Pedro Sánchez se ha salido con la suya, y el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por una mayoría absoluta raspada de 176 escaños la Ley de Vivienda del Estado, con los apoyos de EH Bildu y ERC. Pero estos días también se ha librado otra batalla, en el espectro del nacionalismo vasco y catalán, y en ese terreno el PNV ha dado un golpe de efecto: frente al relato de EH Bildu, que acusa al PNV de ampararse en la invasión de competencias para no regular la vivienda, los jeltzales proyectaron una imagen de unidad con Junts per Catalunya y PDeCAT, con el voto conjunto de todos en contra de la ley por no respetar el autogobierno, y con una rueda de prensa unitaria. El PNV ha endurecido así su voto desde la abstención en comisión al voto en contra en pleno. Este movimiento se ha producido tras haber lanzado el guante al Gobierno español para negociar y no haber detectado la misma voluntad.
Esta imagen reconstruye al menos por hoy la unidad entre el PNV y las dos familias de la antigua Convergència, no solo con el PDeCAT, la rama más posibilista con quien todavía en 2019 se firmó un documento de cooperación en ámbitos como Europa; sino también con Junts, con quien la unidad resulta más insólita y había quedado maltrecha tras la etapa de la declaración unilateral de independencia de 2017, la mediación fallida del lehendakari entre el expresident Puigdemont y el expresidente Rajoy, y tras la apuesta de Junts por la confrontación con el Estado sin renunciar a la unilateralidad. El PDeCAT y Junts también han recuperado la unidad tras la escisión del grupo y se ha escenificado un cierre de filas total entre el nacionalismo vasco y catalán al margen de EH Bildu y ERC.
Los portavoces del PNV, Aitor Esteban; de Junts, Míriam Nogueras; y PDeCAT, Ferran Bel, han comparecido en el escritorio del Congreso para denunciar la invasión competencial y la imposición de las condiciones para declarar zonas tensionadas y otros criterios, denunciar que esta ley ni siquiera resuelve el problema, y recordar que Euskadi y Catalunya ya venían gestionando la vivienda y parques públicos de alquiler y sin embargo se actúa como si nada hubiera sucedido hasta la fecha. Euskadi, como se ha recordado, cuenta con el 16% del parque protegido de alquiler aunque representa el 4,5% de la población estatal. Han recriminado a EH Bildu y ERC que, considerándose soberanistas, hayan permitido esta injerencia.
Esteban ha recordado que esos dos grupos han sido los únicos nacionalistas que han respaldado esta ley, porque la CUP también ve una invasión y ha votado en contra, y BNG ha optado por la abstención con el mismo argumento de la injerencia. Teniendo en cuenta el perfil ideológico de los antisistema catalanes y los nacionalistas gallegos, se resquebraja el argumento de EH Bildu y ERC de que quienes utilizan el autogobierno contra esta ley son de derechas.
Esteban ha puesto en valor que lo que une a PNV, Junts y PDeCAT es "la defensa del autogobierno", y ha afeado que se ponga la " alfombra roja al Estado" sin argumentos jurídicos, y que se apruebe una ley que va a fiscalizar a las comunidades y las va a obligar a ofrecer datos al Estado. "A algunos el adjetivo abertzale ya les sobra", ha lanzado.
"Disolver los parlamentos autonómicos"
Nogueras ha recalcado que la ley no soluciona el problema de los pequeños propietarios, que son el 85% en Catalunya, y que para colmo dice al Govern "cúando y cómo ejercer las competencias", cuando en realidad ya tenían una ley catalana. "El Estado debería limitarse a darnos los recursos", ha dicho sobre Catalunya, que no tiene autonomía fiscal como Euskadi.
Bel ha desactivado a EH Bildu y ERC, que han acusado a estos grupos de utilizar las competencias como cortina de humo para no entrar al debate ideológico de fondo: "La competencia es de la comunidad, y la discusión ideológica la tendremos que hacer allá, no en el Congreso, por mucho que PSOE y Podemos, fracasados en controlar a las comunidades [por número de votos] , tienen la fijación de intervenir en las comunidad a través del Congreso. Que lo posibiliten partidos soberanistas es incomprensible. Al final, vamos a cerrar todas las cámaras legislativas autonómicas. No es el mejor día para el autogobierno", ha alertado.
Las claves de la ley
Estos tres grupos ascienden a 14 escaños. La ley, en cualquier caso, ha quedado aprobada este jueves en el Congreso con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe y PRC, un total de 176 respaldos que alcanzan la mayoría absoluta raspada, frente a los 167 rechazos de PNV, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, PP, Vox, C's y Foro Asturias. La Ley de Vivienda deberá aún someterse al Senado. El pacto con EH Bildu y ERC da carta de naturaleza a una regulación exhaustiva para declarar las zonas tensionadas en las que podrá limitarse el precio del alquiler, en lugar de dejar en manos de las comunidades la regulación de sus propios requisitos y limitarse a ofrecerles una percha. Podrán declararse zonas tensionadas en aquellos lugares en los que el precio del alquiler y los suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o donde el precio del alquiler o venta haya superado en tres puntos el IPC en los últimos cinco años. Se establecerá un índice de contención de precios para los grandes tenedores de vivienda (pueden considerarse como tales los que posean a partir de cinco inmuebles), y los contratos de pequeños propietarios no podrán superar el límite marcado por su anterior alquiler.
Además, se dará continuidad durante este año a la limitación de la subida del alquiler del 2% que se puso en marcha tras el estallido de la invasión de Ucrania, en 2024 será del 3%, y en 2025 se aplicará un nuevo índice que no podrá superar el IPC. El PNV había planteado la posibilidad de ofrecer una percha que habilitara a los ayuntamientos para limitar los pisos turísticos a través de ordenanzas municipales, pero el PSOE se ha negado argumentando que eso sí supondría invadir las competencias autonómicas, mientras que Unidas Podemos sí se prestaba a ello pero condicionando nuevamente el margen de maniobra autonómico e imponiendo que el número límite de pisos fuera del 2% de la población de las zonas tensionadas.
¿Recurso vasco al TC?
Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en su ariete para las elecciones municipales y en varias autonomías del 28 de mayo y ya avanzó hace unos días al PNV que no se iban a poder entender. El presidente español, al mismo tiempo que niega la invasión competencial, admite que su deber es "alinear" las políticas de vivienda en el Estado. El partido jeltzale es socio de investidura de Sánchez y en el segundo punto de su acuerdo se recoge el compromiso de negociar con el Gobierno vasco para evitar la judicialización y resolver las discrepancias. La consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi, por su parte, no confirmará si recurrirá la ley al Tribunal Constitucional o no hasta que termine su tramitación en las Cortes estatales. Esteban ha querido dejar en manos del Gobierno vasco la decisión, pero ha adelantado que, a su juicio, la ley podría recibir "un palo" porque el TC ha dejado claro que el artículo 149 de la Constitución sobre la igualdad no se puede utilizar para eliminar la diversidad autonómica. En el caso catalán, no habrá recurso porque el Govern lo lidera ERC.
"La renacionalización del autogobierno"
El PNV cree que la actitud de EH Bildu se explica en parte en su intención de homologarse como socia de Sánchez. Durante el pleno del Congreso, Oskar Matute, de EH Bildu, ha centrado su intervención en justificar su apoyo y negar que se esté produciendo una invasión competencial, con el argumento de que el problema es que "las derechas" no quieren regular el mercado y utilizan este pretexto, un discurso que repitió ERC para rebelarse contra Junts y PDeCAT. Tras asegurar que esta ley, desde el punto de vista social, "es un paso corto, pero necesario porque la alternativa a esto es la desregulación" y que los grandes propietarios sigan haciendo negocio con un derecho, Matute defendió que el texto simplemente habilita a las comunidades, y que el PNV no ha tenido voluntad en los últimos años de hincar el diente al debate en el Parlamento Vasco. Dijo que en 2015 se aprobó una Ley de Vivienda con el voto en contra del PNV, que los portavoces del Gobierno vasco "dijeron que provocaría un efecto llamada de orden mundial", y que ya se pueden tomar medidas contra los pisos turísticos en Euskadi.
El jeltzale Iñigo Barandiaran ha recordado las palabras del propio Sánchez, quien ha avisado de que las comunidades deberán cumplir la ley y que su función es alinearlas, lo que deja poca duda sobre las intenciones del Gobierno español de extralimitarse. El PNV solo pedía un paraguas para que las comunidades pudieran actuar. Ha criticado a los partidos que se consideran soberanistas y que, sin embargo, han "legitimado" una de las invasiones competenciales más "fuertes" que se recuerdan y han aceptado la "renacionalización del autogobierno".
Barandiaran ha puesto en valor que en más de cuatro décadas sin ley estatal Euskadi ha tomado unas medidas propias que hubieran sido imposibles con esta ley. Ha citado el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, un parque de alquiler protegido con 26.000 viviendas, el impulso a las reservas de suelo con los ayuntamientos para la vivienda protegida, las ayudas de 300 euros mensuales para jóvenes... "Es mejorable, pero es la realidad", ha zanjado.
La defensa gubernamental
Desde Unidas Podemos, la líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha avisado de que hoy no termina nada, y habrá que seguir empujando para que las comunidades utilicen "el 100% de esta ley". A su juicio, decir sí a esta ley es decir sí a los vascos, y rechazarla es dar carta blanca a los fondos buitre. Ha avisado también a Sánchez de que hacen falta dotaciones presupuestarias y le ha afeado que se "venga arriba" con sus anuncios sobre la Sareb.
La defensa del proyecto por parte del Gobierno español se la han repartido las ministras de Derechos Sociales (Ione Belarra, de Unidas Podemos) y de Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE). Belarra ha puesto el foco en la presión social y los colectivos antidesahucios como motor, y Sánchez ha defendido que la ley tiene "solidez jurídica" y no va contra nadie.
