Corrupción: el año más negro del PP

en 2017 se han ido cerrado mediáticos casos de corrupción como el de Nóos, que ya tiene sentencia, o el de Gürtel, cuyo principal juicio ha terminado este año tras 7 años de instrucción y pasará a la historia judicial por tener como testigo por primera vez a un presidente del Gobierno en activo.

A la vez, nacían nuevos casos como el de Lezo, que se llevaba por delante al expresidente Ignacio González por su gestión en el Canal de Isabel II y reforzaba las sospechas de una financiación irregular del PP madrileño que destapó el caso Púnica, por el que Granados ha recibido este mes su primera condena, dos años de cárcel.

La sentencia del caso Nóos liberó finalmente a la infanta Cristina de la acusación de delito fiscal que solo mantuvo Manos Limpias, mientras que su marido Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude y dos delitos fiscales.

Su ingreso o no en prisión depende de lo que resuelva ahora el Supremo, al que la Fiscalía ha pedido doblar esa pena.

Tras trece meses y medio, el juicio por la primera época de Gürtel (1999-2005) quedaba visto para sentencia el 17 de noviembre tras ver desfilar este año a ilustres testigos -exministros del PP o la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre-, y, por primera vez, a un presidente del Gobierno en activo.

El 26 de julio, Mariano Rajoy estuvo dos horas respondiendo a las preguntas de las acusaciones y de la Fiscalía, ante las que reiteró que sus funciones en el partido siempre han sido meramente políticas y no contables, y negó que conociera la caja B reflejada en los papeles de Bárcenas, que calificó de “absolutamente falsos”.

La serenidad, la preparación con sus abogados de la declaración y la ironía que empleó en algunas de sus respuestas le permitieron salir airoso de una de las pruebas más difíciles que ha tenido que afrontar por culpa de Gürtel.

Con Granados todavía en la cárcel -salió en julio para afrontar en libertad el primer juicio de Púnica-, el caso Lezo estallaba en abril sacando a la luz la presunta compra fraudulenta de filiales del Canal de Isabel II en Latinoamérica con la complicidad de González y otros exdirectivos de la empresa pública madrileña.

Todos ingresaron en prisión y fueron saliendo poco a poco con fianzas, los últimos el expresidente madrileño y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Con Lezo se estrenaba el recién nombrado fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix, una investigación que le causó desde el principio tensiones con los fiscales del caso por tratar de paralizar al inicio unos registros relacionados con la filial colombiana del Canal, Inassa, y que podrían afectar al también expresidente regional del PP Alberto Ruiz-Gallardón.

Reunidos todos los fiscales anticorrupción en una junta, los fiscales del caso defendieron completar toda la operación y expusieron una grabación de una conversación en la que González manifestaba al exministro del PP Eduardo Zaplana su agrado por el posible nombramiento de Moix como fiscal jefe anticorrupción.

Los fiscales, con el apoyo de la mayoría de los reunidos ese día, consiguieron finalmente su propósito y Moix acabó accediendo a que se practicaran todos los registros.

Después de este episodio, surgieron otras polémicas con los fiscales que investigan el 3% o al clan Pujol, y en plena guerra en la Fiscalía apareció una información que relacionaba a Moix con una cuenta de una sociedad en Panamá a la que su padre, ya fallecido, tenía adscrito el chalé familiar.

Tras negar varios días que esta situación fuera irregular, acabó tirando la toalla y presentó su dimisión ante el fiscal general del Estado que le había nombrado dos meses antes, el fallecido José Manuel Maza, que aceptó su renuncia sin dejar de defender su actuación.

venganzas Además de la conversación sobre Moix, las intervenciones telefónicas de Lezo sacaron al descubierto desavenencias y supuestas venganzas en el PP, un posible chivatazo de la operación en curso y la existencia de una vídeo en la que un empresario, Rafael Palencia, aseguraba haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones. Grabación que podía además haber sido utilizada para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Este último descubrimiento ha reactivado la causa sobre la caja B del PP, que el juez José de la Mata reabría en 2016 después de que el cabecilla de Gürtel Francisco Correa asegurara en el juicio que grandes empresas españolas pagaban comisiones al partido.

De la Mata ha incorporado ahora esas grabaciones a la investigación, y ha llamado a declarar a González, Zaplana y a Javier López Madrid, el yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, estos dos últimos imputados en Lezo.

A Moix, que duró sólo dos meses al frente de Anticorrupción, le sucedió Alejandro Luzón, un fiscal “de la casa” que servía para calmar las aguas en una convulsa Fiscalía que le recibió con alivio.

Luzón inauguró su nuevo cargo con la operación Soule, que destapaba la utilización de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por parte del que había sido su presidente los últimos 29 años Ángel María Villar, suspendido temporalmente, y de su hijo Gorka, que estuvieron algo de más de un mes en prisión provisional. - M.G.