero en Iruña está siendo capaz de poner nombres y apellidos a las personas que mueven los hilos del TAV en Navarra, unos apellidos que ya formaban parte del corralito foral.
Por desgracia, y tal y como demuestra la situación en el Estado español, el TAV no va a mejorar los problemas de movilidad de Navarra, sino que va a empeorar el sistema ferroviario navarro. La propia patronal española ha reconocido que el TAV no sirve para transportar mercancías. Cada euro destinado a la alta velocidad es un euro que se detrae del mantenimiento y la modernización del tren convencional, un tren que sí vertebra el territorio y que sí es útil tanto para personas como para mercancías.
Además, el TAV no es un servicio pensado para la clase trabajadora. Sus tarifas, su lógica de uso y su trazado no responden a las necesidades de las clases populares, que lo que realmente necesitan es un transporte público de cercanías. Se trata de un proyecto que profundiza la desigualdad en el acceso a la movilidad y contribuye a la despoblación de las comarcas que quedan fuera de las ciudades con estación, porque no da servicio útil a sus poblaciones y margina al mundo rural.
El verdadero motor del TAV no es la cohesión territorial ni la sostenibilidad, sino el negocio de su construcción a costa de la precariedad laboral, las muertes en accidente laboral y los contratos de mantenimiento a décadas vista.
Mientras tanto, la mayoría social seguirá dependiendo de cercanías, regionales y transporte público infrafinanciado. Se socializan los costes –a través de impuestos y deuda pública– y se privatizan los beneficios, que disfrutan unos pocos. El TAV se presenta como progreso, pero en la práctica es un proyecto que profundiza la desigualdad en el acceso a la movilidad.
Por eso se impulsa con tanta insistencia aunque los números no cuadren y aunque su utilidad social sea más que discutible. Porque el TAV es, ante todo, una gigantesca transferencia de dinero público a manos privadas. Todo lo demás es relato.
La construcción del TAV no es solo una cuestión de presupuesto o de trazados: es también una cuestión de vidas humanas. Tal y como ha ocurrido en el Estado español, allí donde se han desarrollado grandes infraestructuras de este tipo, se repite el mismo patrón: obras de enorme complejidad técnica, ritmos de ejecución forzados y subcontrataciones en cadena que degradan las condiciones laborales. Esta realidad suele quedar fuera de los folletos propagandísticos, pero es un coste real del TAV que también debería formar parte del debate público.
En definitiva, la Plataforma Pro TAV no nace para debatir, sino para fabricar consenso. No pretende analizar necesidades, sino justificar una decisión tomada de antemano. Estamos ante un nuevo episodio de un modelo que prioriza los intereses de unos pocos frente al bienestar colectivo, que convierte lo público en negocio y que disfraza de modernidad lo que no es más que expolio.
Navarra no necesita un tren para unos pocos. Necesita un sistema ferroviario útil para la mayoría, inversión en servicios públicos y un modelo de desarrollo que ponga la vida, el territorio y la justicia social en el centro. Todo lo demás –también el TAV– es propaganda.
Responsable de Medioambiente de ELA, y Gabinete de Estudios de ELA, respectivamente
