El final del Caso Davalor: Una denuncia con motivación política

Davalor es la historia de Juan José Marcos, un ingeniero con experiencia en diferentes sectores y decenas de patentes registradas que en 2011 creó Davalor Salud. Una start up con una tecnología innovadora capaz de medir de forma rápida 75 parámetros de la función visual, muchos de los cuales no se podían revisar con métodos tradicionales o eran incorrectamente diagnosticados. 

Una revolución para el sector en la que 3.000 pequeños inversores invirtieron 12 millones. Pero que en 2015 tuvo que llamar a la puerta de Sodena para poder seguir adelante. Fueron 2,6 millones en seis préstamos diferentes, el primero de ellos concedido de forma “atípica” según la Cámara de Comptos y sin el aval de los técnicos de Sodena. Pero con el apoyo del consejo de administración, formado por el equipo de confianza de Ayerdi, al poco de llegar al Gobierno. “Una decisión personal pero con carácter profesional”, argumentó después el consejero. 

De todo ello se habló largo y tendido durante aquella legislatura. Hubo ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador de Davalor que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales. Tampoco se observaron entonces actuaciones delictivas por parte del Gobierno de Navarra. 

Davalor es la historia de una apuesta empresarial innovadora y disruptiva que fracasó tras recibir 2,6 millones en ayudas públicas

Fue después UPN quien, ya con María Chivite al frente del Gobierno y Ayerdi de consejero, puso sobre la mesa los delitos de “prevaricación” y “malversación” con una querella en el Supremo. Y no por casualidad. Aquellos dos delitos estaban recogidos en la ley de incompatibilidades. Una norma que pretendía evitar casos como los que se habían visto en Valencia o en Madrid, donde altos cargos del PP imputados por corrupción continuaron en su puesto. Pero que abarcaba los suficientes artículos del código penal como para ser utilizada de forma discrecional. Y aunque la querella apuntaba más a una mala gestión que a un enriquecimiento ilícito, el mero proceso judicial era ya una victoria política de UPN. El objetivo no era tanto la condena como la imputación de un dirigente político al que los regionalistas tenían ganas tras la comisión de investigación parlamentaria a Lourdes Goicoechea.

El final de la causa

Con la dimisión de Ayerdi, la causa pasó al juzgado de Fermín Otamendi, que fue prolongando la instrucción mientras esperaba informes policiales en busca de pruebas que armaran la causa. Hasta que acabó marchándose a un juzgado catalán. Pero para entonces se habían superado los plazos legales de instrucción, por dejación o por despiste, según ha constatado ahora la nueva instructora, que se ha visto obligada a archivar un procedimiento en el que tampoco se ha llegado a probar ningún delito. 

Lo que deja sin causa a UPN. Y también al PP, que hace unas semanas se sumó como acusación particular en un intento de implicar también a Uxue Barkos y a Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico Gobierno vasco, por un supuesto nexo entre Davalor y empresas vinculadas al PNV. Incluso Jaime Ignacio del Burgo ha querido buscar su cuota de protagonismo con el envió de un escrito a la Fiscalía pidiendo ampliar la causa a la CAV. Todos han puesto el grito en el cielo por un archivo que no vieron venir y en el que tienen también su parte de responsabilidad.

De esta forma, y falta de lo que pueda resolver la Audiencia Provincial, la causa se cierra sin testificales, sin acusación y sin juicio. Apenas una investigación sin conclusiones que deja el caso Davalor como una operación fallida de Sodena más, menos costosa que muchas de las que hubo en la etapa de UPN. Y con Ayerdi, lejos ya del Gobierno, como principal víctima política.