Pedro Sánchez se sacudió la presión del PNV en el debate de política general del Congreso anunciando que este mismo mes iba a aprobar el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, la reforma para permitir que los secretos oficiales salgan a la luz de manera paulatina a través de una nueva clasificación por grado de confidencialidad y años para la publicación. Es algo tan sencillo que no existe en la ley actual, que data del periodo franquista, de 1968, y que estaba pensada para la ocultación. Pero este martes ha llegado el Consejo de Ministros, el último del mes en teoría, y no se ha dicho una palabra al respecto en la rueda de prensa posterior. Fuentes del Gobierno español consultadas por este periódico confirman que la ley no ha estado sobre la mesa en el Consejo, pero añaden que en agosto habrá otros tres. Podría ser que el Gobierno español haya optado por un aplazamiento técnico, de solo unos días, a la espera de un próximo Consejo de Ministros el día 2 de agosto, lo que permitiría relativizar el incumplimiento del compromiso de Sánchez.
El PNV ha pedido de manera reiterada que esta ley se reforme y lleva seis años intentándolo. Registró una propuesta de reforma que ha sido objeto de maniobras dilatorias por parte del PSOE y el PP, que pedían sucesivamente ampliar el plazo para registrar enmiendas. El Gobierno español ha optado al final por empezar de cero con su propia propuesta, cuando queda solo un año para acabar la legislatura. Este debate suscita interés en Euskadi porque todavía muchos episodios negros de la historia reciente están cubiertos por un manto de opacidad. Es el caso de la muerte del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, la muerte de cinco trabajadores que participaban en una asamblea el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, o el papel de Felipe González en la puesta en marcha de los GAL. Eso sí, se desconoce si estos documentos verían la luz en un futuro inmediato, y Sánchez parece inclinarse por una reforma de mínimos para ajustarse a los parámetros de la OTAN, una reforma en la que, además, mira al PP para su aprobación.
