PNV y EH Bildu, junto con otros ocho partidos del Congreso, ha registrado una proposición no de ley en defensa de la realidad plurilingüe para que las lenguas propias distintas al castellano tengan el mismo reconocimiento y sus hablantes tengan los mismos derechos y deberes que la lengua oficial de todo el Estado.
La proposición insta a poner fin al "imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal" y que se permita el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación. Entre ellas, citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.
La iniciativa, que ha presentado junto a Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG, insta al Gobierno, entre otras medidas, a garantizar el conocimiento de la lengua propia por parte de los funcionarios que presten servicios en territorios con esta realidad lingüística.
También demanda al Ejecutivo que autorice a usar las diferentes lenguas entre las administraciones territoriales del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas e impulsar y apoyar reformas estatutarias para oficializar las lenguas propias que aún no lo son en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado que la defensa de los derechos de los hablantes de las diferentes lenguas del Estado, no es otra que una "defensa de los derechos fundamentales".
"Reconocer, dignificar nuestras diversidad lingüística nos hace un país mejor, nos describe de un modo más cierto y es de una riqueza cultura innegable" ha sentenciado.
Además, estas formaciones reclaman que se apoyen las reformas estatutarias para que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.
Los diez grupos firmantes de la iniciativa explican en su PNL que España debe cumplir con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.
"Este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos", razona la proposición.
