El Gobierno de Navarra pide al Supremo que aclare el alcance de la sentencia de Tráfico

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, el vicepresidente primero del Gobierno foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha explicado que "esperamos que esta aclaración que le hemos instado hoy desde la Asesoría Jurídica sea contestada y tengamos una aclaración sobre la interpretación del Tribunal Supremo en esta cuestión" en un plazo de 10-15 días.

Taberna ha señalado que "desde la comunicación que tuvimos de la sentencia, un poco posterior a la que tuvieron los medios, hay un plazo de veinte días para que entre en vigor". "Esperamos que se nos vaya aclarando cuál es el objeto del propio dictamen de la sentencia", ha dicho.

El vicepresidente ha explicado que espera que la aclaración "nos permita definir cuál es el ámbito más delimitado". "En cualquier caso, la sentencia afecta a una parte nuclear que son las medidas de vigilancia en tráfico y estamos impulsando en coordinación con el Gobierno de España cuál es la mejor fórmula para mantener las competencias de tráfico y pulsando a los diferentes grupos parlamentarios su posición", ha dicho, para señalar que "en breves fechas, la presidenta anunciará cuál es la vía que seguirá el Gobierno de Navarra en esta cuestión".

Tras señalar que se trata de un "traspiés jurídico", Taberna ha indicado que "no invalida otras fórmulas políticas con la misma validez jurídica para desarrollar lo que es un deseo de todos los navarros y navarras".

Las alternativas

Félix Taberna ha comentado que el diálogo es "fluido" con el Gobierno de España para intentar alcanzar un acuerdo entre ambas instituciones y "esperemos que sea una reforma exprés en el sentido de rápido, pero los plazos los carga el diablo". Solo la mesa hay dos alternativas: Una ley orgánica o la reforma del Amejoramiento.

"Tenemos la máxima colaboración y cooperación con el Gobierno de España para que salga adelante", ha expuesto, para comentar que entiende que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, "no tiene capacidad de veto y que el veto que se efectuara en el Senado sería salvado por el Congreso de los Diputados, pero yo he estudiado Sociología y cada día entiendo menos de Derecho, vista la sentencia".   

La portavoz del Ejecutivo y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha señalado que "la competencia de Tráfico abarca una serie de funciones muy interesantes". "Siempre hablamos de vigilancia y control y de las policías, que hacen una labor fundamental, y la aclaración lo que pide es que se determine si hablamos de la anulación de la función de vigilancia y control o va mucho más allá como la educación y formación vial, una parte administrativa que es el cobro de tasas, autorizaciones, centros de reconocimiento médico, autoescuelas... y hay una parte jurídica de análisis del marco normativo de cómo se aplica en el ámbito foral y local", ha expuesto.

Sobre el procedimiento sancionador, López ha señalado que "como hay que articular toda una serie de sistemas tecnológicos y desarrollos, estamos trabajando para tenerlo en vigor el 1 de enero de 2025". "Ya teníamos preparadas las licitaciones, tenemos definido cuál podría ser el modelo", ha comentado, para explicar que "estamos a la espera de que haya una aclaración para ver el alcance de la sentencia, si es a todo el elenco de funciones o solo es la parte de vigilancia y control asociada al procedimiento sancionador".

La consejera ha transmitido "tranquilidad" porque "tenemos una interlocución directa, constante y continua" y "hay una voluntad absoluta de seguir trabajando juntos". "Este acuerdo nace de una voluntad férrea del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra de que Navarra asuma con total intensidad esta competencia", ha dicho, para incidir en que "vamos a seguir defendiendo y trabajando por esta foralidad".

Taberna ha detallado que la presidenta de Navarra ya solicitó la comparecencia en el Parlamento, donde se podrá escuchar "no solo la posición del Gobierno, sino también la posición formal de los grupos parlamentarios". "Estamos escuchando, dialogando, leyendo editoriales también sobre esta cuestión, conformando una posición", ha dicho, para insistir en que hay dos vías de regulación de esta cuestión, "una la reforma parcial del Amejoramiento y la otra, la de delegación de competencias".

En cuanto a la vía de reforma la Lorafna, el vicepresidente ha comentado que "se ha modificado en dos ocasiones, no digo que sea esta la vía pero lo estamos estudiando". Sobre qué criterio utilizar para elegir una de las dos vías, ha dicho que "estamos valorando todos los factores, diligencia, consenso, oportunidad, base legal, estamos escuchando opiniones de juristas y no me cabe la menor duda de que optaremos por la más eficaz y más eficiente".   

Ámbito administrativo

López ha indicado que "estamos en un ámbito meramente administrativo", pero que en una reunión este martes con la DGT trabajaron la hipótesis de que "el alcance de la sentencia fuera la anulación integral del Real Decreto". "Seguiremos trabajando juntos, tranquilidad y serenidad. El ciudadano no se va a ver resentido absolutamente en nada y se trataría de revertir los servicios que hasta el 1 de julio venía prestando DGT a través de la jefatura o bien por servicios centrales, volverían a lo mismo", ha comentado.

Según ha dicho, "primero vamos a esperar la aclaración y a la vez, seguimos trabajando con DGT para articular esa reversión de servicios, que no es compleja, porque en realidad son unos meses los que llevamos ejerciéndolo".

Ha recordado la consejera que "todavía la sentencia no es firme". "Tranquilidad absoluta, es una cuestión administrativa. No va a haber el ciudadano ningún perjuicio y nosotros seguiremos defendiendo la foralidad, seguiremos defendiendo la legitimidad de esta competencia y seguiremos trabajando por tener una asunción plena, eficaz, eficiente y cercana en el mensaje y en el trabajo para la ciudadanía de Navarra", ha subrayado.

Félix Taberna ha manifestado que el Gobierno entendió que la utilización de la vía del Real Decreto para asumir esta competencia "era la que tenía garantías jurídicas". Además, ha indicado que el Tribunal Supremo en 2018 "tuvo una posición y otra cosa es que ahora ha habido un cambio de criterio en esta cuestión".