La Fiscalía Anticorrupción considera probado que el PP de la ciudad de Valencia “cometió fraude electoral” en las elecciones municipales de 2007 y 2011, porque “incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular” y comparó su funcionamiento con “la cueva de Alí Babá”.

El fiscal Fernando Maldonado leyó ayer su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia tras escuchar a los procesados y los testigos de la pieza A del caso Imelsa, en la que están procesados el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; la ex secretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.

Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental, Fuster de un delito continuado de cohecho –por el que se le pide un año de prisión– y Santón y Salinas de malversación continuada y falsedad.

Maldonado subrayó que “cualquier acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, porque es una quiebra de la sociedad, de sus instituciones democráticas. Y cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la limpieza y la transparencia, y cometen fraude electoral, el reproche es mayor”.

“En la elecciones de 2007 y 2011 el PP puso en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de otros partidos, pero partía con ventaja económica. Para conocer esta operativa es necesario establecer cierto contexto. No es posible que el grupo municipal manejase dinero en efectivo, era la gerencia nacional la que asignaba los límites, el presupuesto del partido en Valencia. Y esa cifra fue de 133.000 euros para las elecciones de 2007 y de 150.000 en 2011; pero el dinero se multiplicó exponencialmente”, subrayó el fiscal en su intervención.

Cuenta para las corruptelas

Así, indicó que el grupo municipal “era titular de dos cuentas corrientes; una lícita en la que ingresaba las subvenciones y otra donde la secretaria, que cobraba como asesora, ingresaba las comisiones, las pequeñas corruptelas. Era como la cueva de Alí Babá, pues esa cuenta no se sometía a más control que la voluntad de García Fuster”. En este contexto –continuó el fiscal– aparece el hombre fuerte del PP local, que era Alfonso Grau, que acumulaba cargos, era portavoz municipal y presidía fundaciones y otras sociedades públicas”. Anticorrupción detalló que Grau suscribió (sin firmar) en 2007 un contrato con Laterne que contemplaba acciones de campaña por 150.000 euros, pero “realmente esa campaña costó más de 2,5 millones de euros”. “Esa diferencia no la aportó el PP, porque hemos examinado sus cuentas, como tampoco lo hizo Laterne”.

“Hay que tirar del hilo y ver cómo Laterne pagó a sus proveedores, y fue en primer lugar a través de entidades y fundaciones creadas por el Ayuntamiento. Laterne, una empresa no muy conocida en Valencia, recibió contratos altísimos para realizar planes de modernización o turísticos” que, según sostienen las acusaciones, no se tradujeron en trabajo alguno.

Por otra parte, varias firmas adjudicatarias de obras y servicios del Consistorio ingresaron fondos en las cuentas de Laterne por trabajos que no han podido acreditar. “Es un dato objetivo que ninguna de estas empresas aportó una sola justificación o factura”. “Todos los ingresos que recibió Laterne de estas empresas se realizaron en campaña electoral. Ni antes ni después Laterne tuvo relación empresarial con varias firmas y en todos los casos sus ingresos a Laterne fueron cantidades redondas, que parece que obedecen más a una donación que al pago de servicios”, señaló.