Como secretario general de UGT Navarra, no puedo dejar de expresar mi preocupación ante la deriva del discurso que en los últimos meses viene impulsando parte de la patronal en torno al llamado “problema del absentismo”. La última expresión de esta estrategia ha sido especialmente clara: condicionar cualquier avance en materia salarial o de jornada laboral a la reducción del absentismo. Una idea que, bajo apariencia técnica, encierra un intento de alterar el marco de la negociación colectiva y trasladar el foco desde las condiciones de trabajo hacia quienes enferman.

Conviene empezar por lo esencial: no estamos ante un problema de absentismo, sino ante un problema de salud laboral, organización del trabajo y deterioro de las condiciones laborales. Llamar “absentismo” a las bajas por incapacidad temporal es una forma de distorsionar la realidad. No es absentismo quien está enfermo, quien sufre una lesión o quien ve deteriorada su salud mental; absentismo es no acudir al trabajo de manera injustificada.

Sin embargo, la patronal ha decidido elevar este concepto a categoría de “problema de país” y utilizarlo como moneda de cambio en la negociación colectiva. “Salarios y jornada a cambio de absentismo”, se ha llegado a afirmar. Este planteamiento supone una línea roja desde el punto de vista sindical, porque implica condicionar derechos laborales fundamentales a un fenómeno que no depende de la voluntad de las personas trabajadoras.

Resulta llamativo que se ponga el foco en el coste económico de las bajas mientras se omite el coste humano de trabajar en condiciones inadecuadas. Detrás de cada proceso de incapacidad temporal hay una persona, una situación médica y, en muchos casos, un entorno laboral que debe ser analizado.

La evidencia apunta a factores como el aumento de la presión productiva, la intensificación de los ritmos de trabajo, las deficiencias en prevención de riesgos laborales y el crecimiento de los problemas de salud mental. Reducir todo ello a una supuesta falta de compromiso de los trabajadores es una simplificación que no se sostiene.

Frente a este diagnóstico simplificado, la respuesta patronal ha sido plantear medidas centradas en reducir costes empresariales: que la Seguridad Social asuma el pago desde el primer día, exonerar determinadas cotizaciones o ampliar el papel de las mutuas en el control de las bajas. En definitiva, trasladar el problema desde la empresa al sistema público sin abordar las causas que originan las incapacidades temporales.

Desde UGT Navarra defendemos un enfoque distinto. El debate no debe girar en torno a quién paga la baja, sino a cómo evitar que las personas enfermen a consecuencia de su trabajo. Y ahí es donde el discurso patronal muestra su principal debilidad: no hay propuestas serias sobre prevención, mejora de las condiciones laborales, reducción de cargas de trabajo o protección de la salud.

Es importante recordar que el derecho a la salud no es una variable de ajuste económico. La incapacidad temporal no es un privilegio ni un coste injustificado, sino una garantía del sistema de protección social. Convertirla en un problema económico que debe compensarse en la negociación salarial supone una deriva peligrosa.

Además, vincular salarios y jornada con la reducción del absentismo introduce un elemento de chantaje inaceptable en la negociación colectiva. Se transmite el mensaje de que las mejoras laborales deben quedar condicionadas a factores ajenos a la voluntad de los trabajadores. Eso no es diálogo social.

La postura de UGT es clara: no aceptaremos que las mejoras de la incapacidad temporal se utilicen como moneda de cambio ni que se cuestionen los derechos vinculados a la salud. La protección en caso de enfermedad no es negociable.

Pero además hay una cuestión de fondo que la patronal evita sistemáticamente: si aumentan las bajas, la pregunta es qué está ocurriendo en los centros de trabajo. Qué organización productiva está generando ese impacto sobre la salud, qué nivel de prevención existe realmente y qué papel juegan la precariedad y las cargas de trabajo.

El verdadero debate no es el absentismo, sino la calidad del empleo. Un mercado de trabajo sano no es aquel en el que se reducen las bajas a cualquier precio, sino aquel en el que las personas no enferman por trabajar.

En este sentido, resulta preocupante que se pretenda condicionar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva a este debate. El AENC no puede convertirse en un instrumento de presión unilateral, sino en un espacio de equilibrio entre salarios, jornada y condiciones laborales.

Frente a la confrontación, desde UGT seguimos defendiendo el diálogo social. Pero el diálogo exige reconocer la realidad completa, respetar los derechos consolidados y asumir que la salud no es negociable.

Por cierto, esta ofensiva de la CEOE contra el absentismo está llena de contradicciones, porque mientras denuncia los costes que generan las bajas laborales guarda silencio sobre una realidad que afecta cada semana a cientos de miles de trabajadores: las horas extraordinarias no pagadas.

En 2025, 441.000 trabajadores realizaron semanalmente horas extra sin remuneración, con una media de 5,6 horas adicionales por persona. Eso supone una pérdida de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones sociales. En conjunto, las horas extra no pagadas representaron un coste laboral anual de 3.243 millones de euros.

Navarra, como el conjunto de España, necesita un trabajo más estable, saludable y justo. Y eso solo se consigue poniendo la salud en el centro de las políticas laborales, no utilizándola como elemento de negociación. Porque una sociedad que convierte la enfermedad en un problema económico acaba debilitando no solo su sistema laboral, sino también su cohesión social.

El absentismo no es el problema. El problema es un modelo de trabajo que, en demasiados casos, sigue enfermando a quienes lo sostienen.

El autor es secretario general de UGT