El Defensor del Pueblo abrió procedimiento para multar a tres Administraciones

Esos procedimientos iban dirigidos al departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Corella y a la Mancomunidad de Mairaga, que finalmente cumplieron con las peticiones formuladas y no llegaron a ser multados, según ha explicado este jueves el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, en el pleno del Parlamento foral, donde ha presentado el informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2021.

De esta forma, el Defensor ha hecho uso de este procedimiento de multa coercitiva, que entró en vigor el pasado 1 de octubre tras una modificación legal aprobada por el Parlamento de Navarra. La mayoría de grupos parlamentarios han avalado en términos generales la utilidad de este nuevo mecanismo para el Defensor.

En su primera comparecencia en el pleno tras su elección como Defensor del Pueblo, Pati Vera ha presentado el informe anual elaborado de la institución correspondiente al ejercicio 2021, que recoge 3.547 actuaciones, 154 más que en 2020, lo que supone un aumento del 4,54%.

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido Covid-19 (200), educación (128), bienestar social (118), acceso a un empleo público (86), vivienda (83), tráfico y seguridad vial (79), hacienda (74), función pública (73), sanidad (73) y medio ambiente (63).

En el caso de Covid-19, aunque se sitúa como primera materia como más quejas, ha descendido de las casi 300 quejas registradas en 2021 a las 200 en 2020. Además, de un año a otro han variado los motivos de la queja. Así, en 2020, las quejas relativas al Covid se centraban en residencias, libre circulación o restricción de actividades, mientras que en 2021 fueron más relativas a vacunación, certificado digital, sanciones o ayudas compensatorias.

Patxi Vera también se ha detenido en la situación de la vivienda en la Comunidad foral y las ayudas públicas de los programas Emanzipa y David, asunto en el que ha mencionado "la necesidad de habilitar un sistema que permita la subsanación de errores por parte de los ciudadanos, que por ejemplo por un error al completar la transferencia bancaria mensual se ven privados de la ayuda de ese mes, lo que está causando un verdadero quebranto a personas necesitadas de esa ayuda para poder pagar el alquiler".

Asimismo, Patxi Vera ha destacado que se han recibido quejas por la falta de atención presencial a la ciudadanía, un asunto con "importante incidencia" en la Seguridad Social y en Extranjería, que la institución del Defensor está observando "con preocupación en los últimos meses".

La labor de supervisión desplegada el año pasado por el Defensor ha permitido hacer llegar a las Administraciones públicas de Navarra 128 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 287 recomendaciones y 55 recordatorios de deberes legales (en total 490 decisiones). Todo ello fruto de los 6.034 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.923 consultas y presentar 1.408 quejas (han gestionado 1.540, incluidas los pendientes de 2020), el 82% admitidas a trámite.

El 50,5% del total de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo estuvieron dirigidas a la Administración foral, el 26,4% a las entidades locales, el 6,5% conjuntamente a la Administración foral y a alguna entidad local, el 11,9% a la Administración del Estado, el 2,3% a entidades privadas y el 2,4% a otras instituciones de carácter público.

El grado de aceptación de las resoluciones dirigidas por esta institución hacia las Administraciones se sitúa en el 52,3%, si bien a esta cifra se han de añadir los casos en los que las Administraciones actuaron antes de que el Defensor llegara a emitir una resolución, con lo que el porcentaje de aceptación se elevaría al 68,9%.

En el turno de intervención de los grupos, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha aconsejado leer el apartado de recomendaciones del informe en lo relativo a vivienda para "comprobar lo alejadas que están las medidas del Gobierno de Navarra con los resultados en los ciudadanos". También ha destacado el inicio del proceso de multas coercitivas y ha lamentado que haya sido "inaugurado precisamente por el Gobierno de Navarra, por el departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha defendido "la importancia y la necesidad de la existencia del Defensor del Pueblo, por cuanto supone de defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos ante la intervención de las administraciones cuando se encuentran en una situación de desprotección".

En la misma línea, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado que "un año más se constata la solidez y necesidad de la oficina del Defensor en el seno de una democracia participativa y de una democracia basada en el parlamentarismo y en la relación entre instituciones".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha abogado por buscar una solución a los embargos de los ingresos relativos a la renta básica y ha destacado también "el grado de aceptación que van teniendo año tras año las resoluciones dictadas por el Defensor del Pueblo". Además, ha valorado la entrada en vigor de las multas coercitivas.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que su grupo valora este informe como "una guía política anual que nos ayuda a poner el termómetro en las preocupaciones que tiene la ciudadanía" yy destacado asimismo que el procedimiento de las multas coercitivas ha sido "eficaz".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que el Defensor del Pueblo se muestar como "un mecanismo eficaz para defender los derechos de la ciudadanía ante las Administraciones públicas y para mejorar su funcionamiento, y valoramos muy positivamente la información que nos proporciona".