No puede existir verdadera libertad sin igualdad. Cuando la libertad se invoca en contextos de profunda desigualdad, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Como han señalado pensadoras feministas: “la libertad sin igualdad es elitismo”. Desde esta premisa, resulta evidente que la prostitución es incompatible con la democracia. Lejos de constituir una elección individual o una forma legítima de trabajo, perpetúa la subordinación de las mujeres y vulnera los principios democráticos de dignidad y justicia social.
La prostitución y la pornografía conforman las dos caras de una misma moneda: la industria de la explotación sexual. Mientras la pornografía actúa como la pedagogía que normaliza la dominación masculina, la prostitución representa su materialización. Ambas prácticas se retroalimentan y consolidan un sistema que legitima el acceso masculino a las mujeres mediante el pago. No deberíamos referirnos a estas prácticas como “sexo”, sino como violencia sexual. Conceptos como “sexo con menores” o “sexo no consentido” encubren realidades que deben llamarse por su nombre: abuso sexual, violación o explotación.
La investigadora Mónica Alario describe la pornografía como el “brazo armado del patriarcado”. Además, esta industria ha sofisticado sus mecanismos de captación y legitimación social, transitando de las prácticas coercitivas a las de consentimiento, donde la apariencia de “la libre elección” o “el empoderamiento” oculta dinámicas estructurales de desigualdad y violencia.
La pornografía sostiene el sistema prostitucional a través de tres estrategias fundamentales. En primer lugar, la invisibilización y erotización de la violencia, presentando la coerción como si fuera una práctica sexual consentida. En segundo lugar, la erotización directa de la violencia, donde el sufrimiento femenino (mujeres que lloran, gritan o intentan huir) se convierte en objeto de excitación. Finalmente, la vinculación entre sexualización y poder masculino, reforzando la dominación y la superioridad masculina como elementos centrales de la masculinidad. Estas representaciones no solo moldean el deseo individual, sino que configuran un imaginario colectivo que legitima la prostitución.
La industria de la explotación sexual es también el punto de encuentro entre capitalismo y patriarcado. El capitalismo mercantiliza la sexualidad y la vida de mujeres y niñas, convirtiéndolas en objeto de consumo, mientras que el patriarcado legitima el acceso masculino a ellas, garantizando la demanda. En este contexto, la regulación de la prostitución no supone una mejora de las condiciones de las mujeres, sino que otorga mayor legitimidad y beneficios a proxenetas y a toda la estructura económica que sostiene esta industria. Regular es, en última instancia, dar alas al mercado de la explotación sexual; por ello, resulta imprescindible establecer límites al capitalismo cuando este atenta contra la dignidad humana.
Uno de los argumentos más recurrentes para justificar la prostitución es el mito de la libre elección. Sin embargo, esta práctica no puede entenderse como una decisión individual aislada, ya que se inscribe en un entramado de desigualdades de género, clase y origen. Además, la prostitución no solo afecta a quienes se encuentran en ella, sino que perpetúa la desigualdad de todas las mujeres, al transmitir la idea de que sus cuerpos pueden ser comprados. El discurso de la “libre elección” ignora estas desigualdades estructurales y ha sido asumido por sectores de la izquierda desde una lógica neoliberal que prioriza la autonomía individual por encima de la justicia social.
En esta misma línea, la postura denominada “pro derechos” se fundamenta en la legítima preocupación por evitar la estigmatización de las mujeres prostituidas. No obstante, esta defensa no debe implicar la legitimación del sistema prostitucional. Cuando la no estigmatización se utiliza como argumento para regular la prostitución, se incurre en una forma de aceptación del “mal menor”. Es fundamental diferenciar entre defender los derechos de las mujeres y reconocer la prostitución como un derecho. Como síntesis, puede afirmarse que desestigmatizar a las mujeres no puede significar normalizar la explotación. Si se regulariza la prostitución, quienes realmente se benefician son los proxenetas y la industria, no las mujeres.
La prostitución tiene además un profundo impacto simbólico sobre el conjunto de las mujeres. Como señaló la filósofa Celia Amorós, la violencia ejercida sobre algunas mujeres repercute en todas. La existencia de la prostitución refuerza la idea de que los cuerpos femeninos están disponibles para el consumo masculino, consolidando una jerarquía sexual incompatible con la igualdad.
Frente a esta realidad, el abolicionismo se presenta como una respuesta política integral. Este enfoque no criminaliza a las mujeres en situación de prostitución, sino que dirige la responsabilidad hacia quienes sostienen el sistema: proxenetas y demandantes. La Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP) plantea tres ejes fundamentales de intervención: la reparación integral de las mujeres, garantizando alternativas reales y apoyo social; la desactivación de la industria de explotación sexual, persiguiendo el proxenetismo; y la desactivación de la demanda, mediante la sanción a los puteros.
El feminismo es, en esencia, un proyecto democrático orientado a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. En este sentido, la prostitución es incompatible tanto con el feminismo como con la democracia, ya que legitima una estructura de subordinación basada en el sexo. Su abolición es una condición indispensable para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
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