El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer en el Congreso a aprobar “antes de que acabe julio” el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales. “El compromiso del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Se encuentra en la última fase de elaboración”, subrayó Sánchez durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nación.
La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es un compromiso adquirido hace varios meses por el Gobierno central, pero que todavía no ha acabado de ver la luz. El PSOE aceptó al inicio de legislatura tramitar una propuesta del PNV, pero finalmente optó por darla por enterrada e impulsar su propia reforma desde el Gobierno. Así que no está claro en qué términos y con qué objetivos saldrá adelante, ni si tendrá los votos suficientes para su aprobación. La reforma en cualquier caso ha generado gran expectación, especialmente después de que el Gobierno central se comprometiera con EH Bildu a aclarar, en el marco de la nueva Ley de Memoria Democrática, los abusos cometidos por el Estado hasta 1983.
De Ley de Secretos Oficiales dependen, por ejemplo, casos como los de Germán Rodríguez, asesinado hace 44 años por disparos de la Policía Nacional durante los Sanfermines. O el de Mikel Zabalza, que falleció en 1985, según todos los indicios forenses, durante la práctica de torturas en un interrogatorio de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. Hoy, la versión oficial sigue diciendo que el joven de Orbaitzeta murió ahogado en el río Bidasoa cuando intentaba escapar de su detención. Ninguno de estos dos casos se ha podido aclarar hasta ahora. La desidia judicial y la opacidad del Estado han frustrado siempre cualquier intento de justicia.
LA LEY FRANQUISTA
Los críticos con el Gobierno observa sin embargo con escepticismo una ley que el Estado, celoso siempre de los abusos cometidos en su nombre, nunca ha querido facilitar. En cualquier caso, la reforma, que lleva por título Ley de Información Clasificada, sustituirá a la franquista ley de Secretos de 1968. Según avanzó Sánchez, su finalidad es adecuar el ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y a los estándares internacionales. “La ley establece un sistema reglado y garantista para la clasificación y desclasificación de los secretos oficiales y se regulan también los jurisdiccional para el acceso jurisdiccional y parlamentario”, avanzó ayer en el Congreso.
