El informe del Síndic empuja a Torra a retirar los lazos amarillos

pamplona - El informe del Síndic de Greujes (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, fuerza a Quim Torra a cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) y quitar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos en periodo electoral para garantizar la neutralidad institucional. El propio president vinculó su actuación a la resolución de esta institución aunque ya conocía su posición desde el pasado viernes. En una comparecencia de urgencia, Ribó reveló que hizo llegar ese día esta recomendación, elaborada por iniciativa propia, al Jefe del Govern, quien sin embargo pidió aclaraciones.

Tras el requerimiento inicial de la JEC, el Síndic trasladó al Govern una resolución, en base a otra del 17 de septiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral. Así se lo trasladó Ribó el viernes por teléfono y en persona a Torra, quien “de inmediato” le pidió clarificaciones sobre algunas cuestiones de dicho posicionamiento, por lo que el lunes el president presentó en el registro un escrito preguntando a qué edificios de titularidad pública afectaba, si debían retirarse los símbolos puestos por los funcionarios y a qué se refería cuando se habla de periodo electoral. El Síndic optó por no divulgar su dictamen ya adoptado por si las aclaraciones posteriores pudieran cambiar parte del texto, y fue ayer cuando conversó de nuevo con Torra reafirmándole la misma posición. “Fuera del periodo electoral y tras el periodo electoral, todo el mundo, también las autoridades públicas, deben tener la libertad de colgar esta simbología, pero durante el mismo las autoridades públicas deben abstenerse de ello”, recalcó. Dejando claro que las resoluciones del Síndic no son vinculantes, puntualizó que los funcionarios y, en general, todo el personal de la administración, deben tener garantizado el derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, pero que la administración puede circunscribirlo “en determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho” con el derecho ciudadano una administración neutral. Todo apunta a que, con su estrategia de devolver la pelota a su Defensor del Pueblo, Torra ha buscado acatar la resolución de una institución catalana y no española.

Preguntado por si cree que el Jefe de la Generalitat le trasladó la responsabilidad, Ribó aseguró que no se ha sentido “utilizado” y que tampoco le “preocupa” que alguien pueda “escudarse” en él. Además de reivindicar la independencia de la institución, auguró que, pese a la resolución, la casuística a la hora de buscar alternativas a los lazos amarillos será “inmensa”. Por otro lado, abogó por no judicializar estos asuntos. “Nos hace falta política, muchísima, y este Síndic aportará toneladas de políticas públicas; de una vez por todas hay que huir de la tentación de llevar la política al Código Penal”, zanjó.

En este contexto, el líder del PP, Pablo Casado, emplazó a Pedro Sánchez a aplicar el artículo 155 de la Constitución puesto que Torra está “yendo contra la ley” y el Gobierno de la nación debe “poner orden”. “Lo que yo haría es ir a un Consejo de Ministros e iniciar su procedimiento de aplicación, diciendo oiga señor Torra, le mando un requerimiento de cumplimiento de la Constitución. A ver qué contesta”, declaró Casado. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, precisó que la estrategia de Casado “no soluciona los problemas de Catalunya”, aunque reconoció que el Jefe del Govern ha recurrido a la “retórica, muy molesta y a veces inaceptable”, y que de mantener la negativa podía traspasar la raya de la desobediencia. Calificó el “desafío” del president a la JEC como “claramente electoralista”, una “gesticulación” de cara a los independentistas. Una JEC que fijó su reunión ayer para dirimir posibles sanciones a Torra al no cumplir los plazos marcados.

Todo lo contrario piensa la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, quien acusó a la JEC de desplegar una “cortina de humo” para desviar la atención del Tribunal Supremo con una “polémica absurda” sobre los lazos, que ella no retiraría porque sería “dar por buena la represión”. Por su lado, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, se dirigió a Torra en los siguientes términos: “No es que lo diga el Defensor del procés, es que en democracia hay que respetar la neutralidad de las instituciones públicas tal y como recoge la ley”. El PSC criticó que Torra haya tenido que pedir un informe al Síndic.

Colau se rebela y no recupera el lazo

Aprobado por el Consistorio. La comisión de Presidencia de Barcelona aprobó ayer una propuesta del PDeCAT para que el Ayuntamiento vuelva a colocar el lazo amarillo, pero el Gobierno municipal rechazó hacerlo para evitar una “guerra de símbolos”, según el teniente de alcalde Jaume Asens, precisando que se retiró por orden de la Junta Electoral de Barcelona. La iniciativa prosperó con el apoyo de PDeCAT, ERC y CUP, la abstención de BComú y el rechazo de Cs, PSC y PP. Colau se negó a hacer “una gesticulación como la de la Generalitat, estéril y retórica para ocultar su inacción”. Por su parte, la Junta Electoral obligó a Colau a cerrar la web de balance de su mandato. Además, Vox se querella contra ella por no cederle el Palau Sant Jordi para un acto.