pamplona - La nueva ley foral antidesahucios, aprobada por el Parlamento en 2013, fue recurrida ante el Constitucional, lo que impide que los ayuntamientos graven las viviendas vacías de particulares y entidades fiscales. Presión fiscal que, cuando menos, hubiera conseguido movilizar un mercado estancado. La crisis económica dejó un alto número de viviendas que, bien por no haberse podido vender, bien por desahucios consecuencia del impago de las hipotecas, quedaron libres. La misma crisis ha ido generando situaciones de emergencia habitacional que han exigido una respuesta desde las administraciones. Los ayuntamientos del cambio han movilizado sus escasos recursos para atender las situaciones más sangrantes. Las alternativas: rehabilitar su parque municipal, derivar casos a otros municipios o firmar un convenio con el Gobierno para que éste ceda viviendas que las gestionen los municipios comarcanos. El último recurso que la PAH utiliza es la ocupación de viviendas vacías procedentes de bancos o administraciones.

Es el caso del Ayuntamiento de Pamplona -que ya cedió en su momento 13 viviendas a Nasuvinsa-, se han rehabilitado y entregado 60 viviendas, y tiene en marcha otra remesa para hacer cumplir su propia ordenanza municipal de vivienda para situaciones de emergencia social. En total, el Consistorio cuenta con 170 viviendas vacías entre Rochapea, San Jorge y Ensanche. La mayoría de los casos que cumplen el baremo son derivados desde Servicios Sociales, lo que permite realizar un acompañamiento social, si bien otros llegan directamente desde la Oficina de Vivienda, admite Marisol de la Nava, directora de Acción Social. Desde este área se está trabajando también para que las familias que han ocupado viviendas vacías, tanto públicas como privadas, sean derivadas por esta otra vía para lograr “un proceso de normalización e inclusión”.

El Ayuntamiento ofrece de este modo durante un periodo transitorio, por ejemplo de seis meses, un recurso hasta que la familia o persona afectada encuentre una alternativa o un trabajo. Las viviendas han sido rehabilitadas a través de diferentes áreas de Conservación Urbana, empleo social y escuela taller. Entre los requisitos, estar empadronadas en Pamplona o tener residencia efectiva demostrable en la ciudad con una antigüedad de 2 años y no superar unos ingresos en los últimos seis meses de hasta 2,2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuando la unidad familiar o de convivencia sea de un miembro. El precio del alquiler oscila entre los 20 y los 441 euros, según sean los ingresos familiares y el número de componentes. Entre los requisitos económicos también se encuentra el no disponer de patrimonio mobiliario con un valor superior a 1,5 veces la cuantía anual del IPREM. Por otro lado, el acceso a las viviendas de emergencia social se abrió a personas sin residencia legal. “Sigue habiendo desahucios pero sobre todo de situaciones de alquiler. Lo que más nos llegan son familias enteras que viven en habitaciones, personas que trabajan pero no pueden asumir el pago de su vivienda por tratarse de salarios muy bajos y también varones que viven solos en habitaciones pero que tienen menos posibilidades de entrar por baremo”, remarca De la Nava.

La directora de Acción Social también destaca el aumento de la demanda de ayudas para el programa Provivienda de apoyo a personas con dificultades económicas en el pago de su vivienda y “con las que también se trabaja para que puedan acceder a una VPO”.

Barañáin también ha dado luz verde al convenio con el Gobierno de Navarra para disponer de cuatro viviendas de emergencia social en el municipio. El Ayuntamiento de la localidad pasará a gestionarlas. Nasuvinsa se encargará ahora de acondicionar estos tres inmuebles (que requieren de pequeños retoques y podrían estar disponibles en algo más de un mes), además de una cuarta vivienda que necesita una actuación de mayor calado.

Por su parte, Burlada cuenta con unas 42 viviendas para su destino como alquiler social, no precisamente para casos de emergencias, la mayoría de las cuales están completas. “Cuando entramos en el gobierno pusimos a punto las viviendas vacías y adjudicamos unas diez bajo baremo”, expone el alcalde Txema Noval. “Trabajamos antes de que se produzca el desahucio y se busca una alternativa con la banca, el Sareb (banco malo) o con Nasuvinsa pero no se garantiza que sea en Burlada”, indica.

Al igual que Beriáin, el Ayuntamiento de Ansoáin va a reformar este año la única vivienda que dispone, en este último caso en la avenida de Villava. “Queremos actualizar un estudio de vivienda vacía, tener un censo con la demanda existente de vivienda de alquiler y firmar un convenio”, destaca Patricia Abad, responsable del área social del Ayuntamiento de Ansoáin que resalta también las ayudas de emergencia social.

Raul Maiza, alcalde de Berriozar, destaca que su ayuntamiento fue pionero en la colaboración con Nasuvinsa que les cedió cuatro pisos. “A día de hoy seguimos manteniendo este convenio y garantizamos que ninguna persona se vea en la tesitura de estar en la calle”, relata. “Trabajamos codo a codo con la PAH de Berriozar para atender todas y cada una de las necesidades de vivienda”, subraya. El Consistorio sólo dispone de un piso en propiedad.

Villava por su parte tiene cuatro viviendas de las cuales tres están ocupadas por familias en situación de precariedad y una está pendiente de arreglar. El paso siguiente es elaborar una ordenanza que regule la ocupación de estas viviendas.

Para Jesús Hernández, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra, el grueso de los desahucios tienen su origen en el impago de viviendas de alquiler. En este momento hay cuatro familias en viviendas que la PAH denomina “recuperadas”, es decir, que son propiedad de bancos o administraciones (en Rochapea y Ansoáin hay cuatro casos). “Son situaciones extremas. Cuando vemos una vivienda que lleva más de dos años vacía, se utiliza, se informa al banco de la entrada de esa familia, informando de todo el expediente para pedir un alquiler social en función de los ingresos”, abunda. A juicio de Hernández, las administraciones podrían hacer un mayor esfuerzo en materia de vivienda y exclusión. Para empezar “falta un censo de viviendas vacías”. Asimismo, destaca, “hay muchas maneras de presionar a los bancos para que muevan sus viviendas, los ayuntamientos a través de la contribución y el Gobierno con la gestión de un presupuesto de 3.800 millones”, reitera. En positivo, destaca el impulso a la bolsa de vivienda de alquiler de Nasuvinsa, donde ya no es necesario que lleve un año desocupada y que también da entrada a pisos de sociedades. “Pese a todo debería haber, como en la CAV, una campaña más incisiva que invite personalmente a personas del censo de viviendas vacías a que activen su vivienda”.

Ordenanza municipal de Pamplona. Las viviendas municipales serán arrendadas temporalmente y el precio del alquiler oscilará entre los 20 y los 441 euros, cantidad que se establecerá según sean los ingresos familiares y el número de componentes.

Comarca de Pamplona. Burlada no tiene viviendas de emergencia social -si de alquiler social- pero garantiza una mediación con bancos y y la derivación de casos a otros barrios o municipios. Ansoáin y Beriáin van a rehabilitar la única vivienda que tienen en propiedad. Otros ayuntamientos como Barañáin han optado por firmar convenios con el Gobierno foral para que Nasuvinsa ceda viviendas que tiene en el municipio y se fomente a su vez la bolsa de alquiler social que tiene el Gobierno para viviendas de particulares que estén vacías. El Ejecutivo garantiza un seguro y ha simplificado los requisitos para ofertar viviendas.