MADRID. Las fuerzas de seguridad han detenido en Portugal a Andoni Zengotitabengoa, identificado como uno de los etarras que huyó de la casa que ETA utilizaba como base en Óbidos, al norte de Lisboa, han informado a Efe fuentes de la lucha antiterrorista que no han especificado el lugar de la detención.
Zengotitabengoa Fernández y su compañero Oier Gómez Mielgo fueron identificados el pasado febrero como los presuntos etarras que ocupaban una casa en la localidad de Óbidos en la que la Policía portuguesa localizó a principios de febrero unos 1.500 kilos de explosivos.
Cengotitabengoa, nacido en Bilbao el 14 de marzo de 1979, fue identificado a través de las cámaras de seguridad de un supermercado al que había acudido a realizar unas compras y figura en la lista de los terroristas más buscados por la Guardia Civil, en la que también aparece su hermano Luis María.
Estaba huido desde 2003 y había sido condenado a 13 años por "kale borroka" en 2000.
En el registro de la casa de Óbidos se encontraron ordenadores y documentación que permitieron a las fuerzas de seguridad identificar a los terroristas, así como uno de los mayores arsenales de explosivos incautados a la banda en los últimos años.
Los planes de ETA de instalarse en Portugal salieron a la luz el 9 de enero cuando la Guardia Civil interceptó cerca de la frontera una furgoneta con explosivos y, horas más tarde, la policía portuguesa arrestó a Garikoitz García Arrieta y a Iratxe Yáñez Ortiz.
En lo que va de año, las fuerzas de seguridad han detenido a una treintena de presuntos etarras, veinte en España, siete en Francia y tres en Portugal.
ETA cuenta en Venezuela con unas 40 personas relacionadas con su actividad delictiva y cerca de un centenar repartido por diversos países del continente Iberoamericano como Cuba o México. La mayoría de ellos son huidos de la Justicia, como es el caso de Zengotitabegoa, y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa de la banda.
Este auto ha provocado una polémica entre el Ejecutivo español y el Gobierno de Hugo Chávez, cuya postura respecto a ETA ya provocó otro conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras --Lorenzo Ayestarán, Angel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa--, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Gobierno español se quejó formalmente y evitó esta medida, así como que las autoridades venezolanas indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.
Tras conocerse el auto del juez Velasco, Hugo Chávez no dudó en acusar al magistrado de hacer "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano" y lo consideró un vestigio de la época colonial española.
En rueda de prensa en Hannover (Alemania), el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, informó de que el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, había pedido "explicaciones" a Venezuela sobre el auto, en el que se procesa al presunto etarra Arturo Cubillas, que trabaja para el Goberno de Venezuela.
