Navarra recuperará por fin la competencia histórica de Tráfico y Seguridad Vial. El próximo martes se reúne la parte navarra de la Junta de Transferencias, a la que el Gobierno foral debe detallar los términos del acuerdo con el Estado, que será ratificado de forma unánime. También con el apoyo de UPN, que pese a determinadas reticencias no ha querido ponerse de espaldas a la transferencia. La firma con el Estado se llevará a cabo en principio este mes de marzo, y el traspaso efectivo comenzará el 1 de julio.
A partir de entonces se abre un proceso transitorio de cinco años en el que el Ejecutivo foral irá asumiendo el control exclusivo de las carreteras navarras que ahora comparte con la Guardia Civil. Para eso serán necesarios 149 nuevos agentes, así como medios técnicos y motorizados adicionales que permitan cubrir todas las eventualidades en las carreteras navarras. Desde el control de la velocidad a la gestión de pruebas de deportivas.
Quedan en cualquier caso algunos detalles pendientes de concreción. Sobre todo los económicos. Cuánto deja de pagar Navarra al Estado por un servicio que ya no le va a prestar y que ahora asume en exclusiva. Así como algunos detalles administrativos también importantes, en especial la forma en la que se lleva a cabo la pasarela de agentes de la Guardia Civil, y que puede generar un agravio con quienes ejercen la misma función tras haber ingresado en el cuerpo mediante un proceso selectivo y formativo ordinario.
Entre otras cuestiones, el caso Altsasu se explica por la necesidad de la Guardia Civil de justificar los 744 euros mensuales de peligrosidad
Para evitar polémicas, el Gobierno de Navarra ha habilitado a través de una ley aprobada la pasada legislatura una fórmula para que los agentes de tráfico que quieran seguir ejerciendo la misma función en Navarra lo pueden hacer como policías forales. Es lo que se ha conocido como pasarela. Para ello se les reconocerá un complemento económico adicional que compense la pérdida del plus de peligrosidad que tanto los guardias civiles como los policías nacionales destinados en Navarra y en la CAV reciben desde 1981.
Una compensación de 744 euros al mes, y un mes adicional de vacaciones, heredados de los tiempos de ETA, pero que se mantiene después de su desaparición. Y que explica en cierto modo también el interés especial que hubo desde determinados ámbitos en convertir el caso Altsasu en un delito de terrorismo, como prueba de la peligrosidad y del acoso al que deben hacer frente los agentes en Navarra.
Un proceso largo
El anuncio en cualquier caso es oficial. Y si bien quedan unas elecciones por medio que invitan a tomarlo con prudencia, supone el punto de final de una largo historia que se remonta prácticamente a 1928 con la creación del Cuerpo de Carreteras, el germen de lo que después sería la Policía Foral.
Aquella competencia inicial fue arrebatada en 1962 por el Franquismo, que dejó las principales funciones del control de las carreteras en manos de la Guardia Civil. Desde entonces ha habido varios intentos de los distintos Gobiernos de Navarra por recuperarla, pero no ha sido hasta estos últimos años cuando realmente se ha tratado de hacer efectiva la transferencia.
Tráfico es un logro histórico, pero insuficiente en el reto de avanzar hacia una Policía cercana, integral y exclusiva
Un proceso de más de cinco años que comenzó en 2018 con el acuerdo entre Pedro Sánchez y Uxue Barkos, y que ha estado marcado por múltiples anuncios y promesas incumplidas. Han sido necesarios un pacto de investidura entre el PNV y el PSOE, varios acuerdos legislativos y uno presupuestario con EH Bildu para que finalmente el Estado, con fuerte oposición interna fundamentalmente en el Ministerio del Interior, haya accedido a completar un traspaso que hace décadas ejercen con normalidad la CAV y Cataluña.
Muestra de que los intereses de Navarra, por mucho que Javier Esparza califique este proceso de mercadeo, solo se pueden defender cuando hay fuerza de negociación. Y que para eso no solo es importante tener presencia en Madrid, sino también capacidad de influencia, como ha quedado claro también con el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y con el nuevo impuestos a la banca. Algo que han aprendido bien en otras regiones, que han empezado a plantear sus propias propuestas políticas diferenciadas de los grandes partidos nacionales.
El asunto será utilizado ahora como acicate político. Las elecciones están cerca y cualquier argumento es válido para desgastar, no ya al Gobierno foral, sino al Gobierno de Pedro Sánchez. Verdadero objetivo de la derecha española desde hace mucho tiempo, y que con la inestimable colaboración del regionalismo navarro va a utilizar la trasferencia como una prueba más de las cesiones del PSOE a sus socios.
Una sobreactuación interesada, porque ni la Guardia Civil se va a ir de Navarra ni tiene intención de hacerlo a largo plazo. El Estado, más allá de las siglas que estén en La Moncloa, siempre va a tener interés en mantener sus cuerpos policiales en todo el país como medida de control y garantía de la unidad territorial, especialmente en aquellos lugares que históricamente han sido más subversivos.
Lo que no debe impedir que Navarra siga reivindicando su legítimo derecho a contar con una Policía cercana, integral y de referencia que asuma en exclusiva todas las funciones propias de un cuerpo policial. Un objetivo todavía lejano, pero que hoy está un poco más cerca.
