LA cuestión crucial del caso de las dietas de Caja Navarra no por repetida va a dejar de ser capitular en el caso. Sea la juez instructora de Pamplona o designe el Supremo un magistrado para que lo investigue, lo fundamental del caso es demostrar si los imputados y la presidenta Barcina, que está en la antesala de serlo, cobraban una retribución en Caja Navarra para hacer una labor o, simplemente, se daban por enterados de unas cuestiones (a veces ni eso, porque se daban enterados de las mismas cuestiones dos veces o no había acuerdos que abordar) y les entregaban una dádiva en función del cargo público que desempeñaban. Porque la juez ya dice en su exposición que Miguel Sanz no formó parte de la Comisión Permanente de Caja Navarra por ser presidente de la Junta de Entidades Fundadoras, sino que hace el razonamiento a la inversa, es decir, por ser presidente del Gobierno de Navarra era el máximo responsable de la JEF y también de la Permanente. Lo mismo ocurre con el resto de imputados, salvo con Goñi, cuya imputación viene fijada porque es el responsable máximo de la entidad que entrega las dádivas.
El Supremo ya se ha pronunciado en alguna ocasión sobre este tipo delictivo, para el que el artículo 422 del Código Penal fija una condena de seis meses a un año de prisión y una suspensión de empleo de cargo público de uno a tres años. Para adoptar la decisión de aceptar la causa e investigarla, no le resultará vinculante al Supremo la opinión de la Fiscalía del Alto Tribunal, aunque como garante de la legalidad, su opinión es muy tenida en cuenta para la decisión final. Sorprendería sobremanera que la Fiscalía del Supremo aporte conclusiones distintas a las que ya ha alcanzado la Fiscalía navarra, que no percibe delito y cree que se debería archivar la causa. Pero, igualmente que la opinión del Ministerio Público resultará relevante, no lo será menos el hecho de que una juez instructora, que merece todas las garantías de imparcialidad, envíe la causa al Supremo. Si tras 6 meses de investigación aprecia indicios de delitos, eso hace dudar de que el Alto Tribunal rechace el caso.
