El Tribunal Constitucional ha levantado un bloque de hormigón para tapiar una salida, pero el Gobierno español está convencido de que ha encontrado otro camino para renovar las plazas de los jueces cuyo mandato ha caducado. El Constitucional ha tumbado la reforma del método de elección de sus jueces, con el argumento de que se canalizó a través de una enmienda a otra ley que no guardaba relación con ese propósito. En este contexto, el PSOE ha decidido tramitar como proposición de ley las dos enmiendas que le ha vetado el Tribunal Constitucional, pero lo va a hacer esta vez con una ley específica. El anuncio ha llegado escasas horas después de que tanto el PNV como ERC, sus principales aliados y socios de investidura, señalaran en público que la vía con más visos de progresar era precisamente esa, repetir la propuesta en una ley por separado. Fuentes del grupo jeltzale consultadas por este periódico confirman haber recibido una propuesta de proposición de ley del PSOE. El texto lo han recibido por la tarde y rechazan hacer valoraciones a la espera de analizarlo.
Esta propuesta era la salida más probable, frente a otros planteamientos más amplios como el defendido por Unidas Podemos, que pidió ir más allá del TC y poner el foco en el Consejo General del Poder Judicial porque es el origen del entuerto. Podemos insistió en rebajar las mayorías necesarias en el Congreso para nombrar a sus vocales. Pablo Echenique llegó a reunirse con los grupos de la investidura, aunque se topó con una petición de serenidad por parte del socialista Patxi López. Su propuesta para rebajar las mayorías no ha tenido éxito.
El PSOE pretende registrar la proposición de ley esta semana con los aliados habituales. El TC solo ha rechazado la tramitación por la vía de la enmienda, pero no el contenido de la reforma. La intención es tramitarla con urgencia, aunque no se descarta habilitar enero.
Antes de conocer la decisión, el carrusel de ruedas de prensa de los portavoces en el Congreso se convirtió en una sucesión de preguntas para extraer alguna conjetura de los planes del Gobierno español. Sí hubo una coincidencia, por ejemplo, entre los portavoces del PNV y ERC, porque ambos señalaron que la posibilidad con mayores visos de prosperar es que se vuelva a presentar una proposición de ley con los dos puntos tumbados por el Constitucional como único objeto, en una proposición exclusivamente para ello y no como enmienda a otra ley distinta.
¿De dónde procede esta polémica?
El Consejo General del Poder Judicial tendría que haberse renovado hace cuatro años, y esta situación está provocando un bloqueo en otros órganos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Un tercio de los jueces del TC tiene el mandato caducado (su presidente Trevijano, su vicepresidente Xiol, y los magistrados Narváez y Vares). Estas cuatro plazas las tienen que renovar el CGPJ y el Gobierno español, nombrando dos cada uno. El Ejecutivo ha propuesto al exministro Campo y a la exdirectora de Presidencia Laura Díez, pero no pueden tomar posesión porque el poder judicial no ha nombrado su parte. El Gobierno español canalizó a través del PSOE y de Unidas Podemos, como proposición de ley, una reforma para rebajar la mayoría que se le exige al CGPJ para nombrar su cuota en el TC, de tres quintos a una mayoría simple, y para instaurar responsabilidades penales si no se cumple con el deber de renovación. Se hizo a través de una enmienda a la reforma del Código Penal, para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este procedimiento nunca ha sido del agrado de los partidos minoritarios, pero tampoco es la primera vez que se utiliza y ha sido moneda de uso común en gobiernos de distinto signo político. Sin que supusiera criticar al PSOE y a Unidas Podemos por esta tramitación, se apuntaba ya en distintos ámbitos a la posibilidad de rescatar esta reforma, pero en una ley exclusivamente para ello.
El PNV denuncia la "invasión de la inviolabilidad" parlamentaria
Al PNV se le preguntó por ello en la rueda de prensa. Venía de participar en la reunión de Unidas Podemos, a la que acudió, según fuentes consultadas por este periódico, Josune Gorospe. En esa reunión, el PNV no hizo ninguna propuesta y mantuvo una actitud de escucha.
El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, denunció en primer lugar que la decisión del Tribunal Constitucional supone una “invasión de la inviolabilidad que tiene la Cámara y su soberanía parlamentaria dentro de su capacidad de autoorganización”. Y opinó que los magistrados con mandato caducado deberían haberse abstenido. A partir de ahí, admitió que hubo prisas del Gobierno español para tramitar la reforma y que el PNV no lo hubiera hecho así, porque lo más audaz hubiera sido una tramitación relajada para restar argumentos a la derecha española. Pero aclaró que hay precedentes de sobra. Dijo que “algún grupo” presentará una proposición de ley para iniciar la tramitación desde cero, la iniciativa ya presentada y tumbada por el TC.
A Esteban se le preguntó por otro debate, si el PNV apoyaría una proposición de ley para reducir las mayorías necesarias para renovar no el TC, sino el Consejo General del Poder Judicial. “La iniciativa que tiene más visos sería repetir la iniciativa ya presentada”, dijo, para confirmar en otra pregunta posterior que se refería a la iniciativa tumbada por el TC.
Pero Echenique sí agitó la idea de que ese segundo debate, la renovación del CGPJ, estaba cerca de abrirse, y cree que hay una propuesta mejorada, la del juez Pallín, para que el requisito sea la participación de la mitad de los grupos del Congreso. “El CGPJ es el foco de esta crisis”, insistió.
Desde ERC, Gabriel Rufián apuntó al igual que el PNV en dirección a recuperar la iniciativa vetada por defectos de forma. “Es subsanable”, alentó, para añadir que se puede presentar una proposición de ley con ese único objeto. Además, opinó que la desobediencia sin un plan “es confeti”.
