La sospecha como herramienta política

Servinabar, “la empresa de Santos Cerdán”, es la coletilla con la que siempre acompañan los portavoces de UPN, PP y Vox sus intervenciones, en base a un documento de compraventa del 45% de acciones encontrado por la UCO en el trastero de Antxon Alonso, sin registro público ni prueba alguna de pago de la cantidad de compra, como exige la ley para darle validez. Además, las dos personas firmantes niegan que tenga valor alguno, alegando que se trata de un borrador sin efectos.

No sabemos si ese documento es válido o no. En todo caso, está en proceso de instrucción y el tribunal que lo juzgue sentenciará sobre su validez. Pero no deja de ser curioso que, en el caso de Servinabar, durante tres años se contratara a la empresa de Óscar Arizcuren, exdirigente de UPN, para realizar –como él mismo explicó– informes y estudios de prospección de mercado e inversiones inmobiliarias. Curiosamente, en esta ocasión el portavoz de UPN nunca habló de Servinabar como “la empresa de Santos Cerdán”.

Tampoco se puso en duda la actividad real de la empresa ni la necesidad de contratar servicios de consultoría en inversiones de negocio. Asimismo, se admitió, sin queja alguna, que el Sr. Arizcuren se negara a informar o a documentar el contenido de los informes debido a la confidencialidad de los mismos y al secreto profesional. En otros casos similares, este silencio provoca en la oposición sospechas fundadas de irregularidades e incluso airadas amenazas legales por negarse a responder, que han tenido que ser aclaradas por la propia letrada de la comisión.

Santos Cerdán, amigo personal de Óscar Arizcuren, tal como reconocieron ambos desde su época de parlamentarios forales, le gestionaba reuniones en Madrid con dirigentes de UPN, como han admitido todos los participantes. Eran reuniones en las que se hablaba de política en general y de otros temas sin especial relevancia que ya no recuerdan, dentro de una normalidad política que algunos entendemos e incluso consideramos sana y positiva.

Sin embargo, cuando las reuniones se celebraban en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid, entre el consejero de Cohesión Territorial, responsables del Ministerio y el entonces diputado por Navarra, para hablar –como han coincidido todos– del TAV, del Canal, de autovías o de inversiones del Estado en Navarra, los portavoces de UPN, PP y Vox las califican como sospechosas y secretas, aun cuando estaban publicadas incluso en la web del Gobierno de Navarra. Además, se pregunta en tono inquisitorial sobre el contenido y los fines de las mismas y sobre si “en ellas se repartían obras públicas”.

Algo similar ocurrió con las reuniones celebradas en el Hipódromo de Madrid, donde ambos coincidieron en varias ocasiones. Según los portavoces de UPN, PP y Vox, aquel lugar contaba con un restaurante de postín, con reservado para comensales exclusivos, donde “Cerdán realizaba discretas reuniones y supuestamente concretaba repartos de obras públicas con empresarios”. Sin embargo, tras las explicaciones del exsecretario general de UPN, el lugar pasó a describirse como “una caseta de comida barata, sin reservado alguno y donde los comensales comían apiñados y sin discreción”. Sorprendente transformación ante la que los representantes de UPN cabecean afirmativamente, sonríen y dan por indiscutible la afirmación. Qué distinta reacción ante la misma explicación dada por el propio Santos Cerdán.

También se preguntaba el portavoz de UPN la razón por la que Arizcuren había sido citado en la Comisión de Investigación, al no estar nombrado en el informe de la UCO –cierto, aunque sí lo está en el informe de la Hacienda Foral–. Esta crítica supone una clara contradicción por parte de los mismos portavoces de UPN, PP y Vox, que han citado a personas simplemente por el hecho de ser esposas, parejas o hijos de personas que ni siquiera están mencionadas en informe alguno.

Actualmente, ninguna de las licitaciones públicas investigadas por los juzgados por sospechas de corrupción afecta a obras públicas de Navarra. La única denuncia presentada por Vox contra la licitación de las obras de duplicación de los túneles de Belate no ha sido admitida a trámite por “ausencia indiciaria de delito alguno”. Tampoco las empresas que no resultaron adjudicatarias parecen haber visto irregularidades, pues no han interpuesto recurso o demanda en instancia alguna.

Resulta igualmente significativo que, tras todo el ruido generado por las graves afirmaciones y acusaciones sobre las “evidentes irregularidades y corrupciones producidas por las adjudicaciones de contratos públicos en Navarra”, ni UPN ni PPN hayan iniciado procedimiento alguno de denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Tampoco la petición de incluir dichas obras en la causa que instruye la Audiencia Nacional ha sido atendida por el juez.

Estamos normalizando hacer acusaciones gravísimas sin prueba alguna, con una sensación de impunidad total y, muchas veces, sin posibilidad real de defensa. La oposición política utiliza, para derribar este Gobierno en Navarra, un relato de corrupción, aun cuando ninguna adjudicación ni licitación está incluida en proceso alguno de investigación judicial.

Luego nos sorprendemos del descrédito de la política y de la creciente radicalización de la sociedad.

El autor es parlamentario y portavoz PSN-PSOE en la Comisión de Investigación