Como ya es habitual, el PNV se ha desmarcado este miércoles de las ceremonias de alabanza y enaltecimiento de la Constitución española. El día en que la normativa cumple 45 años, Aitor Esteban ha vuelto a realizar una lectura crítica y ha puesto el acento en el reto que no se abordó en su momento y que aún está pendiente en el Estado, el reconocimiento de las naciones que lo componen y, en el caso de Euskadi, la búsqueda también de un sistema bilateral de relaciones para que se respeten sus competencias y un árbitro neutral para dirimir los conflictos en vista de que el Tribunal Constitucional da prevalencia al Estado. La diferencia entre las declaraciones de este año y las de años anteriores la marca el contexto político: esta vez, los votos de PNV y Junts son imprescindibles para el presidente Pedro Sánchez, quien parece dispuesto a hacer de la necesidad virtud e hincar el diente al debate. Esta sensación ha quedado también patente al escuchar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, partidaria de desarrollar la Constitución y no leerla como un tótem. Hubo quien fue más allá en los medios de Madrid e interpretó su apuesta por acercar las decisiones a la ciudadanía como una mención al derecho a decidir, interpretación que desmintió su equipo de comunicación.
El portavoz del PNV en el Congreso apuntó los retos de la Constitución, y no lo hizo desde Madrid, sino que realizó sus declaraciones desde la isla del Hierro, en las Canarias, una isla que visitó junto al presidente de la Agrupación Herreña Independiente y senador, Javier Armas, y donde después tomaría parte en un encuentro del Ayuntamiento de Valverde para debatir sobre la Constitución de 1978.
Esteban recordó que el PNV no votó a favor de la Constitución, sino que propugnó la abstención activa (más de la mitad del censo vasco se abstuvo en el referéndum del 6 de diciembre) porque “no se reconocía la existencia de una nación vasca” ni se iban a aceptar “las decisiones que esta tomara”. Y, con el paso de los años, el fondo competencial se ha ido devaluando, no solo con la parálisis a la hora de transferir las competencias pendientes, sino también con la aprobación de leyes que se inmiscuyen en competencias ya transferidas a Euskadi (ha sido especialmente sonado el desencuentro a cuenta de la Ley de Vivienda estatal).
Esteban recordó cómo, tras la Constitución, se aprobaría el Estatuto de Gernika, que con el tiempo ha sido “erosionado por el Parlamento español y los tribunales”, una erosión “incomprensible” con decretos del Gobierno español y casi 30 transferencias que no han sido realizadas. “Es algo que no tiene sentido y dice poco de las bases de la Constitución. Ya no existen competencias exclusivas a pesar de que lo dicen los estatutos. Los grandes partidos españoles no creen en la Constitución”, dijo, en referencia también al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que calificó como un descalabro.
"Revisión y retoques a la Constitución"
Por ello, Esteban avisó de que el reto sigue pendiente. “La Constitución tiene un reto que no enfrentó en su momento, el encaje de varias naciones que se sienten así dentro del Estado. Han pasado suficientes años como para hacer una revisión y retoques a la Constitución. Dos tercios de las personas que ahora tendrían derecho a voto no pudieron votar esa Constitución y, desde el PNV, tenemos claro que los próximos pasos son el reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral que hoy en día el Tribunal Constitucional no representa”, zanjó.
La foralidad, la percha para Euskadi
El PNV acaba de firmar con Pedro Sánchez un acuerdo a cambio de darle estabilidad para que pueda mantenerse en el cargo como presidente español. En ese acuerdo, el PSOE se compromete a explorar las potencialidades de los derechos históricos recogidos en la propia Constitución española y en el Estatuto de Gernika, de manera que, en puridad, el reconocimiento nacional, al menos para Euskadi, podría conseguirse sin reformar la Constitución. La reforma es un camino muy intrincado donde, además, el PSOE cree que se toparía de bruces con el veto de la derecha española. Se requieren mayorías reforzadas que ahora mismo no parecen al alcance del Congreso. En el caso del resto de nacionalidades históricas, de Catalunya o Galicia, no existe la percha de la foralidad, lo que complica dar un paso sin revisar la Constitución española, si bien es cierto que el lehendakari Urkullu lanzó en su momento la idea de reinterpretar la Constitución sin necesidad de reformarla.
En el acuerdo arrancado al PSOE, ambas partes se comprometen a negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias y la foralidad. En el acuerdo se recoge una negociación de buena fe que tenga en cuenta también el pacto que alcance el Parlamento Vasco sobre el nuevo estatus. El proceso debería culminar en un plazo de año y medio después de las elecciones vascas. Teniendo en cuenta que los comicios tendrán lugar en marzo o junio, el plazo total ascendería a dos años, que es también el margen que se dan las partes para completar todas las transferencias que debe recibir Euskadi según el Estatuto de Gernika, incluidas las relacionadas con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En materia competencial, PNV y PSOE han pactado ya un mecanismo que se puede leer como un precedente o una avanzadilla para el nuevo estatus, una cláusula foral que incluirán las leyes estatales que versen sobre materias que ya han sido transferidas a Euskadi, es decir, que sean competencia vasca. Este mecanismo es para el PNV una especie de actualización del pase foral (se acata pero no se cumple).
El año pasado, el PNV lamentó durante el homenaje a la Constitución que Sánchez había perdido la oportunidad de abrir este melón en un Congreso con mayorías propicias. No hincó el diente al debate aunque se recogía en el acuerdo de investidura con los jeltzales. Pero ahora, los votos de PNV y Junts son imprescindibles para Sánchez, un escenario que se ve como una ventana de oportunidad.
