Escuela pública: no es una opción, es una prioridad

En las últimas semanas estamos asistiendo a un debate público con mucho contenido emocional. Ocurre siempre que hablamos de cuestiones que nos afectan a nivel personal. Sin embargo, el debate va mucho más allá: no se trata de cuestiones personales, se trata de gestionar para la mayoría, con responsabilidad, y de fortalecer el sistema educativo público en el presente, pero también para el futuro.

Si apartamos lo emocional, podremos entrar al fondo del asunto de manera mucho más técnica. Porque la educación pública de nuestra comunidad no puede planificarse desde lo emocional, a golpe de titular periodístico o de presión partidista. Nos jugamos demasiado. La reorganización de aulas por el descenso de natalidad en Navarra exige seriedad, rigor y responsabilidad política. Y precisamente eso es lo ha hecho el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra: actuar con criterios técnicos, pensando en el interés general, y no en casos particulares. Y desde luego con una idea clara: fortalecer la escuela pública en todos sus modelos.

Porque desde una posición socialista, la prioridad es esa, como ha sido siempre: la escuela pública. Porque es esta la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el acceso universal a la educación. La única que se hace cargo de una escuela rural con menos de 40 niños o la que asume la mayoría de las incorporaciones tardías.

Los socialistas hemos defendido siempre que la red concertada también forma parte del sistema educativo, sí, pero esta red no puede convertirse en un espacio blindado al margen de cualquier planificación educativa. No puede ser que el descenso de natalidad lo asuma en exclusiva la escuela pública porque, además de injusto, a la larga dejaría al sistema público mucho más debilitado.

Quienes critican la decisión adoptada lo hacen desde su propia realidad, o desde una posición ideológica que llevó a Navarra a tener una escuela pública absolutamente debilitada bajo su gestión. Además, se olvidan de que la reorganización afecta tanto a la red pública como a la concertada. No hay persecución alguna hacia la red concertada. Solo hay planificación, que es lo que se exige cuando se tiene la responsabilidad de gestionar.

Además, quienes hablan de ataque a la concertada olvidan que bajo este Gobierno se ha incrementado significativamente su financiación y se han alcanzado acuerdos laborales con su profesorado. Resulta, por tanto, difícil sostener el relato del ataque a la concertada cuando los hechos demuestran precisamente lo contrario.

Tampoco se sostiene el argumento del ataque al euskera por el cierre de algunas aulas en ikastolas privadas. Este gobierno ha apostado como ninguno por la implantación del Modelo D en la red pública, también en el entorno rural.

La realidad es que la reducción de aulas obedece exclusivamente al descenso de natalidad, y desde esa realidad se ha adoptado una solución responsable para que sus consecuencias sean asumidas no solo por la red pública sino también por la concertada. Mantener las mismas aulas, muchas de ellas con ratios extraordinariamente bajos, sería tan irresponsable como ineficaz. Y a la larga dañaría a todo el sistema educativo en su conjunto. Significaría destinar recursos económicos a estructuras innecesarias mientras que se dejaría de invertir en otros ámbitos como la atención a la diversidad, la FP o la mejora de las infraestructuras de los centros educativos.

En este contexto, UPN ha optado por la irresponsabilidad más absoluta y ha decidido sembrar el caos con la presentación de una proposición de ley que, de aprobarse, no solo sería económicamente irresponsable, sino que además invadiría competencias de planificación educativa que la harían inconstitucional.

Una ley que partidos que se autodenominan progresistas, como Geroa Bai o Bildu, han decidido apoyar en un intento de competir por ver quién protege más la concertada. Cada uno por motivos distintos, pero todos desde una posición ideológica que merece ser examinada. Desde estas líneas invito a preguntarse si poner en peligro la escuela pública es progresismo, porque si así lo creen, quizá deban revisar sus autodefiniciones.

Creo que desde posiciones de izquierdas no podemos caer en la trampa de equiparar la educación con la defensa automática de cualquier concierto educativo. Aunque esa defensa se haga para blindar un modelo –el de las ikastolas– que nació cuando el euskera no podía estudiarse en la red pública, pero que hoy en día carece de sentido estratégico. Existe una implantación cada vez más consolidada del Modelo D en la red pública y las familias que así lo desean pueden elegir esta opción sin problema alguno. El argumento de la defensa del euskera no se sostiene.

Para los socialistas, la educación pública no es una opción más dentro del mercado. Es el corazón de nuestro sistema de bienestar y el eje fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.

Cuando baja la natalidad, la prioridad progresista debe ser reducir la ratio en la pública, mejorar la calidad educativa y reforzar los centros que sostienen la igualdad real: los centros rurales y aquellos que atienden a una mayor diversidad.

Defender la escuela pública no debería considerarse nunca sectarismo. Sectario sería convertir la planificación educativa en una subasta política permanente. Lo responsable es hacer lo que está haciendo el Gobierno de Navarra: adaptar el sistema educativo a la realidad demográfica, garantizar un acceso universal y proteger el papel central de la educación pública en nuestra comunidad.

La autora es senadora del PSN-PSOE