El viaje relámpago, sin rubor ni propósito de enmienda, del rey emérito a Galicia, ha reactivado el debate sobre su blindaje. El PNV ha pasado de las palabras a los hechos: ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para poner límite a la inviolabilidad del rey, que ha vuelto a suscitar un intenso debate porque convierte en una odisea y en algo imposible que se investigue en profundidad y se juzgue al emérito Juan Carlos I por sus negocios privados.

El portavoz jeltzale, Aitor Esteban, ha presentado este martes en rueda de prensa en el Congreso esta propuesta, que planteó de manera posibilista, no como un debate entre monarquía y república, y con un solo y sencillo artículo para retirar ese blindaje a los actos privados que no tienen ninguna relación con el ejercicio del cargo institucional. Se mantendría el blindaje para la capacidad del rey para proponer candidato a la investidura y para los actos refrendados por el Consejo de Ministros. Con este esquema, el PNV no recurre a la vía de la reforma constitucional, de la que el PSOE recela. Abre un nuevo camino.

En concreto, plantea añadir un punto dos al artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que diría lo siguiente: las salas del Supremo “también conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey o reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura de Estado”. Este es un asunto que genera debate incluso a nivel jurídico porque la Constitución española es muy lacónica al respecto.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución dice en su artículo 56 que el rey “es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”. Y se remite al artículo 64. Ese punto añade que es el Consejo de Ministros quien refrenda y responde por sus actos. La opinión que parece haberse impuesto en el Estado es que esta cobertura abarca todos los actos del rey, pero existe otra corriente que considera que es un dislate y una interpretación generosa sacar la conclusión de que el Consejo de Ministros avala la vida privada del rey, o negocios irregulares. Para más señas, el Estado español, como ha recordado Esteban, ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional que prevé ahora la responsabilidad penal de los jefes de Estado y de Gobierno tras una modificación.

¿POR QUÉ EL PNV PLANTEA LA VÍA DE LA LEY?

La vía que ha escogido el PNV es la Ley del Poder Judicial. No es baladí. Se pretende evitar que la discusión se tope con un callejón sin salida, como hubiera sucedido si se planteara una reforma constitucional que, al afectar al Título II, exige mayorías imposibles (dos tercios del Congreso y el Senado, convocar elecciones, volver a ratificarlo por la misma mayoría y convocar un referéndum). El presidente español, Pedro Sánchez, apostó en su momento por retirar la inviolabilidad, pero en las últimas semanas ha arrojado tierra sobre el debate con el argumento de que una reforma constitucional sería imposible porque no hay consenso y la derecha española lo veta.

Lo que plantea el PNV es desarrollar ese principio de la inviolabilidad a través de otra ley, de manera que sean perfectamente compatibles lo que dice la Constitución y el nuevo contenido que tendría la Ley del Poder Judicial. El PNV cree que la Constitución es genérica y breve en ese punto, y abre la puerta a que se module en leyes posteriores. Esteban añadió que no parece posible que la Constitución admita una inviolabilidad sin límite que contradiga otros de sus principios clave, como la igualdad ante la ley o la justicia. Cree que los actos privados que hayan podido lesionar los derechos de otras personas no serían propios de “la persona del rey”, y que la negativa a investigarlos afectaría al derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva.

EL VETO DE LA MESA DEL CONGRESO

Otros partidos han intentado en anteriores ocasiones retirar toda la inviolabilidad, no parcialmente, con una ley paralela, pero el PSOE cree que la reforma constitucional es la única vía, y la Mesa del Congreso ya ha rechazado en el pasado otras propuestas con el argumento de que hay que seguir la vía de la modificación constitucional. Los jeltzales ven un “temor reverencial” a hincar el diente a estos debates, y vuelven a liderar un asunto relacionado con la transparencia llevando la delantera al PSOE, como ya sucedió con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales o la que persigue reforzar el control al Centro Nacional de Inteligencia.

La tercera posibilidad que había apuntado Esteban hace unos días era que el Tribunal Constitucional reinterpretara el artículo de la inviolabilidad, aunque no parece que vaya a hacerlo y, de todos modos, se ha alineado con Vox en varias deliberaciones.

APELACIÓN AL PSOE Y TOQUE A LA CASA REAL

El debate ha regresado al primer plano después de que la Fiscalía decidiera archivar las investigaciones sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, con el argumento de que fue inviolable hasta su abdicación en junio de 2014. Esto supone que, aunque se reconociera que algunas cuestiones no terminaban de cuadrar, no se le puede perseguir judicialmente por ello. También se argumentaba que regularizó su fortuna con Hacienda y que algunos hipotéticos delitos hubieran prescrito ya por el tiempo transcurrido. De esa manera se daba carpetazo a las presuntas comisiones del AVE a la Meca y las fortunas en paraísos fiscales.

Esteban apeló al PSOE, al que volvió a emplazar a realizar cambios valientes, en lugar de hacer “la del avestruz”. Esteban dejó caer que, incluso, la Casa Real que ahora lidera Felipe VI “lo debería ver como urgente”