"La cárcel de Pamplona no es favorable a permisos ni progresiones de grado"

Mesa redonda de Behatokia, el Observatorio de la política penitenciaria “aplicada a las personas vascas presas de motivación política” del Foro Social Permanente. Debate sobre las “dificultades para transitar de un apolítica de excepcionalidad a una política penitenciaria ordinaria”. Críticas a “los escollos que la Audiencia Nacional introduce de manera casi sistemática en los itinerarios de reintegración”, frenando los permisos y los terceros grados, y análisis del contexto en la prisión de Pamplona.

En el acto han intervenido el abogado Juanje Soria, y posteriormente la abogada Amaia Izko, La coordinadora de Salhaketa Libertad Francés, y el director General de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafa Sainz de Rozas, moderados por Agus Hernan, de Foro Social.

Según ha relatado Juanje Soria, miembro de Behatokia, de las 199 personas actualmente cumpliendo condena por delitos de motivación política, 190 pertenecen al EPPK. Entre ellos hay un total de 28 personas navarras. Tres mujeres y 25 hombres. En la prisión de Pamplona continuó Soria, hay siete personas presas navarras que pertenecen al EPPK, seis hombres y una mujer.

De las 34 personas a las que se les ha denegado permisos, tres son navarros: Santi Aragón, Asier Karrera y José Luis Barrios. Ninguno de ellos está cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Iruña.

Soria denunció la actitud “inmovilista” de la dirección de la prisión de Pamplona. “Actualmente las personas presas se encuentran distribuidas en 15 cárceles. Las cárceles que están proponiendo permisos son, además de las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene, las de Burgos y El Dueso y, en menor medida, Zuera y Logroño”.

Soria ha lamentado que “la mayoría de las direcciones de los demás Centros Penitenciarios, incluida la de Pamplona, parecen ancladas en posiciones que responden a tiempos ya superados”. A su juicio, “muchas veces por inercias del propio sistema o por precaución ante las presiones del looby que tan bien anclado sigue estando en ciertos niveles de Instituciones Penitenciarias”, de quien dependen.

Sobre la posición de la cárcel de Pamplona y de su dirección, ha criticado la política que viene aplicando a los presos comunes “en cuanto a los permisos y evoluciones de grado, y que en numerosas ocasiones ha chocado con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”. Este abogado ha denunciado además la falta de un “análisis de la realidad social más adaptado al momento actual que vive la sociedad navarra”, ya que aseveró, “la dirección es conocedora de sus mayorías institucionales, políticas, sindicales y sociales favorables a una aplicación ordinaria de la legislación penitenciaria”.

Para el miembro de Behatokia, “nos consta que la posición de la mayoría de personas presas cumpliendo condena por delitos de motivación política en Pamplona es proactiva y apuestan por un itinerario de reintegración que incluye los requisitos establecidos por la propia Ley”. Pero, lamentó, “debemos constatar que, a fecha de hoy, la cárcel de Pamplona no ha emitido informes favorables a permisos en segundo grado y ni favorables a la progresión a tercer grado”. Ello, recordó, diez años y medio después de la Conferencia de Aiete y cuatro después de la disolución de ETA.

Para Soria, “los informes obvian los datos objetivos requeridos y dan más importancia a los aspectos subjetivos, cargándolos de argumentos que solo responden a tiempos ya superados y de posiciones ideológicas. Es como si el tiempo no hubiera pasado”. A su juicio, “se percibe una posición que implica la negación del tratamiento como principio básico del Derecho penitenciario”, lo que calificó de “inquietante”. “¿Cómo es posible que lo que funciona a 80 kilómetros, en el Centro de Martutene, no es aplicable aquí?”.

Según este abogado, la cárcel de Pamplona se ha convertido en un “contenedor de presos” en la que, “sin tener en cuenta el tratamiento penitenciario, sus pasos les sitúan en una autentica vía muerta para las personas presas de motivación política que, encima, encuentra el apoyo del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional”.