Polo será juzgado y los agentes que actuaron en su accidente salen limpios

pamplona - Casi siete meses después del accidente que provocó el exconcejal de Seguridad Ciudadana por UPN, Ignacio Polo, conduciendo presuntamente ebrio, el regionalista deberá enfrentarse en las próximas semanas a un juicio oral cuya fecha concreta ha de fijar aún la Audiencia. Así se desprende del auto emitido ayer por la Sección Primera de ese mismo órgano, que desestima el recurso que contra el juicio interpuso el exedil regionalista y ordena su celebración dado que, tras la instrucción llevada a cabo, entiende probado que “existen indicios que justifican la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial”.

Pero no es este el único auto que dio a conocer ayer la Sección Primera de la Audiencia Provincial ya que, en un segundo dictamen, confirma el sobreseimiento de la causa abierta contra seis agentes de la Policía Municipal denunciados por el Ayuntamiento por los supuestos delitos de falsedad documental, incumplimiento del deber de impedir un delito y coacciones. Se trata, precisamente, de los agentes que actuaron en la calle tras el accidente de Polo y a quienes un informe del Grupo de Control y Auditorías del propio Cuerpo (asuntos internos) acusaba de haber mentido respecto a lo sucedido, de no haber impedido que Polo cogiera el coche y de haber amenazado a los agentes de Atestados que tramitaron la denuncia contra el exedil por la vía administrativa en vez de por la penal. Al respecto de estas acusaciones, la Sección Primera de la Audiencia entiende que “una discrepancia, aunque sea grave, no puede en ningún caso implicar ni una alteración de la verdad, ni la formulación a sabiendas de una denuncia falsa, cuando es evidente por un lado que aquella surge de la distinta valoración, en este caso, de la situación psicofísica de un conductor en relación con un consumo de alcohol, y por otra cuando además en el segundo de los casos precisamente en base a las manifestaciones de los agentes actuantes se han incoado diligencias previas por un presunto delito contra la seguridad vial”.

Segunda parte Más allá de los efectos que para el exedil de Seguridad Ciudadana pueda tener el veredicto del tribunal que lo juzgue (aún no está asignado), la emisión de ambos autos significa también un varapalo muy importante para la actual cúpula de la Policía Municipal y, por extensión, para los responsables políticos del Ayuntamiento.

En primera instancia, una posible condena de Polo abriría la segunda parte de esta causa, centrada esta vez en el supuesto trato de favor dispensado al exedil regionalista al tramitársele la denuncia por vía administrativa en vez de por vía penal. En ese caso la denuncia interpuesta en su día por los tres sindicatos presentes en la Policía Municipal, APM, SPMP y UGT (aunque posteriormente SPMP se desvinculó de la misma), apunta directamente a Simón Santamaría, jefe del Cuerpo, con quien Polo estuvo reunido, y al Jefe de Sala que actuaba aquella tarde como responsable de todos los operativos de Policía Municipal.

Pero es que además, el segundo de los dictámenes conocidos ayer, el referido a los agentes actuantes, deja también en evidencia a la cúpula del Cuerpo por una doble causa: en primer lugar porque en vez de actuar contra el exedil, denunció por lo penal a los agentes que actuaron en la calle y, en segundo lugar, porque a instancias del informe de asuntos internos ahora rechazado por la Audiencia, se abrieron varios expedientes disciplinarios que ahora, en teoría, deberían quedar sin efecto.

Pero las decisiones anunciadas ayer por la Audiencia también pueden dejar en una situación delicada al equipo de gobierno y, en concreto, al alcalde, Enrique Maya. Y es que fueron sus decisiones las que posibilitaron el informe de asuntos internos, las denuncias contra los agentes y la apertura de los expedientes.

Kontuz!. La personación de la asociación de consumidores Kontuz! en este proceso, aportando el informe que habían realizado los agentes actuantes y que la cúpula de la Policía obvió a la hora de tramitar la denuncia (ese informe relataba los evidentes síntomas de embriaguez de Polo que habría llegado a pegarse contra el coche cuando fue a recoger las llaves que se le habían caído al suelo), ha sido la clave para que este proceso llegue a juicio. Y es que si bien la instrucción se abrió a raíz de la denuncia de los sindicatos policiales, sólo Kontuz! ha actuado como acusación popular en la fase de instrucción y, de hecho, será la única representación de este tipo que actuará en el juicio. Kontuz! ya dijo en su día que no busca el escarnio de Polo, sino que se aclare si, efectivamente, se le dio un trato de favor por parte de la cúpula policial.

Ignacio Polo. Será el acusado en el juicio por el presunto delito de conducir bajo los efectos del alcohol. A nivel político este caso le costó el puesto (dimitió en abril) y, por el momento, ha perdido seis puntos del carnet y ha pagado 250 euros de multa.

Instructores. Una posible condena de Polo y la apertura de un procedimiento para determinar si hubo trato de favor al exedil pondría a los instructores del atestado (tres agentes adscritos a ese departamento) como los primeros responsables en esa causa.

Jefe de Sala. Quien ejercía de Jefe de Sala el 20 de abril, el subinspector responsable del departamento de Auditorías con número de placa 020, sería, en teoría, el responsable último de la decisión de tramitar la denuncia por vía administrativa.

Simón Santamaría. Esa tarde, el jefe de la Policía Municipal habría estado reunido con el Jefe de Sala y con el propio Polo tras la realización de las alcoholemias. La denuncia pide que se esclarezca su papel en la decisión de no tramitar la sanción por vía penal. El informe de los agentes actuantes que Kontuz! entregó a la instructora le habría llegado directamente a él, que lo obvió.

Enrique Maya. Pidió el informe de asuntos internos y respaldó la denuncia por vía penal contra los agentes que actuaron en la calle.

4.050 €

Dos años de retirada del carné de conducir, una multa de 4.050 euros (9 meses con cuota diaria de 15 euros) y la imposición de costas por el proceso, es la pena que la Fiscalía pide para Ignacio Polo.