Gran traición energética: 62.000 familias españolas en el olvido

A principios de la década de los 2000, el Estado español hizo un llamamiento histórico a sus ciudadanos: liderar la transición ecológica. Bajo el paraguas del Real Decreto 661/2007, 62.000 familias trabajadoras –agricultores, pequeños ahorradores y autónomos–, de ellas 9.000 son navarras, decidimos hipotecar nuestros patrimonios y confiar en el Boletín Oficial del Estado.

Invertimos en energía limpia no solo como un plan de futuro, sino convencidos de estar sirviendo a nuestro país. La respuesta del Gobierno, años después, fue una de las mayores quiebras de la seguridad jurídica que se recuerdan: un hachazo regulatorio retroactivo que nos abocó a la ruina y al endeudamiento crónico.

Hoy, la herida de esta amarga injusticia sangra con más fuerza que nunca debido a un agravio comparativo insostenible. Vivimos en una España donde la justicia y la protección económica parecen tener dos velocidades: una alfombra roja para las multinacionales y fondos extranjeros, y el desamparo absoluto para el ciudadano residente.

El pasado 28 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos asestó el mazazo definitivo a la estrategia de evasión de nuestro Gobierno. Al rechazar la petición de amparo de España y dejar firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, la justicia norteamericana ha puesto fin a los intentos del Estado de bloquear la ejecución de los laudos arbitrales. ¿El resultado? España se ve obligada a pagar miles de millones de euros a fondos internacionales por los recortes de las renovables bajo la amenaza de embargos de bienes estatales en el extranjero.

La paradoja es tan humillante como macabra. El Gobierno pagará de forma forzosa a los grandes inversores extranjeros por el daño que causó la misma ley que arruinó a sus propios compatriotas. Mientras las arcas públicas compensan al capital exterior, las 62.000 familias españolas seguimos atrapadas en un laberinto de desatención institucional.

Esta flagrante discriminación no es una rabieta de los afectados; es una anomalía en toda Europa. Países como Alemania, Francia o Italia blindaron a sus pequeños productores domésticos y jamás aplicaron recortes retroactivos, entendiendo que la confianza es el motor de la ecología. Pero es que, además, las propias instituciones del Estado nos dan la razón. El Defensor del Pueblo ya manifestó de forma tajante que las familias españolas no pueden recibir un trato inferior al de los fondos internacionales ante un mismo texto legal.

Aún más demoledor es el criterio de la actual presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Isabel Perelló. En su histórico voto particular de junio de 2016, la hoy máxima autoridad del Poder Judicial afirmó sin tapujos que los reales decretos del recorte debieron ser declarados nulos por incurrir en una “retroactividad ilícita” y por vulnerar flagrantemente los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima. Lo que el Tribunal Supremo de EEUU ejecuta hoy a la fuerza en Washington es exactamente lo que la presidenta del Poder Judicial ya advirtió en Madrid hace una década.

No podemos permitir que el Gobierno homologue la seguridad jurídica del extranjero a golpe de sentencia internacional mientras pisotea la de sus ciudadanos. Exigimos equidad de trato, la restauración de la confianza legítima y una mesa de negociación inmediata para rescatar a las familias trabajadoras. No pedimos privilegios ni subsidios; exigimos la justicia y la dignidad que nos garantiza la Constitución. Gobernar también es proteger a quienes un día creyeron en la palabra de su Estado.