La coyuntura económica y las consecuencias sociales de la inflación centran el inicio del nuevo curso político en Navarra y, posiblemente también, monopolizarán el debate de los próximos meses. Lo asume ya el Gobierno foral, que ha optado por cambiar de portavoz y situar a la consejera de Hacienda en primer plano. Elma Saiz será desde este miércoles la voz del Ejecutivo foral y su principal rostro ante los ciudadanos en unos meses en los que se va a hablar de inflación, de tipos de interés, de presupuestos y de medidas sociales.
No es el marco ideal para un Gobierno que ha navegado en medio de una pandemia, primero, y de una guerra en Europa después. Pero existe optimismo en el Ejecutivo foral, al menos en la parte socialista, que confía en que los ciudadanos sabrán valorar la respuesta que se está dando tanto en Navarra como en Madrid a un escenario que la derecha hubiera gestionado de forma muy diferente.
El debate en cualquier caso está presente ya en el Parlamento, que el pasado lunes retomó su actividad ordinaria tras un largo parón veraniego. La economía centra la discusión política y prácticamente todos los grupos han presentado ya diversas iniciativas parlamentarias para reclamar al Gobierno medidas concretas. Con excepción de la polémica creada en torno a la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, que ha motivado las peticiones de comparecencia de varios consejeros, el escenario económico será el eje parlamentario del nuevo curso.
La actividad parlamentaria
El pleno de este jueves es ya un primer avance. Sobre la mesa, la propuesta de Navarra Suma de deflactar la tarifa del IRPF para que los efectos de la inflación en los salarios no se traduzca en una subida de impuestos indirecta. Recuerda la coalición derechista que en la CAV, donde gobiernan el PNV y el PSE, ya se ha aprobado una deflactación general en el impuesto de la renta, que reclama ya para Navarra.
El Gobierno foral anuncia medidas fiscales en los presupuestos para paliar los efectos de la inflación
No es el marco en el que quieren entrar los socios de Gobierno, que rebaten la política de bajada de impuestos como solución a todo que defiende la derecha. Pero prometen ya algunas medidas fiscales en los próximos presupuestos que buscarán paliar la complicada situación que la inflación está generando en muchas familias y empresas.
No hay concreción por ahora, y es posible que no la haya al menos hasta que el Ejecutivo elabore sus presupuestos. Serán los cuartos de la legislatura y la base en la que se va a sustentar toda la acción del Gobierno de Navarra de aquí a final de año. Hacienda ha elaborado ya el marco general de la política de gastos e ingresos para el 2023 y trabaja en el techo de gasto, la cifra mágica que determina cuánto podrá gastar la Administración foral el próximo año. A partir de ahí se abrirá la negociación entre los socios de Gobierno, primero, y con sus aliados parlamentarios después, para dar luz verde a las cuentas públicas.
Un debate que se prevé intenso y en el que habrá que cuadrar las necesidades de gasto, que en periodo preelectoral suelen ir al alza, con medidas fiscales que alivien la situación pero garanticen la solvencia financiera. Un equilibrio que no será fácil y que va a requerir también una revisión de la política de ingresos, en la que hasta ahora los socios de gobierno han mostrado discrepancias importantes.
Entre medias queda también la renovación del Convenio Económico, pendiente desde 2020, y que debe actualizar la relación financiera entre Navarra y el Estado, siempre peliaguda. Y, junto a ella, la adaptación al régimen foral de los nuevos impuestos que quiere plantear el Gobierno de España para los bancos y las grandes compañías energéticas. Una discusión que entra en el campo del autogobierno y que tendrá su espacio en un contexto en el que la normalización del euskera, el TAV o la competencia de Tráfico asumirán también su cuota de protagonismo.
Asuntos importantes pero supeditados a la complicada situación económica a la que se enfrenta Europa y a la que Navarro no va a ser ajena. Y que siembra de incertidumbre un curso político más corto que de costumbre –en marzo se disuelve el Parlamento por la convocatoria electoral– que los partidos deberán compatibilizar con la elaboración de sus respectivas candidaturas.
