o es sencillo para un Gobierno asumir la dimisión de uno de los miembros. Mucho menos todavía si el Ejecutivo es de coalición y si la parte implicada se siente víctima de una injusticia. Quizá por eso se ha dilatado tanto una decisión que parecía inminente a principios de semana, y que se ha acabado precipitando de forma inevitable, forzada por una ley injusta pero en vigor y un ambiente político cada vez más enrarecido.
La situación no era cómoda para María Chivite ni para su partido, muy crítico con todo el proceso de Davalor la pasada legislatura, y que veía con preocupación que la polémica pudiera acabar salpicando a la presidenta. Tampoco para Geroa Bai, que tenía en Manu Ayerdi uno de sus principales activos, símbolo de una gestión rigurosa al frente del Gobierno, pero que ha acabado cediendo ante el riesgo de que la sociedad interpretara sus reticencias a dimitir como un apego injustificado al poder. Ni desde luego para el propio afectado, que finaliza su paso por la política antes de tiempo por una acusación que considera "infundada", y que de momento no se ha demostrado. El tiempo dirá si su adiós es definitivo o solo algo temporal, como afirma el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
La dimisión del consejero de Desarrollo Económico es en cualquier caso el punto final a la crisis de Gobierno, la primera del Ejecutivo Chivite, y que se ha saldado sin mayor desgaste. Con acuerdo entre los socios y un relevo que cuenta con una solvencia contrastada. Ni la salida de Ayerdi, uno de los consejeros mejor valorados, era una demanda social, ni las formas con las que Javier Esparza ha gestionado todo el proceso, entre exabruptos y amenazas de querella, hacen pensar que UPN vaya a rentabilizar su marcha. Puede que incluso tenga efectos contrarios si los ciudadanos interpretan que Navarra ha perdido un gestor válido en medio de una urgencia social y sanitaria por la ambición política del principal partido de la oposición. La lectura final dependerá en cualquier caso de lo que ocurra a partir de ahora en los tribunales.
La salida de Ayerdi tiene no obstante algunas consecuencias importantes en el seno del Ejecutivo. De entrada, exige recomponer dos áreas clave como Desarrollo Económico y Acción Exterior. Ambas gestionadas por Geroa Bai, que pierde a un peso pesado en el Consejo de Gobierno. El consejero del PNV era una figura con autoridad política y credibilidad social que no será fácil de sustituir, lo que indirectamente también debilita el peso de la formación vasquista dentro de la coalición.
No es un detalle menor en un Ejecutivo descompensado de origen en favor de los socialistas, que con apenas dos escaños más que su socio cuenta con las principales responsabilidades (presidencia, portavocía y Hacienda) y la mayor parte del presupuesto. Sobre todo en un momento en el que la gestión de los fondos europeos empieza a despertar las primeras discrepancias internas.
Las ayudas europeas son una competencia que por organigrama corresponden, si no en su totalidad sí en su mayor parte, a Geroa Bai, que en el acuerdo de coalición asumió las relaciones con la UE y los dos departamentos que más ayudas europeas gestionan: Desarrollo Económico y Desarrollo Rural. Por lo que no le ha sentado nada bien que la consejera de Hacienda, Elma Saiz, -una figura cada vez más discordante dentro del Gobierno-, se atribuyera el pasado jueves en el Parlamento competencias que no le corresponden. Especialmente después de la opacidad mostrada tras el último consejo interterritorial sobre fondos europeos.
Una cuestión que queda en la carpeta de asuntos pendientes, como el decreto del euskera, la reforma del Mapa Local o la Ley de Cambio Climático. Y que el Gobierno deberá resolver con más determinación de la que ha mostrado ante la campaña orquestada por UPN contra uno de sus consejeros. Una batalla política que ha vuelto a poner en evidencia que la principal debilidad del Ejecutivo foral reside precisamente en su falta de cohesión.
Es posible que la reacción del PSN hubiera sido diferente si la persona cuestionada formara parte de la cuota socialista -solo el portavoz, Javier Remírez, ha mostrado un mínimo de empatía-. Pero ni el Gobierno en general ni los socialistas en particular deberían pasar por alto que la de Ayerdi no es la primera ni será la última arremetida de la derecha contra el Gabinete de Chivite o cualquiera de sus cargos, por muy menores que sean. Y que va a necesitar mayor fortaleza si quiere hacerle frente. Porque si algo ha quedado claro en estos últimos días es que el cuanto peor mejor va a seguir siendo la lógica de Navarra Suma hasta el final de la legislatura. Caiga quien caiga.
La marcha de Ayerdi obliga a recomponer dos áreas clave en la gestión de los fondos europeos, que ya han generado los primeros roces
El Gobierno va a necesitar mayor fortaleza que la mostrada estos días para hacer frente a la derecha
