sevilla. El Consejo de Gobierno andaluz decidió ayer plantear a las entidades financieras una moratoria en materia de desahucios hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de la nación contra el decreto autonómico sobre la función social de la vivienda.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), se dirigirá a las entidades que operan en Andalucía, a las que pedirá que durante los cinco meses de suspensión cautelar de la norma "dejen de ejecutar desalojos de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social". Con esta iniciativa, la Junta busca dar respuesta a la "situación de indefensión y angustia" en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto y las que se podrían adherir, según ha explicado Vázquez.
El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, insistió en que el texto normativo es "perfectamente constitucional" y "respetuoso" con la doctrina del alto tribunal sobre la función social de la propiedad, por lo que la Junta está redactando alegaciones para solicitar el levantamiento de la suspensión cautelar. "El daño que se hace a una familia cuando se le expulsa de su casa es irreparable", subrayó Vázquez, que recalcó que el Gobierno andaluz de coalición "no renuncia" a una medida que considera "de justicia social". Recordó que el decreto se está tramitando en el Parlamento de Andalucía como proyecto de ley, que podría ser aprobado en septiembre, cuando los ciudadanos tendrán de nuevo acceso "a este instrumento para combatir este drama social". "Es una medida social, de interés humano y amparada en la Constitución", apuntó el portavoz, que ha recordado que el PP no se opuso a la aprobación del decreto.
