El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha anunciado que desde que comenzó la guerra en Ucrania el Estado español ha logrado congelar 41 millones de euros de oligarcas rusos del total de los 14.600 millones en toda la UE, y ha señalado que el siguiente paso será confiscarlos, pero hay que esperar aún a lo que decidan los tribunales en cada caso.

Reynders ha explicado este viernes en un desayuno informativo, con motivo de su visita al Estado español para tratar de desbloquear la renovación del CGPJ, que en casi todos los Estados miembros se han tomado estas iniciativas para implementar las sanciones a Rusia y solo en uno o dos Estados no se ha congelado ningún activo.

Ha puesto de ejemplo a Hungría, que solo ha informado de 3.000 euros de esos activos congelados, lo que le parece "rarísimo", cuando en otros Estados se han llegado a congelar entre 1.000 y 3.000 millones.

Con los países del G7 en total son 30.000 millones euros los que hasta el momento se ha conseguido congelar y de las reservas rusas se han confiscado 300 millones de euros, ha detallado, al felicitarse de que se ha conseguido "bastante".

No obstante, ha precisado que es imposible confiscar bienes sin que haya una condena de los tribunales, por lo que es muy importante que existan condenas que bien pueden ser por un delito de blanqueo, corrupción o intento de burlar las sanciones. De momento no ha habido condena, aunque sí algún juicio, ha indicado.

Reynders ha explicado que se está planteando la posibilidad de que se considere delito el intento de saltarse las sanciones y tratar de exportar a Rusia a través de un país. De poder castigarlo, la idea es confiscar los activos de la persona que intente hacerlo.

Respecto a la investigación de los crímenes de guerra en Ucrania, ha recordado que ha mantenido reuniones con el fiscal general de Ucrania para organizar las investigaciones y ha anunciado que la semana que viene se volverá a reunir con él en Ucrania y visitará lugares con evidencias de esos crímenes.

Para favorecer estas investigaciones, ha señalado que se han dado también nuevas competencias a Eurojust para poder almacenar evidencias de crímenes de guerra y poder intercambiarlas con distintos tribunales y fiscalías que les interese investigar estos crímenes.

En total, ha dicho, son 14 los Estados miembros los que tienen abiertas investigaciones sobre crímenes de guerra en Ucrania, apoyándose en la jurisdicción universal o porque alguno de sus nacionales, concretamente periodistas, se han visto afectados.

A nivel comunitario existe además un equipo de investigación en el que trabajan cinco Estados, y también se trabaja con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones de esos derechos, además de colaborar con el fiscal general del Tribunal Internacional de Justicia, donde espera que a finales de año comiencen los primeros juicios.