El Gobierno de Navarra va a tratar de darse toda la prisa posible para que las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha se vean reparadas.

Y, como el desarrollo de la ley todavía ocupará varios meses, el director de Paz y Convivencia, el socialista Martín Zabalza, ha pedido perdón a las víctimas por si los retrasos estuvieran contribuyendo todavía más a su dolor.

El director general ha comparecido en el Parlamento junto con la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Lo han hecho para informar de cuáles serán los siguientes pasos en el desarrollo de la norma navarra una vez el Constitucional ha rechazado los recursos de PP y Vox (está pendiente un segundo recurso que interpuso también Ciudadanos) y ha avalado la totalidad del texto.

Ollo ha explicado que ha puesto en marcha una orden foral para iniciar cuanto antes la redacción de un decreto que desarrolle aspectos clave de la ley (cuantías económicas, forma de presentación de instancias, reglamento de la comisión de expertos…), un “compromiso ético” del Gobierno de Navarra para con un sector de víctimas institucionalmente olvidadas.

Pero, al margen del trabajo que ya ha iniciado el Gobierno y que no verá la luz hasta 2022 por mucha prisa que se quieran dar, Ollo ha instado a los grupos parlamentarios a que nombren cuanto antes a los cuatro miembros que el Parlamento tiene derecho a designar en la comisión de expertos que dictaminará quiénes acceden a la condición de víctima.

Y ha pedido que se haga desde el consenso, un detalle importante teniendo en cuenta que la derecha de Navarra Suma, que tiene 20 de 50 escaños, ha mostrado sus recelos con el texto. Y la comisión necesita 26 votos, mayoría absoluta, para ser nombrada, por lo que haría falta un gran consenso que, en este caso, se aspira a que sea unánime. Tienen el reto de llegar a un acuerdo y les deseo “suerte y fortuna en la elección”.

Zabalza, en su turno, ha dejado claro que pese a que a partir del aval Constitucional es cuando se ha acelerado el trabajo en la ley, el departamento “no empieza de cero”, porque se habían adelantado trámites para solapar todo lo posible el desarrollo de la ley.

Consciente de que la materialización de la ley tardará en llegar, Zabalza ha pedido perdón a las víctimas por si los retrasos añadieran más dolor. “Quizás estamos tardando demasiado. Si es así, y la tardanza produce dolor a las víctimas, hoy aquí en sede parlamentaria les pido perdón y les expreso la voluntad política del Gobierno de Navarra para trabajar y desarrollar la ley con garantías jurídicas”.

EH Bildu, uno de los partidos proponentes de la comparecencia, ha dicho que la ley le deja un sabor agridulce.

Dulce porque ya el mero hecho de plasmar en una ley el reconocimiento a unas víctimas históricamente olvidadas tiene valor. Pero agrio porque la ley tiene muchas limitaciones, ha dicho Bakartxo Ruiz.

Una de ellas, los límites de lo administrativo, que no va a llegar al fondo del esclarecimiento total de los casos. Y, también, algo hiriente: que la ley no va a poder desmontar las versiones oficiales. “Es decir, que Mikel Zabalza murió ahogado en el río Bidasoa, y no torturado hasta la muerte en Intxaurrondo”, ha lamentado.

Ollo le respondió en la réplica que la ley, si bien tiene limitaciones, permite iniciar otras actuaciones. Por ejemplo, puede servir para impulsar la apertura de la Ley de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso, documentos que podrían esclarecer episodios como el de Mikel Zabalza.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha compartido las palabras de la consejera Ollo en lo relativo a la importancia de desarrollar la ley cuanto antes. Y, para eso, ha señalado hacia el propio Parlamento.

“No sé si esto es ingenuo, pero espero que no. Debemos alcanzar unanimidad para nombrar a los miembros de la comisión”, ha lanzado Barkos, que ha querido matizar las propias palabras el director de Paz y Convivencia. “Vamos tarde, director, sin ese 'quizá'. Estamos tardando demasiado y hemos tardado demasiado durante demasiado tiempo”.

Desde Navarra Suma, el discurso de Iñaki Iriarte no tiene nada que ver con el que en el pasado desarrollaban Ana Beltrán (una de las promotoras del recurso tumbado por el Constitucional) o el del propio Javier Esparza.

Iriarte ha dicho que sus reticencias con respecto a la ley no tienen nada de reproche a las víctimas de estos abusos, “a los que los partidos constitucionales, quizá por las circunstancias en las que vivía España, no prestamos la suficiente solidaridad”.

Desde el PSN, Inma Jurío ha matizado que los socialistas siempre han querido que la ley no sea una persecución a los cuerpos de seguridad, sino simplemente una herramienta para reparar y reconocer el daño causado. “Ahora es cuando queda el trabajo de verdad. Nos queda un trabajo largo que realizar y espero que se respete esa deseada independencia de la comisión”, ha deseado.