La tramitación del expediente que permitirá poner en marcha una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Pamplona ha tenido un giro inesperado.
Un informe solicitado por el alcalde Enrique Maya al Secretario del Pleno pone en cuestión los argumentos que el equipo de Gobierno ha venido empleando para mantener paralizado el expediente y puede suponer de hecho que su tramitación siga adelante.
Lleva un retraso de tres meses, según los grupos de la oposición, que acusan a Navarra Suma de obstruir intencionadamente esta iniciativa que se puso en marcha el 17 de mayo de 2022, cuando los 14 representantes de EH Bildu, PSN y Geroa Bai firmaron una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno e incorporar la figura de las comisiones de investigación.
El objetivo es conocer si el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento –un cargo de designación directa– realizó trabajos para Navarra Suma al margen de su ámbito de actuación.
Según un peritaje que el grupo municipal de EH Bildu dio a conocer a finales de abril, el citado empleado utilizó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Ayuntamiento y en horario laboral para los informes que Navarra Suma presentó en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en contra de la planta de residuos proyectada en Imárcoain.
Tramitación del expediente
Para conocer el alcance de lo sucedido, la oposición puso en marcha la tramitación de un expediente que comenzó con un obstáculo procedimental relevante: para crear una comisión que investigue este caso –y otros que pueden producirse en el futuro– era necesario cambiar previamente el reglamento, ya que el actual no lo permite.
Y es aquí donde los grupos que impulsan la iniciativa se han encontrado con el freno del equipo de Gobierno, que lejos de tramitar el expediente se ha dedicado a buscar argumentos técnicos para mantenerlo paralizado (falta el informe de igualdad y el periodo de exposición pública de la propuesta).
En este contexto hay que situar la solicitud que el alcalde Maya presentó el pasado 5 de septiembre al Secretario del Pleno para que se pronunciara sobre 4 cuestiones jurídicas referentes al citado expediente.
El Secretario del Pleno es conciso en su informe, fechado el 21 septiembre, y cuestiona las decisiones que el equipo de Gobierno ha adoptado hasta el momento.
En primer lugar analiza el plazo para la emisión del informe de igualdad, imprescindible para la tramitación del expediente, que según el escrito del alcalde Maya “se encuentra paralizado por causa de los proponentes”.
“Dicho informe, por propia definición, no puede encontrarse paralizado por causa de los proponentes, pues debe ser efectuado por el propio Área"
En su respuesta, el Secretario rechaza el planteamiento del equipo de Gobierno y afirma que dicho informe debe ser elaborado por el área responsable:“Dicho informe, por propia definición, no puede encontrarse paralizado por causa de los proponentes, pues debe ser efectuado por el propio Área. Si tal informe preceptivo no fuese efectuado en el plazo establecido, el plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses, por lo que, de no recibirse el informe en el plazo indicado, deberá proseguir el procedimiento”.
"La consulta pública no puede obviarse"
No le va mejor al alcalde en la segunda cuestión que plantea al Secretario, al que pregunta “si puede obviarse la consulta pública prevista en la legislación básica por el transcurso de tres meses desde la solicitud del informe”.
La respuesta es negativa y avisa que no puede obviarse “la consulta, audiencia e información públicas” porque la ausencia de dichos trámites “supondría un vicio del procedimiento que podría determinar la nulidad del mismo”.
El tercer punto todavía es más concluyente y pone en evidencia la estrategia dilatoria que ha puesto en práctica Navarra Suma.
En concreto, el alcalde pregunta al Secretario si la consulta pública puede efectuarse sin la previa emisión de los informes que prevé el reglamento.
En concreto, el alcalde pregunta si la consulta pública puede efectuarse sin la previa emisión de los informes que prevé el reglamento. En su respuesta, el Secretario menciona tres casos concretos (el reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores, la ordenanza reguladora de las ayudas a la rehabilitación de edificios y la ordenanza sobre procedimiento urbanístico) donde la consulta previa se realizó “sin los informes que prevé el reglamento”.
En su informe, el Secretario concluye que la “consulta pública en la página web, puede efectuarse sin que consten los informes que prevé el R.O.P. (informe jurídico, y en su caso, técnico o económico). Bastará, a efectos de publicidad en la web, con que conste un documento claro, conciso y con la información precisa, explicando los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, como viene siendo habitual en la práctica de este Ayuntamiento”.
Órgano competente
El cuarto y último punto responde a la pregunta del alcalde Maya sobre el órgano competente para la aprobación de la modificación tratándose de una proposición presentada por los grupos políticos.
Según el Secretario, “el que la iniciativa parta de los grupos políticos (o de cualquier otro órgano con capacidad para iniciarla), no afectará al régimen de competencias para la aprobación de la modificación del Plan normativo”.
Añade en su informe que el órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan normativo, “con independencia de quién parta la iniciativa normativa, es el mismo que el que ostenta la competencia para aprobación del Plan normativo, esto es, la Junta de Gobierno Local”.
Cabe recordar que los grupos municipales reprobaron en el Pleno celebrado el 9 de septiembre a Ana Elizalde, concejala delegada del área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, como responsable de la gestión “torcitera” en la tramitación de una modificación del reglamento del Pleno para incorporar la figura de las comisiones de investigación.
Con el informe en la mano, ahora queda por saber si el equipo de Gobierno toma nota o mantiene el pulso con los grupos de la oposición, que ya han anunciado que exigirán responsabilidades si el expediente se mantiene paralizado por más tiempo.
