La Justicia duda que el recorte de sueldo a los funcionarios sea constitucional

pamplona. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit del pasado 20 de mayo referido al recorte salarial a los funcionarios en régimen laboral (una media del 5%). La Audiencia entiende que este artículo "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva".

La Audiencia emitió esta providencia en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT). En el texto, fechado el pasado 4 de octubre, los jueces, de manera unánime, deciden conceder un plazo de diez días "improrrogables" a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.

el argumento Asimismo, este tribunal concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen "lo que su derecho convenga" sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Según el letrado del Gabinete Interfederal de CCOO Enrique Lillo, esta providencia, "sin prejuzgar el sentido final del procedimiento", refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas para 2010.

El sindicato subraya en un comunicado que mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales que ha iniciado en defensa de los empleados públicos, "promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a los cerca de tres millones de personas afectadas".

el ahorro El recorte en el salario de los funcionarios comenzó a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre --sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre--. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.

El Gobierno ha afirmado que este recorte salarial a los empleados públicos le supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros este año (desde su aplicación en junio hasta diciembre) y otros 2.200 millones adicionales en 2011, lo que suma un total de 4.500 millones de euros.