El Estado amenaza con recurrir la ley foral que permite reducir la temporalidad en la Administración

La norma todavía no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero es probable que termine denunciada toda vez que el Gobierno de España ya ha expresado sus discrepancias con los artículos 4 y 6 de dicha ley y con la disposición adicional quinta.

La noticia saltó este lunes tras la habitual reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. Fue la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, la que alertó del acuerdo adoptado por la Junta de Cooperación de la Administración General del Estado y de la Comunidad Foral de Navarra mediante el cual se han iniciado las negociaciones “para resolver las discrepancias manifestadas” en relación con los mencionados artículos y la disposición adicional.

Especialmente preocupante es que el Estado ponga su foco en el artículo 4, que hace referencia al número de plazas a incluir en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización.

También es motivo de discrepancia el artículo 6, relativo a la posibilidad de reducir los plazos y simplificación de los trámites de la OPE.

Además, el Gobierno de España pone el punto de mira en la disposición adicional quinta de la ley, que habla de incluir ofertas de empleo público extraordinarias en aquellas plazas que queden vacantes una vez finalizados los procesos de estabilización, con “objeto de continuar reduciendo la temporalidad existente en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos al mínimo posible”. 

Reacciones dispares

La posibilidad de que termine en los tribunales esta ley que permite reducir la temporalidad en la Admnistración fue recibida de forma dispar. Mientras Navarra Suma y Geroa Bai expresaron su convencimiento de que se trata de una competencia recogida en el autogobierno foral y ante la que, en consecuencia, no cabría denuncia, el PSN mostró una cara más conciliadora ante el movimiento realizado por el Gobierno de su partido.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez, que ejerció de portavoz de su coalición, fue tan escueta como contundente en su valoración. “Defendemos que Navarra tiene competencias exclusivas e históricas en materia de empleo y Función Pública y estamos en la defensa de las competencias”, aseguró Álvarez sin pestañear.

Fue el mismo mensaje que minutos antes había verbalizado Uxue Barkos, que se mostró “especialmente preocupada por lo relativo al artículo 4, en relación al cómputo de las plazas”. “Si no llegamos a un acuerdo, estaremos dirimiendo en el Tribunal Constitucional un elemento básico del autogobierno, la capacidad del Gobierno de Navarra para establecer el número de plazas de un proceso que debiera dirimirse en el seno de las instituciones navarras”, reflexionó la portavoz de la coalición.

Barkos añadió que, desde el Parlamento foral, ya se advirtió hace 40 años que “dejar en manos del Tribunal Constitucional dirimir este tipo de circunstancias nos iba a terminar trayendo problemas”. “Estaremos vigilantes”, advirtió Barkos, quien no obstante confía en que “las discrepancias puedan aclararse”.

Priorizar el diálogo

Por su parte, el portavoz del PSN , Ramón Alzórriz, incidió en que “hay dos gobiernos –el de Navarra y el de España– que priorizan el diálogo, la negociación y el acuerdo” y que “en esta ocasión habrá diálogo constructivo para llegar a una solución satisfactoria en las dos partes”.

 Alzórriz señaló que “más allá de quedarnos en las discrepancias, trabajamos para buscar los consensos”. Recordó que había 17 recursos a leyes navarras en esta legislatura y “se han ido solventando todos”, por lo que, a su juicio, “lo que hace falta es trabajar y apoyar cuando el Gobierno de Navarra defiende como propio por ejemplo la estabilización de plazas de PAI”.

La ley foral de Contratos Públicos está denunciada en el Constitucional

Las discrepancias de los gobiernos de España con leyes navarras se han convertido en algo lamentablemente habitual. En la actualidad se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional la Ley Foral de Contratos Públicos en tanto que la amenaza se cierne sobre la ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por unanimidad en el Parlamento.

En cuanto a la de Contratos Públicos, se cuestionan cuatro apartados de la reforma legal aprobada por el Parlamento de Navarra en 2021, y que no se han podido consensuar en el trabajo de negociación previo que han llevado a cabo ambas administraciones.

 Uno de ellos hace referencia a la exclusión de negocios jurídicos de la contratación pública, y que permite al Gobierno contratar asistencia jurídica de forma directa. Asimismo, el Estado justifica el recurso en la compra de medicamentos, que según la ley foral, tendrán “naturaleza privada”. De esta forma, Osasunbidea podría adquirir medicamentos directamente, sin necesidad de licitación, pero Moncloa argumenta que la legislación sobre productos farmacéuticos también es competencia suya.

Con respecto a la norma de Cambio Climático, el Gobierno central estudia presentar un recurso de inconstitucional. Cuestiona nueve artículos (31, 33, 51, 60, 66, 67, 68, 79 y 88), tres disposiciones (7ª, 13ª y final segunda) y el anexo de la ley foral. Aspectos que debate ahora la Junta de Cooperación Navarra-Estado en buscar de un acuerdo de interpretación o corrección de la ley. En caso contrario, el Estado llevará la ley al Constitucional.