“Sánchez reeditará el Gobierno Frankenstein”, empezaron a titular en la noche del domingo diversos medios cuando el resultado electoral empezaba a clarificarse, aludiendo de forma peyorativa al Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos más los grupos minoritarios que han ejercido de aliados del líder socialista en la pasada legislatura. Efectivamente, mientras que al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le salen las cuentas, la unión del PSOE, Sumar y los socios de la anterior investidura, más Junts, sí posibilitaría que Pedro Sánchez repita en el cargo. Al menos en teoría. En la resaca inmediata de la jornada electoral quedó claro que ello dependerá en gran medida de la atención que el secretario general del PSOE preste, esta vez sí, a las agendas de Euskadi y Catalunya.
Así se lo advirtieron formaciones como el PNV y ERC, que llamaron a evitar un bloqueo en el Congreso. Mientras EH Bildu anticipó que venderá barato su apoyo a Sánchez, Junts marcó el listón de la exigencia, no en vano el partido del exiliado Carles Puigdemont ha ejercido tradicionalmente el papel de oposición en el último cuatrienio. La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, trasladó a Sánchez que el papel que desempeñará el expresident catalán “no le dejará dormir” en los próximos días, ya que su grupo parlamentario no lo investirá “a cambio de nada”.
En la misma idea incidió el secretario general de JxCat, Jordi Turull: “No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo”, dijo en declaraciones a RAC1. Emplazó por ello a ERC y al resto del independentismo a aprovechar la “ventana de oportunidad” abierta para “rehacer la unidad estratégica” y plantear juntos unas condiciones al presidente español en funciones, que deben pasar a su juicio por la “amnistía y la autodeterminación”.
Dentro del retroceso generalizado que ha sufrido el independentismo catalán en estas elecciones generales, Junts ha salvado los muebles al perder tan solo un escaño y quedarse con siete. La CUP desaparece del Congreso de los Diputados y ERC ha sufrido un serio correctivo al pasar de 13 a siete representantes, penalizada por su giro pragmático en Catalunya y Madrid. La formación republicana mantiene esta posición posibilista y su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, tendió ayer la mano a Junts para utilizar la “fuerza del independentismo catalán”, que según ella “tiene la llave del futuro de lo que puede pasar en el marco del Estado”, para “no bloquear” la investidura ni “dejarse tentar por la repetición electoral”.
El gran triunfador de los comicios en Catalunya fue el PSC con sus 19 escaños (siete más que en 2019), y el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en esa comunidad, Salvador Illa, estableció un primer cortafuegos a las exigencias de JxCat, advirtiendo de que el PSOE no aceptará la amnistía ni la autodeterminación de Catalunya, porque “no son factibles”, aseguró.
En este contexto, el exvicepresidente del Gobierno español y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, recomendó ayer a Pedro Sánchez que envíe al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a Waterloo para que negocie su investidura con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Sin embargo, la reactivación ayer mismo de la vía judicial contra los líderes del procés provocó que el camino del posible acuerdo con Junts sea todavía más empinado y empedrado.
Petición fiscal
Cuando no habían pasado ni 24 horas del cierre de los colegios electorales, y mientras el nombre de Puigdemont ocupaba portadas de periódicos por el papel que tendrá Junts en una eventual investidura de Pedro Sánchez, la Fiscalía pidió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ordene de nuevo la busca y captura e ingreso en prisión del expresident y del exconseller Toni Comín, tras la retirada de su inmunidad como eurodiputados por la justicia europea. La respuesta de Puigdemont, vía Twitter, no se hizo esperar: “Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y, al día siguiente, España ordena tu detención”, escribió.
En concreto, el Ministerio Público solicitó al juez instructor de la causa del procés que actúe contra el líder de Junts y contra Comín por un delito de malversación, lo que acarrearía una pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
A ello se añade que los Mossos d’Esquadra detuvieron en la mañana de ayer a Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont, después de que ella misma anunciara a primera hora en las redes sociales su presencia en Barcelona. Su arresto se produjo a raíz de la orden emitida por el juez Llarena para poder notificarle su procesamiento por desobediencia en la causa del procés.
Una vez trasladada a los juzgados de la Ciudad de la Justicia, el propio Llarena acordó en un auto que el juzgado de guardia practicara la declaración indagatoria, trámite indispensable para poder proseguir con la causa judicial por su papel en el 1-O. Posteriormente Ponsatí fue puesta en libertad. Cuando hacia las 14.50 horas salió del juzgado, donde acudieron a arroparla dirigentes independentistas, la exconsellera afirmó que se acogió a su derecho a no declarar. “No he contestado a ninguna pregunta porque es lo que me ha recomendado mi abogado y soy muy obediente”, se limitó a señalar a los periodistas.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, acusó ayer a la Fiscalía de intentar “influir en la digestión” de los resultados de las elecciones generales y en las negociaciones para una posible investidura de Sánchez.
El Tribunal General de la Unión Europea retiró el pasado 5 de julio la inmunidad parlamentaria como eurodiputados a Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comin, al desestimar “todos los motivos” que alegaron en su día para intentar que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.
Posible indulto
Respecto a la negociación política que se abre ahora con los plazos de la constitución de las Cortes en el horizonte cercano, Carles Puigdemont ha insistido en numerosas ocasiones en que no aceptaría una “solución personal” que le permitiese, por ejemplo, volver al Estado español con un indulto, sino que exige abrir una vía para la “resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado”.
En esta línea incidió ayer el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que subrayó que esa hipotética solución individualizada para la situación del expresident no está encima de la mesa. Añadió que, en todo caso, tendría que haber una “amnistía para todos los represaliados”, por lo que hay que “preguntar al PSOE qué está dispuesto a hacer”. “Si hay voluntad política, puede haber una solución jurídica”, zanjó.
El ajustado 23-J traslada la patata caliente al rey
– Felipe VI protagonizará la ronda de consultas con los partidos para la formación de gobierno una vez celebradas las elecciones generales, marcadas por la incertidumbre tras la exigua victoria del PP y las opciones del PSOE de seguir en el poder. Al rey le corresponde proponer un candidato para que se someta a la sesión de investidura una vez completadas las reuniones en el Palacio de la Zarzuela. La celebración de las entrevistas con los representantes de los partidos tendrá lugar después de que se constituyan el Congreso y el Senado el próximo 17 de agosto, aunque no tienen una fecha tasada. Lo habitual ha sido que el monarca cite a los partidos unas dos semanas después de que el nuevo Congreso eche a andar con la elección de su presidente y la toma de posesión de los diputados, lo que situaría la ronda a finales de agosto o principios de septiembre.
El escenario que dejan los comicios no aclara a quién podría proponer Felipe VI formar gobierno. El artículo 99.1 de la Constitución se limita a señalar que el rey, “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.
En enero de 2016 se dio una situación inédita cuando el entonces presidente del Gobierno español y líder del PP, Mariano Rajoy, que había obtenido 123 escaños, declinó la propuesta de Felipe VI de intentar formar un ejecutivo, lo que obligó a otra ronda de entrevistas.
El nombre que proponga el hijo de Juan Carlos I se someterá a la sesión de investidura, que prosperará si logra mayoría absoluta. De no alcanzarla, habrá una nueva votación 48 horas después, en la que solo será precisa la mayoría simple. Si el candidato fracasa, el rey convocaría una nueva ronda de consultas y se abriría un plazo de dos meses para que otro candidato intentase la investidura, que de fracasar, abocaría a nuevas elecciones generales.
