Entre 2001 y 2015, 659 personas vivieron escoltadas en Navarra, de las que 523 eran políticos. Este es el dato global del informe 'Terrorismo de ETA y violencia de persecución contra miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra'. Un encargo de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, coordinado por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra, y desarrollados por las dos universidades, la pública y la privada. El trabajo de campo de la investigación, explica el informe, consistió en recabar el testimonio de personas que habían padecido "violencia de persecución" en Navarra. "A partir de la ponencia Oldartzen, gestada y aprobada por la izquierda abertzale", esa violencia se concentró en la Comunidad Foral contra el PSN, el PP y UPN. Así, los equipos de investigación entrevistaron a 57 personas entre junio y octubre de 2021; 26 fueron miembros de UPN, otros 26 del PSN y cinco del PP. En la presentación de este miércoles por parte de la Universidad de Navarra ha intervenido el catedrático de Historia Pablo Pérez López , director del Instituto Cultura y Sociedad, y por parte de la UPNA la profesora Marta Rodríguez Fouz, miembro del Instituto I-COMMUNITAS.
La violencia de persecución contra concejales y miembros de algunos partidos puede datarse principalmente, según se precisa en el informe, "en la etapa que discurre entre 1995, año en el que se aprobó la ponencia Oldartzen, y 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada".
"La izquierda abertzale", se indica en el documento, "apoyó y puso en práctica la violencia de persecución contra sus adversarios políticos" . "La intimidación era especialmente grave en aquellos casos en que se les notificaba la aparición en documentación de ETA o la inminencia de un atentado contra ellos que se había logrado frustrar". El miedo, se agrega, "impregnaba las vivencias de los amenazados y constituyó un elemento determinante en el desarrollo de la vida política, algo que resultaba sumamente complicado cuando afectaba a la familia y, en especial, a los hijos".
El acoso a los cargos públicos era más acentuado en los pueblos del norte de Navarra y en la comarca de Pamplona, y "se desarrollaba impunemente", incluso durante los plenos municipales y en contextos festivos.
Asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Tomás Caballero, José Javier Múgica o Francisco Casanova forman parte de la memoria de los amenazados, además de por el impacto emocional que les supuso, porque mostró su vulnerabilidad. Al mismo tiempo, reforzaron su compromiso político y su espíritu de resistencia.
El informe pone de relieve que los amenazados se sintieron respaldados por las instituciones y, en cierto modo, ignorados por la sociedad. "Se sintieron muy solos", ha subrayado Pérez. La reducción drástica de la vida social fue uno de los precios que pagaron muchos de ellos y "pervive el lamento por los momentos valiosos y las oportunidades de trazar nuevas relaciones que se perdieron". El asesinato de Tomás Caballero en 1998 inició la asignación de escoltas a miembros de UPN, PP, CDN y PSN, que se sistematizó tras el asesinato de José Javier Múgica, en 2001. La asignación de escolta fue una experiencia dolorosa y difícil de asimilar tanto para los escoltados como para sus familiares. Algunos incluso llegaron a "engañar" a sus hijos sobre la presencia cotidiana del escolta, ha apuntado Pérez.
Una parte considerable de la sociedad, se indica en el informe, ignoraba las implicaciones de la vida escoltada e incluso algunos percibían el servicio de protección como un privilegio, lo que generaba malestar e incomodidad. Para estas personas, según el informe, el anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA fue recibido con alivio, aunque con muchas dudas sobre su veracidad. En ese nuevo escenario se observan discrepancias en la interpretación sobre la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones, que unos ven como una victoria de ETA y otros como una muestra de pluralismo político.
Los amenazados coinciden en que ETA decidió abandonar la violencia por un cálculo estratégico, y no por una reflexión crítica sobre su trayectoria.
Al mirar atrás, concluye el estudio, los cargos públicos amenazados "se debaten entre el recuerdo de los daños irreparables causados por el terrorismo y la convicción de que la defensa de la democracia mereció su sacrificio. La mayoría asegura que volvería a hacerlo".
ALGUNA CONCLUSIONES
Los asesinatos de Tomás Caballero y José Javier Múgica y la asignación de escoltas. Dicha protección, que quedó sistematizada tras estos asesinatos, fue sin embargo, “una experiencia dolorosa y difícil de asimilar para escoltados y familiares”. Ganaron seguridad, pero perdieron autonomía, intimidad o libertad. “La reducción drástica de la vida social fue uno de los precios que pagaron muchos de ellos”.
ETA y la izquierda abertzale, señalados responsables de la violencia de persecución. “La estrategia de ETA de socializar el sufrimiento”, “alentada por la izquierda abertzale”, perpetuó “una cultura del odio”, y una ideología que “excluía a los adversarios políticos, a quienes se identificaba como enemigos que debían ser eliminados”. La presencia de los escoltas constituía “un escudo disuasorio frente a los violentos” pero también “una diana para el entorno de la izquierda abertzale”.
